La Unión Europea impuso el uso de combustibles de origen vegetal, pese a que activistas y especialistas cuestionan sus mentados beneficios, como paliar la escasez de crudo y proteger el ambiente.
Pero, cuando se considera el ciclo completo de producción y consumo, la cantidad de energía necesaria para transformar la biomasa en carburantes "verdes", líquidos o gaseosos, equipara los ahorros de energía fósil que entrañaría el uso de agrocombustibles.
Primero hay que fertilizar el suelo. Luego, el maíz y la soja estadounidenses, la remolacha azucarera francesa, la caña de azúcar brasileña o el maní beninés deben ser sometidos a un proceso industrial que consume mucha agua. Finalmente hay que transportar el producto elaborado, por lo general en camiones.
Esos procesos pueden aumentar de forma drástica las emisiones de dióxido de carbono y son preocupantes por el nuevo impulso que tomó la deforestación en muchas naciones en desarrollo.
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Pero esa no es la razón por la que una coalición de organizaciones francesas se opone a los combustibles de origen vegetal.
Los capítulos nacionales de las organizaciones Amigos de la Tierra, Oxfam, el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCHD), entre otras organizaciones no gubernamentales, se unieron bajo el lema "Los biocombustibles no alimentarán al planeta".
Amigos de la Tierra es una red de organizaciones de todo el mundo que trabajan por un desarrollo sostenible. Oxfam Francia es parte de un movimiento global a favor de un mundo más equitativo en materia de comercio y desarrollo.
Las cifras hablan por sí mismas, según la coalición de activistas. Se necesitan 232 kilogramos de maíz para producir 50 litros de etanol, que apenas alcanzan para llenar un tanque de combustible de un automóvil, pero bastan para que un niño o niña reciba las calorías necesarias en un año.
Pero los 27 miembros de la Unión Europea (UE) acordaron en diciembre las "Directivas de biocombustibles" e hicieron que fuera más redituable llenar los tanques de gasolina de los automóviles que saciar el hambre.
Las directivas forman parte del "Paquete sobre clima y energía" de la UE, que se propone reducir la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo energético. Las pautas dispuestas prevén que 10 por ciento del combustible usado en los países miembro del bloque sea de origen vegetal para 2020.
"Ganamos la batalla ideológica, pero perdimos la batalla legal", dijo a IPS Ambroise Mazal, director de CCHD para la campaña contra los biocombustibles. "Muchos funcionarios europeos son conscientes de sus efectos adversos, pero nadie se dignó a corregir el paquete acordado por los 27 miembros del bloque".
"Hubiera sido como abrir la caja de Pandora en el transcurso de lo que fue calificado de 'negociaciones del siglo' por su complejidad", explicó Mazal.
"El problema es que la UE no puede producir más que dos por ciento del total del biocombustible requerido. Agricultores europeos podrían asumir la mitad del 10 por ciento total, pero el resto habrá que importarlo", remarcó.
Hay un consenso bastante generalizado ahora acerca de que la inflación artificial de la demanda fue responsable del alza del precio de los alimentos de 2008, incluso mucho más que los "especuladores" contra los que arremetieron los políticos y a los que acusaron de sacar la comida de la mesa para llenar los tanques de combustible.
Los subsidios y los incentivos impositivos hicieron que fuera irresistiblemente rentable para los agricultores europeos dedicarse a cultivos para producir etanol u otro combustible de origen vegetal.
En respuesta a la voracidad europea por los biocombustibles, muchas naciones africanas ampliaron las áreas dedicadas a monocultivos. Pero sólo los grandes empresarios tienen recursos y capital para cubrir las necesidades de las economías de escala, que vuelven rentable el emprendimiento.
Pero los pequeños agricultores, quienes en países como Benin son los principales propietarios de la tierra y quienes cubren 80 por ciento de los empleos del sector, no se benefician del ímpetu de los biocombustibles. Además, tierra, agua y otros recursos limitados se destinan a ese fin en perjuicio de la escasa producción de alimentos.
Incluso varias instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconocieron en los últimos años que el aumento de la demanda de biocombustibles tiene consecuencias sociales, económicas y nutricionales catastróficas en las naciones en desarrollo, con una situación ya crítica en materia de alimentación.
Sin embargo, varios países africanos impulsaron los cultivos utilizados para producir combustible.
En Senegal, donde hubo disturbios por la escasez de alimentos el año pasado, podrían destinarse más de 200.000 hectáreas, 10 por ciento de las tierras cultivables, al cultivo del piñón, utilizado en la producción de biocombustibles.
Se supone que los combustibles vegetales de segunda y tercera generación tendrán menos consecuencias negativas sobre el ambiente y los seres humanos porque se producirán en base a vegetales no comestibles, como residuos forestales, algas y hongos.
"Eso es una farsa", remarcó Mazal, "porque los biocombustibles de segunda generación derivados de cultivos no comestibles igual utilizarán tierras cultivables. Además se está lejos de producir biomasa sostenible en los laboratorios".
"La única forma de presión que queda es ver cómo se traducirán las directivas de la UE en leyes nacionales. Francia se había fijado objetivos aun más ambiciosos, 10 por ciento del combustible tendría que ser de origen vegetal para 2015. Pero eso fue revisado y se bajó a siete por ciento para 2010 a fin de salvar las inversiones existentes", indicó Mazal.
"Pero igual tiene consecuencias. En 2007, 65 por ciento del aceite de colza francés se destinó a la producción de combustible y fue necesario importar para el consumo de los hogares, por lo general de países a los que no les sobra", arguyó Mazal.
Hay una tendencia creciente a exigir una certificación social y ambiental de que los biocombustibles tienen limitadas consecuencias negativas sobre el suelo y los agricultores. Pero ese criterio no toma en cuenta el alza del precio de los alimentos ni la cuestión estructural de que su producción tiende a concentrarse en manos de grandes empresarios.
"El próximo paso anunciado por la UE es que encargará una investigación sobre las consecuencias generales que tiene la producción de biocombustibles en las naciones en desarrollo para 2014", indicó Mazal.
"Pero no parece que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, tenga en mente para entonces medidas para corregir los problemas", añadió.
