Una declaración que iguala el comunismo al nazismo y lo acusa de ser «directamente responsable de crímenes contra la humanidad» ha sido debatida en el Parlamento Europeo a iniciativa de República Checa.
La "Declaración de Praga" fue aprobada por el Senado checo en junio de 2008. Llama a reconocer al comunismo y al nazismo como el legado totalitario de Europa.
También exhorta a compensar adecuadamente a las víctimas de los regímenes comunistas y a castigar a los perpetradores de crímenes, además de instar a una "aceptación paneuropea de la responsabilidad de los delitos cometidos por el comunismo".
La declaración refleja un sentimiento entre algunos sectores derechistas en Europa oriental y central de que Occidente debería reconocer el sufrimiento en esa región del continente de la misma forma que reconoce el causado por el nazismo.
Pero algunos temen que éste sea sólo un caso de explotación de ese genuino sufrimiento por parte de oportunistas políticos en la derecha de Europa oriental.
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El mes pasado, el sitio web de la declaración fue atacado por una ola de firmas ficticias de dictadores sudamericanos, pensadores libertarios o líderes paramilitares, como parte de una campaña iniciada por estudiantes y ex alumnos de la Universidad Centroeuropea (CEU), con sede en Budapest, a la que asisten muchos jóvenes de toda esa región post-comunista.
Entre las cientos de firmas falsas está la de "Nicolae Ceaucescu, oportunista que, si estuviera vivo, se hubiera convertido en neoliberal y anticomunista como todos ustedes", según reza el mensaje en el sitio web. También se encuentra "Adolf Hitler, el anticomunista número uno".
Ceaucescu presidió un régimen estalinista en Rumania de 1965 a 1989, año que fue ejecutado.
El influyente periódico rumano Cotidianul cubrió en su portada el tema la semana pasada, entrevistando a dos de los autores anónimos de la campaña de firmas falsas, así como a comentaristas de derecha que calificaron a los primeros de "maniacos izquierdistas" y hasta de "negadores del holocausto".
IPS habló con uno de los participantes de la iniciativa, quien señaló que tuvo éxito en alcanzar su meta: iniciar un debate sobre la explotación política del pasado comunista en una región con un abrumador dominio de los medios de derecha.
"Europa oriental no tiene un monopolio sobre la experiencia comunista. En Europa occidental o en América del Sur, los partidos comunistas y los sindicatos son reconocidos como activos participantes en la democratización de sus países y hoy tienen influencia en el resultado de las negociaciones políticas sobre una variedad de temas socioeconómicos", señaló uno de los consultados, un rumano de 29 años ex estudiante de la CEU, quien dijo tener familiares golpeados y encarcelados bajo el régimen de Ceaucescu.
"Más aun, ¿por qué la declaración usa la palabra nazismo y no fascismo, si el propósito es, según alega, referirse a todo el legado totalitario de Europa? ¿Esto no podría ser interpretado por los italianos, portugueses, españoles y los ciudadanos de Europa central y oriental como una moderación de la postura ante las formas fascistas de gobierno?", agregó.
La declaración considera que "exterminar y deportar a naciones enteras" es algo inseparable de la ideología comunista, una visión que podría ser usada contra toda la izquierda, dijo la fuente.
"¿Qué hay que pensar de los comentarios de Gyorgy Schöpflin (representante húngaro) en el Parlamento Europeo, falsamente señalando que toda la izquierda europea carga la responsabilidad de los crímenes cometidos por los regímenes comunistas? ¿O de la advertencia de Sorin Iliesiu (rumano) ante el 'neocomunismo'?", indicó.
"Todos sabemos lo que significa en la jerga de Europa oriental. Ellos intentarían sacar legitimidad o incluso prohibir partidos y movimientos en toda la izquierda socialdemócrata y socialista europea", añadió.
La Declaración de Praga llama a un "ajuste y revisión de los textos de historia europeos", así como a la creación de un "Instituto de Memoria y Conciencia" a nivel de la Unión Europea.
Institutos similares en Eslovaquia, Polonia, República Checa y Rumania, y museos igual de controvertidos en Estonia, Letonia, Lituania y Hungría apoyan esta idea.
Estos institutos han procurado monopolizar el acceso a los documentos de los servicios secretos de la era comunista, y han sido acusados frecuentemente de tener un enfoque político selectivo.
Los casos en Polonia han sido los más destacados en los medios occidentales. Muchos admiten que el instituto de ese país se ha convertido en una herramienta para la caza de brujas por parte de la derecha populista.
La última polémica involucraba al primer presidente de la Polonia post-comunista, Lech Walesa (1990-1995), quien amenaza con abandonar el país luego de haber sido una vez más acusado por historiadores del Instituto para el Recuerdo Nacional de haber colaborado con las autoridades comunistas.
El ex mandatario fue absuelto de la acusación en 2000 por un tribunal especial. Éste descubrió que los documentos del servicio secreto habían sido fraguados para impedir que a Walesa se le otorgara el premio Nobel de la Paz en 1983, aunque recibió el galardón de todas formas.
En República Checa, otro país donde existen esa clase de institutos, el ex fiscal del Estado Radim Obst fue acusado en 2007 de haber cooperado con los servicios secretos de la ahora desaparecida Checoslovaquia, justo cuando él investigaba un escándalo de corrupción que involucraba a un importante político de la coalición gobernante derechista. Fue absuelto de la acusación sólo después de haber sido reemplazado del cargo.
En Rumania, la opinión pública fue conmovida al descubrir que Sorin Antohi, uno de los miembros de la Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista, había sido él mismo un colaborador.
El público en la región por lo general ha desaprobado estas iniciativas, pues es sabido que muchos líderes debieron colaborar con las autoridades en la era comunista bajo amenazas.
Además, los institutos se concentran en investigar a la izquierda actual, aunque los ex colaboradores pululan en todo el espectro político e incluso participan del discurso actual anticomunista.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran los disidentes Václav Havel, último presidente de Checoslovaquia (1989-1992), y Vytautas Landsbergis, ex presidente de Lituania (1990-1992).
Es probable que la declaración vuelva a ser discutida en la UE bajo las presidencias temporales de Polonia y de Lituania, pero para entonces los impulsores de la campaña de firmas falsas buscarán un apoyo más amplio para lanzar una contra-declaración..
