«¿Aún no tienes empleo? Hazte cargo, completa el cambio. El pueblo debe redactar su propia Constitución», rezan los afiches que adornan muros, farolas y depósitos de basura de la capital de Zimbabwe.
La publicidad forma parte de la campaña lanzada por la Asamblea Nacional Constituyente contra el proceso de redacción de la ley fundamental, propuesto por la coalición gobernante.
La actual Constitución de Zimbabwe se remonta a los Acuerdos de Lancaster House de 1979 que llevaron a la independencia de este país de la corona británica al año siguiente. Desde entonces se le hicieron 19 enmiendas.
La redacción de una nueva norma fundamental fue una de las condiciones clave impuestas por el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), encabezado por el ahora primer ministro, Morgan Tsvangirai, para participar en un gobierno de unidad con la Unión Nacional Africana de Zimbabwe—Frente Patriótico (ZANU-PF), del presidente Robert Mugabe, acusado de usar la Constitución para mantenerse en el poder.
La crisis política se instaló en Zimbabwe a raíz del triunfo del MDC en los comicios de marzo de 2008, seguido de una violenta campaña de intimidación lanzada por la ZANU-PF contra la oposición antes de la segunda ronda electoral y que llevó a Tsvangirai a retirarse de la contienda.
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La Comunidad para el Desarrollo de África Austral, encabezada por Sudáfrica, medió para promover un acuerdo hacia un gobierno de coalición, que finalmente fue suscrito el 15 de septiembre, según el cual Mugabe mantendría la presidencia, Tsvangirai sería primer ministro y el MDC mantendría la mayoría parlamentaria.
El precario gobierno de unidad logró concretarse el 11 de febrero cuando Mugabe le tomó juramento a Tsvangirai como primer ministro.
El artículo 6 del Acuerdo Político General entre ambos partidos dispone que la redacción del texto constitucional quede en manos de una selecta comisión parlamentaria, integrada por legisladores y representantes de la sociedad civil.
Pero éstos últimos cuestionan el proceso liderado por los políticos y reclaman que una comisión independiente se encargue de redactar el documento.
"Rechazamos el proyecto debido a la excesiva influencia de los legisladores. Los parlamentarios cerraron la puerta a una efectiva participación ciudadana y el proceso concluirá con resultados previsibles", dijo a IPS Lovemore Madhuku, presidente de la Asamblea Constituyente.
"Decimos que no a una Constitución defectuosa derivada de un proceso defectuoso. Vamos a repetir lo que ocurrió en 1999. Vamos a hacer campaña contra el voto", añadió.
Ese año, la Asamblea Constituyente colaboró con el MDC para rechazar el proyecto de ley fundamental del gobierno en un referendo que le valió a Mugabe su única derrota electoral.
La Asamblea Constituyente está integrada por organizaciones civiles, de mujeres, religiosas, de la oposición, de trabajadores y movimientos estudiantiles.
"El proceso debe ser transparente. Debe estar abierto a todos los sectores sociales. Tenemos nuestras necesidades específicas en tanto que trabajadores y necesitamos que estén contempladas. Eso sólo ocurrirá si participamos", dijo a IPS Lovemore Matombo, presidente del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe.
La Asamblea Constituyente también se negó a usar como punto de partida un proyecto de ley fundamental acordado entre los dos sectores del MDC y la ZANU-PF en las negociaciones que permitieron formar la coalición de gobierno.
Pero el "Proyecto Kariba", discutido en ese balneario norteño, todavía no se ha hecho público.
"No pueden probar e imponer al pueblo un documento acordado por ellos. Vamos a organizar manifestaciones para rechazar todo proceso", dijo Madhuku a IPS.
La sociedad civil se indignó con el anuncio del presidente del Parlamento, Lovemore Moyo, sobre la creación de una comisión legislativa de 25 miembros para encabezar el proceso constitucional.
Se realizarán consultas en todo el país y habrá un referendo nacional en julio del año próximo, según Moyo.
Pero los representantes de la sociedad civil sostienen que las "condiciones sociales" de Zimbabwe no son propicias para ningún proceso "inclusivo".
"Existen leyes represivas que impiden a la gente juntarse y discutir libremente cuestiones de importancia nacional y dificultan un proceso centrado en la gente", subrayó Fambai Ngirande, de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales (Nango, por sus siglas en inglés).
"Un proceso centrado en la gente tiene que basarse sobre una comisión independiente que represente un amplio espectro de la sociedad zimbabuense, incluida la diáspora".
Pero el gobierno defendió su posición haciendo un paralelismo con el proceso de Sudáfrica, donde el parlamento ofició de asamblea constituyente.
"Quién tiene la autoridad para decir que yo represento al pueblo cuando el propio pueblo eligió a la gente que dices que no lo representa", dijo a IPS Eric Matinenga, ministro de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
"Los políticos no pueden actuar como jueces de su propio juego porque es un asunto muy importante que incluye también la forma en que ellos hacen su trabajo. Es peligroso que ellos mismos estén en el centro de la redacción de las normas", señaló Madhuku.
"El proceso no se escribe sobre piedra. Las organizaciones sociales pueden presionar a los políticos para que enmienden el artículo 6 del Acuerdo Político General para hacerlo inclusivo y centrarlo en la ciudadanía", señaló el analista político John Makumbe.
La falta de una Constitución democrática es considerada por muchos analistas como la causa de la parálisis de Zimbabwe. Por ejemplo, la ley fundamental vigente no prevé un plazo del mandato presidencial.
El gobierno sigue adelante pese a las protestas de la sociedad civil, pero todavía debe superar un gran obstáculo: encontrar los fondos que requiere la redacción de una nueva ley fundamental.
El Estado está quebrado y tiene problemas para pagar los salarios de sus funcionarios. El gobierno pidió ayuda a los donantes extranjeros a fin de financiar el proceso y llamar a elecciones, según lo dispone el acuerdo firmado en septiembre de 2008.
