La movilización de campesinos y vecinos del caserío colombiano de Cuayá no ha logrado hasta ahora detener la extracción sin control de carbón en la zona, con consecuencias ambientales nefastas en el pre-páramo y en la laguna de Suesca, situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
"Hace poco más de tres décadas la Gran Laguna de Suesca tenía unos 14 kilómetros de diámetro, pero ahora sólo tiene como tres", dijo a IPS Vicente Castillo, un agricultor del lugar y testigo durante sus 53 años de vida del deterioro ambiental por la actividad extractiva.
"La minería acaba con los nacimientos, seca las quebradas y se produce la erosión que termina con el monte nativo", explica Castillo, quien describe que muchos de los caminos rurales de hoy fueron antes ríos y quebradas, que se reconocen por el color y el tamaño de las piedras. Recuerda algunos y también cómo se secaron.
Por eso la comunidad ha querido detener la explotación de la mina La Esperanza de la que se ha extraído carbón de manera intermitente desde 2002 y que ha recobrado actividad a mediados de 2008.
La mina se ubica en un cañón natural entre los caseríos de Cuayá y Hatillo, en el municipio de Suesca, 75 kilómetros al norte de Bogotá y con 15.000 habitantes, en su mayoría nativos poseedores de minifundios dedicados a huertas, lechería y otras actividades agrícolas de pequeño porte que son afectadas por la extracción de carbón.
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"Esto se comprueba mirando cómo se corre el terreno en lugares aledaños a minas que ya están cerradas", dijo a IPS Germán Gómez, un natural de Suesca de 42 años.
"Donde la tierra era plana, cultivable o los animales podían pastar, ahora hay desniveles, está reasentada y, aunque por un tiempo las raíces de los árboles ayudan a sostenerla, terminan cayéndose. Eso pasa en la base de los socavones", comentó.
"Es grave, porque la recuperación demora mucho tiempo ¡siglos!", enfatizó Gómez, mientras Castillo compara esta situación con "cortar las venas del cuerpo humano".
Venas de una región con "características naturales como una falla geológica de tipo inverso, lo cual quiere decir que es muy rica en agua subterránea", dijo a IPS Gloria Umaña, quien dejó Bogotá y se radicó en la zona hace siete años para trabajar por la conservación del ambiente.
Umaña puso en marcha hace dos años el proyecto Backtoeden, a través del que se han sembrado más de 1.000 árboles, dedicándose en los últimos meses a conocer los perjuicios que ocasiona la minería en una región en donde "pueden pasar 15 días o un mes sin que el acueducto provea el servicio de agua potable".
"Por eso resulta paradójica la extracción y el despilfarro de las aguas extraídas del subsuelo para la minería. Es un crimen ambiental dar al agua tratamiento de basura que se vierte, corre, se estanca y termina convirtiéndose en fango", agregó.
"Cuando los socavones o túneles se vacían, se deja de bombear y el agua vuelve a inundar las cuevas, en donde reacciona químicamente con los sulfuros de metal usados durante las extracciones produciendo ácido sulfúrico que contamina manantiales, lagos, ríos. Es lo que se conoce como drenaje ácido de las minas", detalló Umaña.
Según los cálculos hechos, de las dos bombas en una sola bocamina se extraen 72 metros cúbicos de agua por día, además de situarse la mina en el cauce de la quebrada Congota.
"Vivimos una infame deforestación por deshidratación", lamentó Umaña. "No se imagina lo que va a pasar aquí en 10 o 15 años", continúo Castillo, quien espera que sus nietos puedan disfrutar algo de la tierra que él conoce y ama.
Los problemas expuestos se originan en una mina que tiene título, pero no cuenta con licencia ambiental. Según les informó la Procuraduría ambiental a los campesinos, las pólizas de cumplimiento por responsabilidad civil y laboral estaban vencidas al momento de recopilar la información.
"Tenemos mucho de dónde cogernos para hacer defender nuestros derechos, siempre en forma pacífica", agregó Castillo.
En la mina no han hechos aforos de ventilación, tampoco señalización externa ni al interior de las excavaciones, y han realizado túneles y bocaminas por fuera del área otorgada en el contrato. "Uno no puede salir a caminar de noche como antes, tranquilo, porque corre peligro de caerse en uno de esos huecos", dijo Gómez.
El título minero está a nombre de cuatro contratistas, siendo la cabeza visible José Joaquín Medellín, quien al parecer perteneció al ejército colombiano, afirmación que IPS no pudo confirmar.
Como Representante legal de la mina aparece Miryam Briceño, a quien IPS intentó encontrar en el número de teléfono que registran los documentos, pero allí respondieron que no la conocen.
Tampoco es totalmente seguro que sean Medellín y las personas que aparecen registradas los reales propietarios de la mina, porque podrían estar cumpliendo la función de testaferros.
