El órgano del gobierno de Uganda a cargo de la lucha antiterrorista es responsable de detenciones ilegales generalizadas, torturas y otros maltratos, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
En su informe "Open Secret: Illegal Detention and Torture by the Joint Anti-terrorism Task Force in Uganda" ("Secreto a voces: Detención ilegal y tortura por el Destacamento Antiterrorista Conjunto en Uganda"), HRW destacó los abusos cometidos en la sede de esa entidad en un barrio rico de Kampala, la capital. La organización de derechos humanos con sede en Nueva York detalló en su estudio, realizado entre agosto y febrero pasados y publicado el miércoles, 106 casos de detención ilegal en esa instalación clandestina.
"En más de 25 ocasiones, los detenidos también fueron torturados o sometidos a otros maltratos", indica el informe, que, según el análisis de los arrestos realizados en los últimos dos años, concluye que tres de las víctimas murieron. Otro fue asesinado a tiros en su casa luego de su liberación.
El Destacamento Antiterrorista Conjunto (JATT, por sus siglas en inglés), responsable o vinculado con los responsables de esos abusos, cuenta con funcionarios militares, policiales o de instituciones de inteligencia. Opera bajo el comando de la Jefatura de Inteligencia MIlitar (CMI).
La sede del JATT, que también es centro de detención, se encuentra en el barrio de Kololo. Como a los activistas se les impidió el ingreso al lugar, HRW entrevistó a ex detenidos.
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"Algunos describieron golpes reiterados con la culata de una pistola, golpes de mano abierta en cabeza y orejas o con varas, puños, látigos, sillas y zapatos", indica el informe.
"El personal del JATT y de la CMI obliga a los detenidos a permanecer en posiciones dolorosas y les echan ají picante en los ojos, nariz y oídos, lo que causa dolores atroces", añade.
Algunos detenidos dijeron que recibieron choques eléctricos o haber visto a otros "ser golpeados y torturados por funcionarios del JATT" o "con moretones, hinchados y heridos".
Las leyes de Uganda ordenan la inscripción de los centros de detención en un registro oficial del gobierno. El local en Kololo, entre otros a los que se suele denominar "safe houses" ("casas seguras") desde la dictadura de Idi Amin Dada (1971-1979), no cumple con ese requisito.
A pesar de que los abusos constatados fueron cubiertos por la prensa, autoridades del gobierno, legisladores, "líderes militares y civiles con responsabilidad de mando sobre el JATT, hasta ahora, no han sido capaces de impedir los abusos o investigar, para no hablar de acusar, a los responsables", indica el informe.
Las operaciones del JATT incluye la vigilancia de organizaciones insurgentes nacionales como las islamistas y nacionalistas Fuerzas Democráticas Aliadas, con sus campamentos en República Democrática del Congo, y el Ejército de Resistencia del Señor, fundamentalista cristiano.
HRW exhortó al gobierno ugandés a poner fin a las detenciones ilegales, a compensar a sus víctimas y a investigar y acusar a los responsables, y a Estados Unidos y a Gran Bretaña a condicionar su asistencia militar a Kampala al respeto de los derechos humanos.
Estados Unidos entrena a parte de las fuerzas armadas de Uganda en operaciones antiterroristas. Parte de la capacitación incluye clases sobre derechos humanos, según una ley que prohíbe al gobierno brindar asistencia a unidades militares sobre las que haya "evidencia creíble de graves abusos de derechos humanos".
La Embajada de Estados Unidos en Uganda debe analizar en qué unidades se cometen abusos. Pero HRW se pregunta si, a la luz de su investigación, esas unidades siguen recibiendo la ayuda.
"El informe recomienda que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros donantes se aseguren de que cualquier asistencia militar al ejército ugandés sea condicionada a la investigación y acusación de los responsables de tortura y al fin de la cultura de la impunidad que se ha desarrollado", dijo a IPS Paul Ronan, analista de la organización Resolve Uganda.
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) no prestó atención a las violaciones de derechos humanos por parte de países a los que consideraba aliados en su "guerra mundial contra el terrorismo" que sirvió de leit motiv a toda su política exterior.
Este patrón resultó especialmente agudo en África oriental.
El gobierno de Kenia, por ejemplo, fue acusado de 150 detenciones arbitrarias a fines de 2006 y principios de 2007, para las cuales recibió apoyo de Estados Unidos.
