La jerarquía católica de Venezuela sostuvo en la tradicional Semana Santa de esa confesión que «la democracia está al borde del colapso», y el gobierno replicó que siente «lástima» por los prelados.
Ambos sectores asumen posiciones contrapuestas, mientras el presidente Hugo Chávez combate en varios frentes a la vez, pues también lidia con empresarios, sindicatos, opositores políticos y medios de comunicación privados.
"Como consecuencia de la promoción de la polarización política, la exclusión por causas ideológicas, la descalificación de los adversarios y la eliminación de una positiva descentralización, está en riesgo de colapso el sistema democrático del país", reza un texto difundido por la Conferencia Episcopal de Venezuela.
En declaraciones sucesivas, los jefes de la religión mayoritaria en este país han criticado leyes y medidas que, a su juicio, liquidan la descentralización en beneficio del poder central, la persecución, de la que se declaran víctimas dirigentes opositores, y sentencias del Poder Judicial que consideran violatorias de derechos humanos.
"El nivel de degradación al que ha caído un grupo de obispos de la Iglesia Católica lo que provoca es lástima, y lo que les cabe son las palabras de Jesucristo en la cruz: Dios mío perdónalos, que no saben lo que hacen", dijo Chávez desde Beijing, a donde acudió tras visitar Tokio en procura de alianzas económicas.
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Las relaciones entre Estado e Iglesia han sido tensas o abiertamente conflictivas durante los 10 años que lleva Chávez en el gobierno, al punto de que el ya fallecido cardenal Ignacio Velazco y otros prelados apoyaron el breve golpe de Estado de abril de 2002.
El cuadro mejoró desde 2006, cuando tomaron las riendas de la Conferencia Episcopal dos contemporizadores, el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, luego investido cardenal, y Ubaldo Santana, arzobispo de la norteña Maracaibo, segunda ciudad del país, que colocaron el énfasis de su trabajo en la búsqueda de diálogo y la equidistancia política.
Pero progresivamente la confrontación volvió a escalar, al oponerse los jerarcas católicos, abierta o veladamente, a la política comunicacional de Chávez y a la reforma constitucional de sesgo socialista que el mandatario impulsó sin éxito en 2007.
Durante 2008 y lo que va de 2009, los obispos criticaron políticas y decisiones del gobierno y de otros poderes, como ocupación de empresas privadas, normas electorales, sentencias judiciales, o conductas que, en su opinión, alientan la ineficiencia o la corrupción.
Incluso hubo incidentes como el de un líder estudiantil opositor refugiado en la sede de la Nunciatura Apostólica, al que se concedió asilo, pero cuando el gobierno le negó el salvoconducto para salir del país, terminó fugándose a un destino desconocido.
La confrontación fue muy personalizada, pues los obispos criticaron el estilo y el lenguaje del mandatario, sus alianzas internacionales, el supuesto dispendio de dinero en el exterior, la alegada politización de la Fuerza Armada y la búsqueda de una reelección presidencial indefinida.
Chávez, de 54 años, consiguió en un referendo el 15 de febrero autorización popular para ser candidato a la Presidencia de forma ininterrumpida.
A partir de entonces ordenó "pisar el acelerador" de cambios políticos que tienen como norte el "socialismo del siglo XXI", con medidas sobre la oposición política que el clero católico ha rechazado sistemáticamente.
Los gobiernos de estados y municipios ganados por opositores en los comicios regionales de noviembre fueron despojados de atribuciones, instalaciones y recursos, como policías, escuelas, hospitales, estaciones de televisión, locales administrativos, así como de la gestión de puertos, aeropuertos y carreteras.
Además, se abrieron procesos judiciales contra opositores, como Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y rival de Chávez en los comicios presidenciales de 2006, y el general retirado Raúl Baduel, ex aliado del mandatario y hombre clave para reponerlo en la Presidencia tras el golpe de 2002, que se distanció del presidente en 2007 y fue encarcelado el 2 de abril.
Además, un grupo de ex comisarios y agentes de la Policía Metropolitana de Caracas fueron sentenciados a la pena máxima, 30 años de prisión, por tres de los 19 homicidios cometidos en los confusos tiroteos sobre marchas civiles el 11 de abril de 2002, horas antes de que se concretase el golpe contra el presidente.
El martes la Asamblea Nacional, elegida en 2005 en comicios boicoteados por la oposición, y de cuyos 167 diputados sólo 11 son disidentes del oficialismo, aprobó una nueva ley para el Distrito Capital, que termina de despojar de atribuciones, recursos y oficinas al alcalde mayor de la capital, el opositor Antonio Ledezma.
"Las actuaciones adoptadas recientemente por el gobierno van en la línea contraria a lo que es el respeto de los derechos humanos, de la voluntad popular y la búsqueda de la convivencia pacífica y armoniosa entre los venezolanos", dijo Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, en el sudoeste del país, y adversario contumaz del mandatario.
"Aquí no hay un genuino Poder Judicial ni Electoral realmente transparente, ni una Asamblea independiente, ni tampoco una Fiscalía que responda al cuidado por la justicia, y la Defensoría del Pueblo es una defensoría de Miraflores", el palacio de gobierno, opinó el obispo que preside el Concilio Plenario, Ovidio Pérez.
La Conferencia Episcopal, "con un lenguaje alarmista se une a las voces extremistas de la oposición recalcitrante", respondió el ministro de Información, Jesse Chacón.
El funcionario destacó, en un texto de réplica, que "el único riesgo de colapso del sistema democrático al que ha estado sometido el país en estos últimos 10 años contó con la bendición episcopal, y reiteramos que no hay hoy en día en Venezuela espacio para aventuras de ese tipo", en alusión al golpe de 2002.
Jorge Rodríguez, alcalde del oeste de Caracas y uno de los vicepresidentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, acusó a los obispos de "no leer los Diez Mandamientos, que dicen 'no matarás' y ellos defienden asesinos, y 'no robarás', y ellos defienden a ladrones y corruptos".
El obispo Santana intentó contemporizar afirmando que "esperamos de nuestros gobernantes que sean fieles a la Constitución y al gentilicio de los venezolanos. Es fundamental que superemos esta esquizofrenia y división y nos veamos como un solo pueblo".
El cardenal Urosa remarcó en los oficios religiosos del Miércoles Santo que "en la Iglesia no buscamos posiciones políticas, sino expresar angustias de la población venezolana, como la inseguridad personal y el derecho de quienes fueron elegidos, tanto del oficialismo como de la oposición, a gobernar en sus regiones".
