El presidente Barack Obama bloqueó por decreto los juicios contra funcionarios de Estados Unidos acusados de torturar a presos por la «guerra contra el terrorismo». Pero no se opone a apuntar contra quienes justificaron desde el gobierno la legalidad de esas prácticas.
Obama reiteró este martes, en conferencia de prensa, que no creía "apropiado que sean procesados" quienes "llevaron a cabo alguna de esas operaciones en el marco de las opiniones legales y la guía que se les proveyó desde la Casa Blanca".
Pero una acusación contra "quienes formularon las decisiones legales" que supusieron una autorización gubernamental a torturas y maltratos "sería una decisión del secretario de Justicia", es decir, el fiscal general, Eric Holder, sobre la cual el mandatario prefirió "no prejuzgar".
Aun antes de estas declaraciones de Obama, el primer objetivo de los acusadores es el ex abogado general del Departamento (ministerio) de Defensa, William J. Haynes II.
La filial de la Asociación Nacional de Abogados (NLG) en San Francisco ya presentó una demanda en su contra, y le pidió al Colegio de Abogados del occidental estado de California que lo investigara y expulsara.
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Haynes se desempeña ahora como abogado de la compañía automovilística Chevron Corp. en San Ramón, California.
El periódico Los Angeles Times informó que una demanda similar se prepara en el nororiental estado de Pennsylvania contra el ex abogado del Departamento de Justicia (fiscalía general) John C. Yoo, profesor de Derecho de la Universidad de California.
El motivo es el rol que jugó en la elaboración de las pautas legales que avalaban las denominadas técnicas de "interrogatorio mejorado", mientras se desempeñaba en la Oficina de Asesoramiento legal de ese departamento, durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Entre esas técnicas figuraba el "waterboarding" o simulación de ahogamiento, conocido y usado por las dictaduras latinoamericanas de los años 70 bajo el nombre de "submarino".
"Los abogados que brindaron a los altos funcionarios de Bush una fachada legal participaron en la formulación de la política de tortura y tratamientos crueles. Deberían ser el blanco de investigación penal e inhabilitados para el ejercicio de la abogacía por sus violaciones éticas", dijo a IPS Marjorie Cohn, presidenta del NLG.
Cohn también observó que la demanda presentada en Pennsylvania contra John Yoo fue puesta en suspenso.
El proceso quedó pendiente "de la difusión del informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia, que aparentemente es muy crítica de Yoo, Jay Bybee y Stephen Bradbury, autores de los memorandos sobre tortura", explicó la abogada.
Haynes se desempeñó como consejero general del Departamento de Defensa desde el 24 de mayo de 2001 hasta su abrupta renuncia el 25 de febrero de 2008, días después de que la revista The Nation publicó un artículo acusándolo de "arreglar" juicios a prisioneros en la cubana bahía de Guantánamo.
Haynes fue el principal funcionario legal del Departamento de Defensa y asesor legal del entonces secretario de esa cartera, Donald Rumsfeld.
Varios memorandos a y de Haynes fueron difundidos en marzo como parte de las desclasificaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Obama.
Haynes también fue uno de los seis funcionarios del gobierno de Bush nombrados en la investigación en curso sobre torturas y otros delitos hoy a consideración de la justicia española.
La demanda del NLG señala que, mientras era consejero general del Departamento de Defensa, Haynes dejó de lado sus responsabilidades profesionales y promovió tácticas severas que equivalían a tortura, en violación del derecho estadounidense e internacional.
Esta "inadecuada defensa" de esas técnicas "condujo directamente a abusos de detenidos en las bases de la bahía de Guantánamo y Abu Ghraib", en Iraq, acusó el NLG en la demanda.
También señaló que Haynes brindó una fachada legal para que soldados y agentes federales de Estados Unidos usaran perros y otros métodos humillantes, como ordenar a los prisioneros a desnudarse y a soportar posiciones estresantes.
La demanda plantea que Haynes "está directamente vinculado a la tortura de al menos un detenido", Mohamed Mani Ahmad al-Kahtani, supuesto miembro de la red extremista Al Qaeda, a quien se acusa de participar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
A Al-Kahtani se le negó el ingreso a territorio estadounidense por sospechas de que intentaba inmigrar ilegalmente. Desde enero de 2002 está detenido en Guantánamo.
"Nosotros torturamos a Kathani. Su trato recibe la definición legal de tortura", dijo Susan J. Crawford, funcionaria a cargo de las acusaciones en las cortes marciales en Guantánamo. Por este motivo, ella misma desestimó los cargos contra Khatani.
El NLG denuncia que Haynes también está directamente vinculado al juicio de soldados de bajo rango por usar técnicas que él aprobó.
La asociación alega que Haynes no mostró "respeto ni obediencia por la ley, ni respeto por los derechos de otros", como requieren las normas internas de esta organización de abogados.
"Intencional o imprudentemente", él no actuó de modo competente, no supervisó adecuadamente el trabajo de los abogados subordinados, y presentó a Rumsfeld "memorandos legales de baja calidad en lo que refiere a la definición de tortura".
"Haynes también actuó de modo incompetente al aconsejarle al secretario Rumsfeld que aprobara técnicas de interrogatorios que violaban el derecho estadounidense e internacional, y sin siquiera mencionar fuertes objeciones por parte del ejército", señala la demanda.
En el marco del memorando de Haynes y aprobado por Rumsfeld, se molestó a un detenido haciendo que una mujer lo tocara, además de que hubiera "mujeres viendo su cuerpo desnudo", y negándole el derecho a rezar.
Haynes "recomendó la aprobación de agresivas técnicas de interrogatorio que los militares declararon pueden violar la ley. Obligó a abogados subordinados a depender de los memorandos preparados por la Oficina de Asesoramiento Legal, que desde entonces fueron objeto de rescisiones sin precedentes. Su consejo fue tan en contra de la ley que Rumsfeld fue forzado a rescindir la aprobación en base al memorando Haynes", según la demanda del NLG.
"No hay absolutamente ninguna evidencia de que el señor Haynes intentara presentar una evaluación imparcial, no tendenciosa, de la ley. Toda la evidencia muestra que el señor Haynes aconsejó inadecuadamente la asignación de técnicas ilegales e inhumanas de interrogatorios", continúa el texto.
Haynes "no apoyó o defendió la Constitución de Estados Unidos, ni las leyes de Estados Unidos, ni mantuvo el respeto debido a los tribunales y funcionarios judiciales. Sus acciones involucraron bajeza moral, deshonestidad y corrupción", agrega.
Además, "abusó de la ley y no la respetó, con fines políticos. Esto está mal".
El 29 de septiembre de 2003, Bush nombró a Haynes como miembro del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.
Pero su participación en un memorando titulado "Argumentos legales para evitar la jurisdicción de las Convenciones de Ginebra" desató una intervención parlamentaria que impidió que su nominación recibiera la plena aprobación del Senado.
Según el NLG, los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mostraron que "los líderes poderosos pueden comprometerse, y lo hacen, en actos ilegales y trato inhumano a otros. Estos líderes dependen de los abogados y del sistema legal para darle apariencia de legitimidad a una agenda ilegal. Tristemente, siempre parece haber abogados dispuestos a aceptar el ofrecimiento de gobernantes poderosos".
