Ingresar en territorio de Estados Unidos es un proceso notoriamente dificultoso. Así lo sienten inmigrantes, turistas y otros visitantes, pero también los propios ciudadanos de este país.
Ahora se sabe que, para colmo de males, se producen interrogatorios, arrestos y registros extensos van demasiado lejos, al violar los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses que regresan desde el exterior.
Mientras el presidente Barack Obama "avanza" en la reparación del vínculo con otros países, "las políticas fronterizas envían un mensaje muy diferente sobre cómo tratamos a la gente", dijo Veena Dubal, de Asian Law Caucus (ALC), organización defensora de los derechos civiles de las comunidades estadounidenses originarias de Asia y el Pacífico.
Estos problemas afectan desproporcionadamente a estadounidenses de origen musulmán, sudasiático y árabe, según el informe "Returning Home: How U.S. Government Policies Undermine Civil Rights at Our Nation's Doorstep" ("Volviendo a casa: Cómo las políticas del gobierno de Estados Unidos socavan los derechos civiles a la puerta de nuestra nación").
Se trata del segundo reporte publicado esta semana con demandas similares.
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La organización Muslim Advocates informó el martes que había constatado "violaciones a la intimidad generalizadas, sistemáticas y profundas a manos de agentes federales en las fronteras y aeropuertos del país" en perjuicio de estadounidenses musulmanes o de origen árabe o sudasiático de regreso a su país.
Los viajeros musulmanes o que aparenten serlo son sometidos a "preguntas personales intrusivas y profundas sobre sus creencias políticas y religiosas, sus finanzas, sus donaciones a organizaciones caritativas y su vinculación con organizaciones y asociaciones legales", según el estudio de Muslim Advocates.
Por su parte, el informe de ALC indica que "para algunos estadounidenses, las prácticas excesivas e invasivas del gobierno han convertido el regreso a casa en un encuentro de ansiedad, temor e inseguridad".
"En los últimos años, muchos ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes en este país y otros que consideran a este país su hogar han soportado al regresar prolongadas detenciones, interrogatorios intrusivos y registros invasivos", agrega el informe.
"Nadie debería resignar sus derechos básicos como condición para regresar a casa, ni siquiera en la frontera", sostiene.
ALC recibió más de 40 quejas sobre prolongados interrogatorios, registros, arrestos e incluso la copia de material personal. Pero ese número "representa sólo una pequeña parte de un patrón mucho más amplio a nivel nacional de prácticas fronterizas intrusivas" que otras organizaciones han documentado, añade.
Entre las víctimas de esas prácticas figuran personas "que dedicaron sus vidas a construir puentes con el mundo musulmán, que han presentado a artistas de Medio Oriente y Asia meridional al público estadounidense, profesores distinguidos reclutados por el gobierno en Washington para presentar una imagen positiva de Estados Unidos en Medio Oriente y líderes religiosos que promueven la tolerancia y el compromiso cívico de los estadounidenses musulmanes", detalla el estudio.
El documento no cuestiona la necesidad de una agencia de Aduanas y Protección de Fronteras —desde 2003 en la órbita del Departamento (ministerio) de Seguridad Interna— fuerte, competente y bien dotada de recursos. Pero "las malas políticas fronterizas representan un desperdicio de recursos y no nos vuelven más seguros como país ni como comunidad", según ALC.
Por el contrario, las "malas prácticas" de esta agencia "nos vuelve menos seguros al desviar la atención de los funcionarios fronterizas de amenazas reales, al reducir el respeto por la ley, al enojar a las comunidades y al tensionar el vínculo con naciones extranjeras", advierte.
Además, esas prácticas son "inconsistentes con nuestros valores centrales" como la igualdad, el respeto al debido proceso y la libertad de credo y de expresión.
Dubal dijo a IPS que los registros son, con frecuencia, la consecuencia del "perfil racial" o de una lista de fotos oficial de sospechosos, prácticas que suelen sufrir inconsistencias, según la activista.
El "perfil racial" ("racial profiling") es una práctica policial y de inteligencia que consiste en la elaboración de "perfiles criminales" o en la vigilancia selectiva de determinadas personas sobre la base de su origen racial y religioso.
La agencia de aduanas y fronteras "dicen que no hacen perfiles, pero eso es desembozado en el caso del registro de la nación de origen", según Dubal. "En nuestra experiencia, la identificación de la nación de origen es un subterfugio para identificar la religión."
El Departamento de Justicia (fiscalía general) exceptuó a la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras del cumplimiento de las normas que prohíben la elaboración de "perfiles".
ALC, por su parte, reclamó al Departamento de Seguridad Interna la prohibición de todo perfil racial, lo cual "podría tener un enorme impacto", dijo Dubal.
La práctica resulta particularmente problemática porque todos los ciudadanos deben ser tratados en un pie de igualdad, tengan ciudadanía por nacimiento o por naturalización. "La ley no hace diferencias, pero los funcionarios, sí", dijo Dubal.
