El general en jefe retirado Raúl Baduel, viejo aliado del actual presidente Hugo Chávez y ministro de Defensa de Venezuela entre 2006 y 2007, fue detenido este jueves por orden de un tribunal que investiga su presunta corrupción.
"Han aparecido elementos de convicción suficientes para presumir que una alta cantidad de dinero fue sustraída de la Fuerza Armada, y se solicitó al tribunal la privación preventiva de su libertad a fin de cumplir lo estipulado en la ley", informó el general de brigada Ernesto Cedeño, fiscal general militar.
La esposa del detenido, Cruz de Baduel, dijo a periodistas que agentes de la Dirección de Inteligencia Militar interceptaron su automóvil en pleno mediodía cuando transitaban por Maracay, ciudad cercana a Caracas, les apuntaron a la cabeza, los inmovilizaron primero y acto seguido se llevaron al general de 53 años.
"No mostraron orden de detención. Ni siquiera se identificaron. Me encañonaron para impedir que usara el teléfono, en su prisa por llevarse a Raúl no les importó que sólo vestía unos pantalones cortos, una franela (remera) y alpargatas y casi cortan el cinturón de seguridad que le sujetaba al asiento del auto", narró la esposa del detenido.
"Puedo asegurar que actuamos de una forma escrupulosamente apegada a la ley, porque sabemos que estamos ante la mirada vigilante de la opinión pública", dijo Cedeño a la televisora gubernamental Canal 8. "Se garantizará su derecho a la defensa y esperamos poder presentar cargos en los próximos 30 días", agregó.
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Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, dijo a IPS que "una primera lectura de lo sucedido es que la justicia militar está siendo consistente con este caso que procesa, pues había detenido al habilitado pero no al decisor" (sic).
El habilitado al que se refirió San Miguel es el teniente coronel retirado Hernán Marval, funcionario autorizado por Baduel cuando era ministro de Defensa para manejar órdenes de pago.
Marval está detenido desde hace meses, mientras que su jefe de entonces estaba hasta este jueves en un régimen de presentación mensual ante el tribunal.
La acusación contra Baduel es por su presunta responsabilidad en la desaparición de unos 14,4 millones de dólares de las cuentas de su gestión ministerial, entre junio de 2006 y julio de 2007.
El abogado Omar Mora Tosta, defensor de Baduel, dijo que "nada justifica la detención, ni la forma en que se efectuó ni el caso mismo, pues la gestión del general fue no sólo correcta sino reconocida y satisfactoria según los órganos contralores".
En 1982, cuando eran capitanes, Chávez, Baduel y otros dos oficiales juraron bajo un árbol en Maracay luchar por una revolución y crearon una logia clandestina dentro del ejército que 10 años después irrumpió en forma de alzamiento contra el presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
Baduel comandaba la brigada de paracaidistas del ejército el 11 de abril de 2002, cuando, en medio de huelgas y marchas contra el gobierno, un grupo de jerarcas militares y algunos civiles, como el presidente de la central patronal, Pedro Carmona, dieron un golpe de Estado contra Chávez.
Desde su comando en Maracay, Baduel fue el arquitecto de un contragolpe de fuerzas leales al gobierno que devolvieron el poder a Chávez apenas dos días después.
Durante años, la propaganda oficial lo trató como a un héroe, se ensalzaron sus virtudes como estudioso de filosofías orientales, y Chávez, al cabo de varios ascensos, le entregó el comando del ejército y finalmente lo hizo ministro de Defensa.
Pero la situación dio un giro de 180 grados cuando, ya retirado, en noviembre de 2007 Baduel rompió con el mandatario y se opuso a su propuesta de reformar la Constitución para impulsar el "socialismo del siglo XXI" y posibilitar la reelección indefinida del presidente de la República.
Esa ruptura, sumada a la irrupción de un movimiento estudiantil en las calles y la convergencia de otras fuerzas hizo naufragar la reforma propuesta en el referendo del 2 de diciembre de 2007, aunque Chávez consiguió, en otra consulta de febrero de este año, una enmienda a la Constitución que lo autoriza a postularse a la reelección sin limitaciones.
Desde que Baduel se enemistó con el presidente, los partidarios del gobierno se expresan con duros términos contra él, y cuando Chávez, sin nombrarlo, lo ha aludido en mítines, sus seguidores corean "Baduel, traidor, te sale (mereces) paredón". El diputado Ismael García, secretario general del partido opositor Podemos, dijo que "no rechazamos que se investigue lo que sea, pero la detención de Baduel era innecesaria porque no se estaba fugando. Sólo se explica como parte de una escalada de corte fascista contra la oposición venezolana. Ahí está también el caso de Manuel Rosales".
Rosales, alcalde de Maracaibo, segunda ciudad del país, ex gobernador del noroccidental estado de Zulia y ex rival de Chávez en las elecciones presidenciales de 2006, se recluyó hace tres días en "resguardo", una suerte de clandestinidad, pues según su partido Un Nuevo Tiempo hay peligro para su vida y seguridad.
Contra Rosales la justicia abrió un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, después de que en octubre de 2008, en plena campaña para elegir autoridades de gobernaciones y alcaldías, Chávez lo acusó de corrupto y ladrón y le advirtió: "Te metiste conmigo y vas a ir preso, desgraciado, desgraciadito. Me pongo al frente de la operación 'Rosales, vas preso'".
La diputada Iris Varela, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que por el arresto de Baduel "nos llenamos de beneplácito, porque se detiene a un general que deshonró su uniforme y ha recibido más de dos millones de dólares de Estados Unidos para atentar contra la seguridad de nuestro país".
La activista San Miguel, de Control Ciudadano, advirtió que "hay una matriz según la cual cada vez que el presidente está de viaje recrudece la criminalización sobre la oposición", y opinó que el cerco contra ese segmento político "parece darse bajo la vertiente de la lucha contra la corrupción, que por principio no pueden objetar los opositores".
También observó que los casos con significación política, "casi siempre quedan en manos de los mismos jueces y fiscales", lo que preocupa a los opositores y los mantiene constantemente en jaque.
Por ello, según la experta, "lo que cabe demandar desde el campo de la democracia es que haya una observación escrupulosa del debido proceso, incluido el principio de presunción de inocencia y la no discriminación al aplicar la medida de encarcelamiento, excepcional según nuestras leyes que favorecen los juicios en libertad".
