El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix, determinó que el gobierno sólo puede recurrir a su facultad del «secreto de Estado» para impugnar evidencias específicas, y no para impedir un proceso antes de su inicio.
El dictamen, aplaudido por activistas de derechos humanos, se refiere a una querella contra la empresa Jeppesen DataPlan por su participación en el programa de "entregas extraordinarias" ("extraordinary rendition") durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).
Los demandantes acusan a Jeppesen de planificar vuelos y brindar apoyo logístico a aviones y tripulaciones involucradas en el secuestro de cinco hombres por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y en su entrega a cárceles dirigidas por Estados Unidos o agencias de inteligencia extranjeras.
Las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") constituyen un mecanismo empleado por Washington durante el gobierno de Bush para capturar a "sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a terceros países notorios por el uso de la tortura.
Jeppesen, subsidiaria de la compañía aeroespacial Boeing, fue demandada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de este país.
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El gobierno de Bush logró que se le reconociera en febrero de 2008 la facultad del "secreto de Estado", cuando el caso fue atendido por un tribunal de primera instancia.
El gobierno del sucesor de Bush, Barack Obama, siguió el mismo camino que su predecesor y reivindicó el privilegio. Pero el Tribunal de Phoenix revirtió el fallo anterior el martes.
"Esta histórica decisión marca el comienzo, y no el fin, de este litigio", dijo el abogado Ben Wizner, del Proyecto Seguridad Nacional de ACLU, que participa en la acusación.
"Nuestros clientes, apenas cinco entre miles de víctimas de tortura durante el gobierno de Bush, han esperado años sólo para poner el pie en el umbral de los tribunales. Ahora, podrán entrar", dijo Wizner.
Los tres miembros del Tribunal de Apelaciones resolvieron por unanimidad que el gobierno sí tiene la facultad de tomar medidas para proteger secretos de Estado mientras el caso transcurre.
"Según la teoría del gobierno, los jueces deberían custodiar efectivamente todas las acciones gubernamentales secretas del escrutinio judicial, inmunizando a la CIA y a sus socios de toda demanda y de los límites de la ley", escribió en el fallo el jeuz Michael Hawkins.
Admitir los argumentos de Washington "alentaría perversamente al presidente a clasificar información políticamente embarazosa sólo para dejarla fuera del alcance de los jueces", agregó.
Los jueces tienen un importante papel que cumplir en la revisión de las acusaciones contra el gobierno de acciones secretas que violan las libertades individuales, añadió.
"Como bien lo sabían los fundadores de esta nación, la prisión arbitraria y la tortura son un 'grosero y evidente acto de despotismo' bajo cualquier circunstancia", sostiene el fallo.
Otro abogado de ACLU, Steven Watt, dijo a IPS que "el programa de 'entregas extraordinarias' es bien conocido en todo el mundo" pero acotó que "el único lugar donde no se ha discutido es donde es más necesario examinarlo: los tribunales estadounidenses".
Lograr que la justicia de Estados Unidos considere el asunto "es como ganar la lotería", dijo a Watt uno de los demandantes, Bisher Al-Rawi, liberado el año pasado de la cárcel instalada en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, sin haber sido acusado de delito alguno.
El Congreso legislativo de Estados Unidos tiene a estudio el proyecto denominado Protección de Secretos de Estado, que convertiría en ley una definición muy similar a la del Tribunal de Apelaciones en Phoenix.
Los cinco demandantes fueron supuestamente secuestrados por la CIA en 2001 y 2002.
Al-Rawi, ciudadano iraquí y residente permanente en Gran Bretaña, terminó en Afganistán, donde fue torturado en dos instalaciones de la CIA antes de ser transferido en Guantánamo, donde pasó más de cuatro años antes de ser liberado en marzo de 2007. Volvió a radicarse en Londres.
Al etíope Binyam Mohammed lo desnudaron, le vendaron los ojos, lo encadenaron y lo trasladaron a Marruecos, donde estuvo sin que nadie lo supiera 18 meses preso durante los cuales fue interrogado por los servicios de inteligencia marroquíes. Sufrió el mismo tratamiento luego en Afganistán y en Guantánamo. Fue liberado en febrero.
Al ciudadano italiano Abou Elkassim Brittel le pusieron esposas, capucha y pañales para su traslado de Pakistán a Marruecos, donde también fue torturado.
El egipcio Ahmed Agiza voló en diciembre de 2001 de Suecia a su país de origen, donde sufrió graves abusos y torturas. Sigue preso allí.
En octubre de 2003, Mohammed Farag Ahmad Bashmilah fue detenido por el Departamento General de Inteligencia de Jordania, donde lo torturaron e interrogaron. Agentes de la CIA lo golpearon antes de ponerle cadenas y pañales para transportarlo en secreto a Afganistán. Lo liberaron en marzo de 2006, sin ser acusado de delito alguno.
