Una integrante de la comisión de mediación entre el gobierno mexicano de Felipe Calderón y el insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR), aseguró este miércoles que «no hay vuelta de hoja» en la decisión de liquidar ese ámbito de conversaciones tras un año de trabajo.
"No podíamos seguir con diálogos inútiles", dijo a IPS Rosario Ibarra, líder del Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka, y una de los seis miembros de la comisión.
La disolución es una medida irrevocable, y "si por esto el EPR retoma acciones, será su responsabilidad", señaló Ibarra.
La comisión se formó el 1 de mayo de 2008, y anunció el martes que terminaba sus trabajos ante la falta de voluntad y cooperación que, desde su perspectiva, tuvo el gobierno. Las autoridades rechazaron el señalamiento e instaron a los mediadores a reconsiderar la decisión. La comisión se instaló a pedido del EPR con el objetivo de esclarecer el paradero de dos de sus militantes, desaparecidos en mayo de 2007. Pero, según Ibarra, jamás sostuvo diálogos directos o reservados con los guerrilleros.
"Todo fue a través de los medios de comunicación y cartas públicas", explicó.
[related_articles]
Los mediadores atribuyeron la decisión de disolverse a la actitud del gobierno federal "que sólo ha tenido voluntad declarativa" ante la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, explicó el periodista Miguel Granados, otro integrante del grupo mediador. "La comisión no pasa por alto las probables consecuencias de su resolución, entre otras la de que el EPR ponga fin a la tregua que estableció a partir de un pedido expreso de quienes integrarían la Comed (comisión de mediación), que la consideraron necesaria para su actuación y fue respetada puntualmente hasta ahora", añadió. El EPR, que se proclama marxista-leninista, atacó con explosivos instalaciones de la empresa estatal petrolera Pemex en julio y septiembre de 2007. En un comunicado posterior explicó que esas acciones, que no causaron víctimas, tenían el fin de protestar por la desaparición de sus dos compañeros y exigir su aparición.
En su último comunicado, fechado el 24 de marzo, el EPR advirtió que, ante la falta de resultados en las investigaciones, volvería a las acciones armadas.
"Si en un lapso de tiempo razonable no hay una respuesta que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo y partido, es el Gobierno Federal, sobre todo usted señor (presidente Felipe) Calderón, el responsable directo de lo que se pueda desencadenar ante este ominoso silencio y dilación", afirma el texto del EPR.
Ibarra apuntó que determinar la suerte de los dos guerrilleros del EPR es algo que corresponde "resolver e informar a las autoridades, pero por mi experiencia no tengo mucha esperanza", manifestó.
El 13 de febrero, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reclamó a la Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) "en representación del gobierno federal", al gobernador del estado sureño de Oaxaca y a la municipalidad de Oaxaca, capital de ese distrito, realizar "las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida" los dos desaparecidos
Oaxaca es gobernado por Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusado de ejercer violencia y represión ilegal contra opositores y activistas. El municipio de la capital también es comandado por un miembro del PRI.
La CNDH concluyó, tras una investigación, que los guerrilleros fueron detenidos en Oaxaca por la policía de ese distrito o por militares que dependen del gobierno conservador de Calderón.
"En el supuesto de que éstos (los desaparecidos) hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica", deberían ser puestos a disposición, de manera inmediata, de la autoridad competente, agregó la CNDH.
En varios pasajes de su documento, la CNDH denunció que su investigación fue obstaculizada por militares, la fiscalía, que depende del gobierno de Calderón, y las autoridades de Oaxaca. Además, indicó que encontró múltiples contradicciones entre los datos que revisó y las personas que entrevistó.
En las seis reuniones que la comisión de mediación celebró en los últimos meses con representantes de la Secretaría de Gobernación "hubo siempre una actitud evasiva. Desde mi punto de vista, no estaban comprometidos con aclarar los hechos", dijo Ibarra. La Secretaría de Gobernación pidió en un comunicado a la comisión reconsiderar su decisión e invitó a sus integrantes a participar en la reunión programada para el 24 de abril.
En ese encuentro se "darán a conocer las respuestas que fueran preparadas por las distintas dependencias del gobierno federal a las peticiones de la Comisión", agrega el texto.
La Secretaría negó falta de interés o voluntad en aclarar los hechos y afirmó que el gobierno "ha compartido con la Comisión amplia información sobre las acciones que acreditan plenamente su compromiso con los derechos humanos, con las libertades civiles y con el pleno esclarecimiento de este caso".
"Reintegrar la comisión no es posible, al menos eso pienso yo, la decisión la tomamos con base en un análisis detallado en el que acreditamos que el gobierno no tiene interés", enfatizó Ibarra.
El grupo de intermediarios estaba conformado por Ibarra, Granados, el escritor Carlos Montemayor, un representante del no gubernamental Frente Nacional contra la Represión, el obispo católico emérito Samuel Ruiz, y el antropólogo Gilberto López, todos simpatizantes de la izquierda.
Este paso es lamentable, pero lógico, pues "el gobierno no está dispuesto a esclarecer la desaparición" de los miembros del EPR, dijo a IPS el activista Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 55 organizaciones humanitarias.
Hasta pasadas las 15:00 horas de la tarde de este miércoles (20:00 GMT), el EPR no se había pronunciado sobre la decisión de la comisión de mediación.
El gobierno ordenó el alerta policial y militar por eventuales acciones violentas del EPR, según supo IPS.
El pequeño EPR apareció en escena en 1996, cuando se conmemoró el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos en una zona rural del sureño estado de Guerrero a manos de policías.
El crimen nunca fue plenamente aclarado. Varias investigaciones lo relacionan con la llamada "guerra sucia" de fuerzas estatales contra grupos de campesinos opositores, en algunos casos vinculados a guerrillas.
No hay información precisa sobre la dimensión y poderío del EPR, pero observadores estiman que estaría integrado por pocos miembros, la mayoría de origen campesino y con asiento en Guerrero.
El EPR tiene raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y la Unión del Pueblo, grupos armados de los años 70 en Guerrero, y con el Partido de los Pobres, fundado en 1968 también en ese distrito por el maestro rural y dirigente insurgente Lucio Cabañas.
