Las esperanzas de justicia de miles de campesinos nicaragüenses enfermos por exposición a los agroquímicos sufrieron un severo golpe con la decisión de un tribunal estadounidense de desestimar dos juicios de reparación contra firmas transnacionales y anular otro.
La jueza Victoria G. Chaney, de la Corte Superior de la sudoccidental ciudad de Los Ángeles, tras varios días de audiencias y exposiciones de pruebas dio por cerrado dos juicios promovidos por abogados nicaragüenses y asociados en Estados Unidos en representación de una parte de los más de 12.000 campesinos demandantes por daños causados por su exposición prolongada a los químicos Nemagón y Fumazone.
Esos son los nombres comerciales de la sustancia dibromo-cloro-propano (DBCP) fabricados en Estados Unidos y usados en las plantaciones bananeras de los occidentales departamentos nicaragüenses de Chinandega y León en los años 60, 70 y comienzos de los 80.
Desde 1958 se sabía por estudios de laboratorios estadounidenses que la aplicación de la sustancia era nociva en seres vivos. Su uso fue prohibido en ese país en 1979, bajo la sospecha de ser agente cancerígeno y causante de múltiples daños al organismo humano.
Más de 21.500 millones de dólares es el monto reclamado por reparaciones en el total de las demandas presentadas en tribunales de Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Costa Rica contra Dole y las firmas colegas Chiquita Brands y Del Monte, así como las petroleras y químicas fabricantes del DBCP Shell Oil Company, Dow Chemical y Occidental Chemical, entre otras.
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Chaney alegó en su fallo del 24 de este mes que la suspensión del juicio y la anulación de dos demandas más radicadas en su jurisdicción, contra Dole y las compañías Dow Chemical y Amvac, se debió a "fuertes evidencias de fraude extendido, conspiración, extorsión flagrante y denegación del debido proceso".
Explicó en la audiencia que los abogados Juan José Domínguez, de Estados Unidos, y Antonio Hernández Ordeñana, de Nicaragua, se habían confabulado con autoridades del Poder Judicial nicaragüense para obtener sentencias favorables con pruebas falsas y así cobrar indemnizaciones multimillonarias en suelo estadounidense.
Además, dejó abierta la posibilidad de una investigación de la Fiscalía contra Domínguez y Hernández Ordeñana y anunció que enviaría las derivaciones pertinentes a las autoridades y a las asociaciones de abogados del estado de California y de otros más donde se encuentren radicadas demandas.
Añadió que en mayo llevará a cabo nuevos procedimientos para determinar si corresponde imponer multas contra los demandantes o sus abogados, o procesarlos penalmente por tratar de mentir al tribunal.
La magistrada californiana orientó a archivar otras demandas que se procesan en su despacho y alertó a otros tribunales donde se libran los juicios en otros lugares de Estados Unidos a no aceptar como medios de prueba los documentos legales, dictámenes médicos y sentencias obtenidas, según indicó, en "el Poder Judicial corrupto de Nicaragua".
Para determinar la falta de transparencia del sistema judicial nicaragüense, la jueza señaló que se había apoyado en información oficial del Departamento de Estado (cancillería) de los Estados Unidos.
Al respecto, sostuvo que "la corrupción en el sistema judicial de Nicaragua ha pervertido la justicia en relación con el DBCP como consecuencia de grupos de jueces de ese país que trabajan devorando sobornos para crear acusaciones y hechos falsos".
En esa exposición, identificó como coautora del fraude a favor de los abogados defensores de los campesinos a Socorro Toruño, la jueza del Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, la ciudad ubicada 140 kilómetros al oeste de Managua donde se ventila 90 por ciento de las demandas.
También Chaney se disculpó por haber dictado el año pasado una sentencia a favor de varios ex labriegos nicaragüenses contra Dole, argumentando que entonces desconocía a fondo la magnitud del "fraude legal".
Esa condena fue apelada por esta firma transnacional de frutas y su proceso se encuentra aún en trámite. Del mismo modo, otro juicio en estado de resolución final que se realiza en Miami también contra Dole, por 98 millones de dólares, fue suspendido por el juez federal a cargo, Paul C. Huck, en espera, según dijo, de las pruebas del proceso final de Los Ángeles.
La sentencia del día 24 fue comentada con júbilo por las oficinas centrales de Dole, ubicadas en Westlake Village, en el occidental estado estadounidense de California, y en Managua, mediante una agencia de comunicación que le brinda servicios de relaciones públicas.
"El fallo de la corte y los resultados confirman que Dole, sus coacusados y el Tribunal Superior de Los Ángeles son víctimas de un fraude de gran alcance y una conspiración y obstrucción de la justicia", dijo Michael Carter, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la firma, en una nota de prensa difundida en Managua a raíz de la sentencia.