En la reunión pedida por los suescunos en agosto pasado para tratar la situación que ocasiona la mina, Medellín los acusó de ser guerrilleros y "gamines", como se llama en Colombia despectivamente a los indigentes y delincuentes menores, palabras que suenan más amenazante en el marco de la política de Seguridad Democrática del derechista presidente Álvaro Uribe.
De hecho, luego de esa reunión varios de los participantes se retiraron asegurando unos que les dio miedo y otros que la situación no es grave.
Pero quienes se mantienen en su empeño de favorecer el ambiente continúan enviando cartas y solicitudes constantes a entidades gubernamentales locales, departamentales y nacionales, como la alcaldía de Suesca, la Procuraduría regional para el medio ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR), y el Ministerio del Medio Ambiente.
Los líderes campesinos han acudido a figuras constitucionales como derechos de petición para lograr respuestas y han promovido reuniones con el alcalde de Suesca, Oscar Barrera, a quien llamó IPS.
Pero Barrera, luego de escuchar el motivo de la llamada, preguntó "de qué mina me habla" y colgó el teléfono o, de manera coincidente, se cayó la llamada.
En otro intento de IPS, el alcalde aseguró estar ubicado en un sótano que limitaba la señal telefónica y, a partir de ahí, el celular permaneció sólo en situación de recibir mensajes.
Sin embargo las fuentes consultadas aseguran que Barrera ha desconocido la importancia del problema y que en sus respuestas argumenta, por ejemplo, que pelear con los dueños del título es inútil porque ellos tienen muchos y reconocidos abogados.
Se ampara también en que la exploración se inició antes de asumir como alcalde en enero de 2008 y que la licencia fue concedida a comienzos de esta década por la estatal Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas).
Pero, según Castillo, esa habilitación se hizo "sin pensar en el daño ambiental ni consultar a la comunidad que vive en la zona y que es la perjudicada, porque los otros hacen el daño y se van".
El claro ejemplo de ello es "la laguna de Suesca, en donde hicieron socavones de hasta 200 metros por debajo, y por eso está casi acabada", sostuvo este vecino.
Y como si fueran pocos los daños ambientales, se suma el ruido que "vivimos durante 24 horas, de lunes a domingo, por las máquinas, las motosierras talando árboles, por la noche los gritos de los obreros desde la mina a la bocamina y los ladridos de los perros", describió Umaña.
Ruido que también interrumpe las clases en la escuela de la zona a la que asisten unos 40 niños y niñas, que "no siempre escuchamos a la profesora", como dijo a IPS Héctor Javier Gómez, de 11 años, un estudiante de quinto grado que, tímido pero interesado, siguió la explicación de los adultos.
La contaminación auditiva está seguida por la instalación de una hilera de postes de energía que rompe la cotidianidad de los campesinos y su descanso nocturno, sintiéndose en medio de una avenida de ciudad.
Y el único posible beneficio para la comunidad que podría dejar la exploración minera, sería la de conceder trabajo a personas de la región. Pero muchos de los mineros llegan desde el oriental departamento de Boyacá, con tradición en la extracción de carbón.
Con uno de ellos habló IPS reservando su nombre ante la posibilidad de despido en caso de enterarse los contratistas.
Con 26 años, padre de dos hijos y escolaridad básica, aseguró por una parte no conocer los daños ambientales ocasionados por la mina, y por otra parte no tener opciones laborales para escoger. "Qué hace uno con quinto elemental", dijo.
Sus ingresos dependen de la cantidad de carbón extraído, oscilando entre el equivalente a 300 y 350 dólares quincenales, de los que se debería descontar 12 por ciento para pago del servicio de salud y 16 por ciento como aporte a pensiones. Pero el trabajo se desarrolla a destajo, sin vínculo directo con los contratantes.
El salario mínimo legal mensual se aproxima a actualmente a los 300 dólares, lo cual para el caso del minero boyacense daría una buena opción comparativa, siempre y cuando no sufra accidentes ni sea víctima de explosiones.
Toda la situación ha sido expuesta de manera continua ante los organismos de control y verificación, de donde han logrado respuesta pero no soluciones hasta ahora.
"Pareciera que el Estado perdió todas sus capacidades de generar conductas regulares y el cumplimiento de la ley, porque los daños están a la vista de todos, son evidentes", apuntó Umaña con desconsuelo, anotando que últimamente el ruido ha aumentado porque se iniciaron nuevas obras de infraestructura.
"Nos dicen que van a estudiar la situación y, mientras tanto, continúa toda esta devastación ante nuestros ojos", complementó Castillo, quien asegura que no cejarán en su intento de hacer valer los derechos que alcanzan no sólo a los suescunos sino a toda la región y el país, "en un momento en el que el mundo no para de hablar de recalentamiento global", indicó el agricultor.
