Un tribunal condenó este viernes a tres ex jefes policiales y a tres agentes a la pena máxima en Venezuela, 30 años de prisión, por su responsabilidad en crímenes cometidos el 11 de abril de 2002, día en que se desencadenó un golpe de Estado que depuso al presidente Hugo Chávez durante 47 horas.
La sentencia dictada al cabo de cuatro años de juicio evocó ese episodio —clímax de la confrontación política de la última década en Venezuela— así como la actual ofensiva gubernamental, parlamentaria y judicial de la que se consideran víctimas los opositores.
Los ex comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes comandaban en 2002 la Policía Metropolitana de Caracas, e Iván Simonovis, entonces jefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, fueron condenados por "complicidad necesaria" en el asesinato de al menos tres personas y heridas graves o leves a otras 29, ese 11 de abril.
La jueza Marjorie Calderón, junto con dos escabinos (jueces no abogados), condenó con 30 años también a tres agentes acusados de accionar sus armas contra civiles que defendían el palacio de gobierno, y con penas de 17, 16 y tres años a otros cuatro policías. Sólo uno de los inculpados resultó absuelto.
El 11 de abril de 2002, en el marco de una huelga activada por organizaciones empresariales y sindicatos, una marcha opositora de unas 500.000 personas, custodiada por la Policía Metropolitana, se movilizó desde el este hasta el centro de la ciudad para pedir la renuncia del presidente.
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Miles de seguidores de Chávez se apostaron cerca del palacio y la militar Guardia Nacional se interpuso parcialmente entre los bandos, que no llegaron a encontrarse porque cuando los opositores se acercaron a la sede del gobierno estallaron tiroteos en varias calles.
Perecieron 19 personas y varias decenas resultaron heridas, mientras mandos militares se pronunciaban desconociendo la autoridad del presidente, quien esa noche se entregó a los insurrectos y fue reemplazado de modo írrito por el empresario Pedro Carmona.
"Las investigaciones permitieron corroborar que ese día se disparó tanto desde el lado del oficialismo como de la oposición", recordó a IPS la periodista Sandra La Fuente, coautora con Alfredo Meza del libro "El acertijo de abril".
Dos días después, mientras partidarios de Chávez se manifestaban en calles de Caracas, militares leales al gobierno democrático —liderados por el general de paracaidistas Raúl Baduel— rescataron al presidente constitucional, lo restituyeron en el cargo y arrestaron a los jefes golpistas.
Carmona consiguió asilo en la embajada de Colombia y los cuatro principales jefes militares del golpe fueron absueltos por el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando años después la fiscalía reabrió la causa ya se habían marchado al extranjero.
Varios seguidores del oficialismo filmados cuando disparaban el 11 de abril en dirección a la marcha opositora fueron procesados por porte ilícito de armas, y resultaron absueltos, después de que Chávez los calificó como "defensores de la democracia".
Contra los comisarios y agentes de la Policía Metropolitana se abrió un proceso por la muerte de al menos tres de las víctimas y las lesiones de otras, y el juicio se desarrolló con prórrogas y aplazamientos, mientras estaban preventivamente en prisión.
La sentencia de este viernes cerró una semana judicial marcada por medidas contra dos dirigentes de la oposición. El general Baduel, quien rompió con Chávez en 2007 al oponerse a la fórmula de reelección presidencial indefinida, fue detenido para procesarlo por presunta corrupción cuando fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Manuel Rosales, alcalde Maracaibo, la segunda ciudad del país, quien fue gobernador del noroccidental estado de Zulia y candidato presidencial opuesto a Chávez en la elección de 2006, pasó a la clandestinidad mientras decide si se presenta a un tribunal que busca juzgarlo por enriquecimiento ilícito.
Aunque decenas de dirigentes y líderes de opinión opositores sostienen que se vive una "escalada de judicialización de la política" para arrinconar a la disidencia, el gobierno saludó la decisión tomada por el tribunal de Calderón.
"Bienvenida la justicia, que comienza a aparecer en este caso del 11 de abril. Es importante que llegue, aunque sea tardía", dijo el ministro de Información, Jesse Chacón.
El ministro dijo lamentar "lo que puedan sentir los familiares de los policías en este momento, pero también hay que pensar (en) qué sintieron los familiares de los que fallecieron ese día en los alrededores de Miraflores", nombre del palacio gubernamental.
Los familiares de uno y otro lado fueron lapidarios. "Lamento mucho (por) lo que pasan las madres de los funcionarios, pero nadie puede violar los derechos humanos como lo hizo ese día la Policía Metropolitana, que ensangrentó la Constitución", dijo Yesenia Fuentes, presidenta de un Comité de Víctimas.
Como ese 11 de abril hubo muertos y heridos entre partidarios y opositores del gobierno, se formaron luego sendos comités de víctimas. Unos y otros reclamaron una investigación, que adelantó el parlamento sin llegar a conclusiones definitivas.
"No entiendo el júbilo de ese comité de familiares de víctimas. Los condenados hoy no mataron a nadie y los verdaderos culpables andan libres. Mi padre el 11 de abril lo que hizo fue salvar vidas al evitar que dos corrientes (políticas) chocaran. Me arrepiento de ser venezolana", dijo Dayana Vivas, hija de uno de los comisarios.
La Fuente, que investigó los hechos durante año y medio, estableció que pasaron tres semanas antes de que la policía judicial fuese al terreno a estudiar rastros de los sucesos del 11 de abril, y numerosas evidencias fueron adulteradas o borradas.
"Hasta septiembre de 2003 no habían aparecido las armas que hirieron a las víctimas. En todo ese tiempo no fue posible individualizar ni una sola de las muertes y lesiones ni se pudo comprobar que del arma particular de un individuo determinado hubieran salido los disparos", escribió La Fuente.
La abogada de los agentes, Theresly Malavé, se preguntó al término del juicio "¿cómo es posible que se condene a un policía fotografiado con una pistola Magnum 357 (calibre .38) por la muerte de una persona abaleada (sic) con un proyectil de nueve milímetros?"
Los sentenciados "violaron gravemente los derechos humanos, con homicidios y lesiones, e hicieron parte de una estrategia de golpe de Estado. Esta condena no es ninguna venganza y no sentimos alegría, sino tristeza por cómo utilizaron las armas que les fueron confiadas", dijo el abogado acusador Amado Molina.
José Luis Tamayo, abogado de los comisarios, sostuvo que "esta es la crónica de una sentencia anunciada. No ha sido un proceso jurídico sino político. Nadie pudo probar que alguna de las armas utilizadas hubiese matado a nadie. Sí hubo golpe de Estado ese día, pero ese no era el objeto de este juicio".
La jueza Calderón se abstuvo de hacer comentarios, y Tamayo, así como familiares de varios de los sentenciados, la acusaron de "llevarle un presente a Chávez en este aniversario de abril; actúa cuidando su cargo y no la justicia".
Los cargos de unos 500 jueces (casi un tercio de los que cuenta Venezuela) "están sometidos a un proceso de revisión que actúa como un telón de fondo para las recientes decisiones judiciales ", dijo a IPS Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa.
También el parlamento, casi enteramente controlado por el oficialismo, ha modificado leyes que favorecen al poder central frente al de las regiones y municipios, y el gobierno nacional ha quitado competencias y recursos a las alcaldías y gobernaciones de estados, al tiempo que rehúsa dialogar con las que están en manos opositoras.