Los señalados de corrupción por la jueza Chaney reaccionaron indignados contra las acusaciones.
El abogado Hernández Ordeñana rechazó las acusaciones y dijo a IPS que la decisión jurídica se trataba, "a todas luces", de un "soborno gigante de Dole".
"No me asombra esa jugada de la firma Dole. Desde hace meses enviaron a tres emisarios con un maletín repleto de dólares a repartir mucho dinero, visas americanas (estadounidenses) y alimentos a humildes campesinos para declarar contra nuestra causa", afirmó ante IPS.
En California se fijó una audiencia a puertas cerradas con declaraciones de 27 supuestos campesinos nicaragüenses, que habrían atestiguado contra los procesos judiciales tramitados en Nicaragua.
Hernández Ordeñana negó el reclutamiento de falsos trabajadores. Aseguró que en dos laboratorios especializados de Nicaragua y Estados Unidos se comprobó que los demandantes son estériles y sufren diversas afecciones físicas y mentales, debido a la exposición al Nemagón y Fumazone.
Anunció que solicitará al gobierno de Daniel Ortega, al Poder Judicial, a la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la cancillería a elevar una nota de protesta contra la decisión de la justicia de Estados Unidos.
Por su parte la jueza Toruño, aludida por su par estadounidense, negó también las acusaciones de corrupción y manifestó que "era muy fácil plegarse a las transnacionales" en Estados Unidos y "sospechosamente con el mismo discurso de las compañías multimillonarias".
Dole registró ingresos netos en 2008 de 7.600 millones de dólares, lo cual la ubica como la empresa más grande del mundo en producción y comercialización de frutas y hortalizas.
Para el abogado Jacinto Obregón, la imagen de desprestigio que pesa sobre el Poder Judicial nicaragüense está siendo aprovechada por los representantes legales de las firmas transnacionales.
Su estudio estaba cobrando una sentencia de 98 millones de dólares en Miami, pero el proceso se detuvo cuando la jueza Chaney citó un informe negativo del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la justicia de Nicaragua.
Obregón, cuyo equipo representa a unos 3.000 campesinos del occidente nicaragüense y otro millar de Costa Rica, lamentó que procesos "cuestionables de orden político" desarrollados en Nicaragua sirvan de argumento para la empresa con el objetivo de "contaminar" la demanda de los intoxicados por el veneno.
"Todo el mundo dice que el Poder Judicial en Nicaragua no es confiable, por cualquier razón. Eso nos está causando tanto daño como el pesticida", dijo a IPS.
Para Gonzalo Carrión, abogado y activista del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la desconfianza hacia el sistema judicial de su país se basa en situaciones escandalosas que han ocurrido en los últimos años.
Citó como ejemplos negativos la liberación de narcotraficantes capturados in fraganti, las pérdidas de bienes y cuentas millonarias capturadas al crimen organizado y la puesta en libertad del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), quien había sido condenado en 2003 a 20 años de cárcel por delitos de corrupción.
En Chinandega, donde habita la mayoría de los afectados y demandantes, la noticia causó consternación y preocupación entre demandantes y familiares.
"Nos mataron mijo, nos mataron, que más voy a decir", se quejó llorando una mujer maciza que evitó identificarse, mientras buscaba sin éxito una respuesta en las afueras de una de las oficinas de abogados.
Otros cientos de campesinos, deprimidos y desmotivados, realizaron misas en parroquias católicas y cultos evangélicos en espera, dicen, de un milagro.
Una señora identificada como Matilde González, hija de un ex obrero que murió de cáncer el año pasado, maldijo a los políticos locales y les achacó la culpa de los males del país.
"Ellos provocaron la ira de Dios y por eso nuestro señor Jesucristo nos está castigando, imagínese que anduvieron en ritos paganos, rezándole a pecadores mundanos", dijo la mujer, en alusión a las denuncias contra el gobierno por contratar a cientos de mujeres y hombres afectados por el Nemagón para rezar en las avenidas de Managua a favor del presidente Ortega.
En el campamento precario conocido como Ciudadela Nemagón, levantado desde 2007 frente a la sede del parlamento en pleno corazón de Managua, Guillermo Vivas, líder de ese grupo de campesinos, lamentó el hecho y anunció que continuarán su protesta en el lugar.
"Sabemos que nuestro gobierno, nuestro país, nos va apoyar ahora más que nunca contra esta jueza inhumana", dijo Vivas, rodeado de decenas de hombres silenciosos que no lo respaldaron con vivas y aplausos como lo hacían antes de las noticias negativas llegadas desde Estados Unidos.
Se calcula que desde que iniciaron las demandas masivas en 1999, mas de 2.000 ex trabajadores enfermos han muerto esperando justicia. La cifra no es reconocida oficialmente por ninguna autoridad.
