Mientras la última ronda de combates en la larga guerra civil de Sri Lanka parece menguar, decenas de periodistas sufren intimidación y acosos por criticar la campaña militar contra el grupo separatista Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam (LTTE).
Los temas que actualmente los periodistas tienen en foco son el creciente número de bajas civiles, los repetidos llamados a un «cese del fuego» por parte de la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, y el pedido gubernamental de asistencia extranjera para afrontar la creciente crisis humanitaria.
«Quizás periodistas no quieren hablar de estas cosas debido al temor y la psicosis que envuelven a los medios», señaló un veterano reportero, quien pidió no ser nombrado por miedo a represalias. Algunos incluso han optado por dejar el país, indicó.
N. Vithiyatharan, editor de los diarios Uthayan y Sudar-Oli, fue liberado el viernes pasado después de dos meses de detención, luego de que un juez de Colombo concluyera que no había evidencia para vincularlo con un ataque aéreo tamil sobre la capital en febrero de 2009.
Vithiyatharan, miembro de la minoría comunista tamil, dijo en una entrevista el sábado que fue detenido porque el gobierno quería impedir que informara sobre la grave situación de los civiles desplazados en el norte de la isla.
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Su denuncia es similar a la de decenas de periodistas, la mayoría de la comunidad tamil, acusados de ser partidarios del LTTE, críticos de la guerra o antipatriotas en los últimos 18 meses, desde que el gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa intensificó su batalla contra el movimiento separatista.
Miles de combatientes y civiles han muero o resultado heridos en el conflicto. Los rebeldes ahora están confinados a una pequeña porción de tierra en las selvas del norte, junto a miles de civiles que el gobierno no ha autorizado a irse y son usados como escudos humanos por los Tigres.
Varios líderes internacionales han visitado Colombo con la intención de persuadir al gobierno de que acuerde un cese del fuego para permitir que los civiles dejen la zona de conflicto.
Desde antes de que las tropas gubernamentales comenzaran a avanzar hace seis meses en las densas junglas del norte para expulsar a los rebeldes de sus bases en Kilinochchi y otras áreas, periodistas no han sido autorizados a entrar en esos lugares, y cualquier crítica que hagan a los militares causa malestar en el gobierno.
Iqbal Athas, premiado comentarista sobre temas de defensa en The Sunday Times, no ha escrito su columna desde hace varias semanas, y se informó que estaba en el exterior.
Jehan Perera, directora ejecutiva del Consejo de Paz Nacional, a la vanguardia de los esfuerzos para un fin pacífico del conflicto, sostuvo que las restricciones a la cobertura de la guerra ocurren porque el gobierno no quiere que se sepa el alto costo de vidas civiles que han tenido los combates.
«Esto ha mantenido la moral alta de las personas, ya que sólo escuchan el lado del gobierno, y sólo se les cuentan los éxitos. La comunidad internacional tampoco sabe lo que está pasando y sería más crítica de la guerra si tuviera la información», dijo Perera, también columnista política.
Los supuestos éxito de la guerra han ganado apoyo de grandes sectores de la población. El sábado, el partido gobernante arrasó en una votación regional en la Provincia Occidental, obteniendo una mayoría de dos tercios y desalojando al Partido Nacional Unido de Oposición en muchos baluartes de Colombo.
No obstante, el gobierno ha sido condenado en los últimos meses por acallar a la prensa. En febrero de 2009, un grupo de asociaciones de periodistas y sindicatos de Asia Pacífico reunidos en Hong Kong expresaron preocupación por las continuas violaciones a la libertad de prensa en Sri Lanka, e instaron a Colombo a respetar la ley y asumir sus responsabilidades.
En una declaración conjunta, los grupos llamaron la atención sobre la mala situación de los medios srilankeses y subrayaron casos de particular preocupación: el asesinato del prominente editor Lasantha Wickrematunge, un ataque incendiario contra otro editor y su esposa, y las continuas amenazas verbales de ministros y otros miembros del gobierno dirigidas contra periodistas y trabajadores de la prensa.
«Varios de los más conocidos periodistas srilankeses han dejado el país temiendo por sus vidas», señalaron. El Instituto de Prensa de Sri Lanka cuenta con un fondo especial para atender a los reporteros amenazados y eventualmente enviarlos al exterior.
En enero, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos instó al gobierno a que tomara medidas para prevenir ataques e intimidaciones a los medios. «Un periodismo libre e independiente es vital para asegurar la salud y la continuación de cualquier democracia», afirmó esa oficina.
El presidente Rajapaksa realiza ruedas de prensa regulares, y ha negado cualquier participación del gobierno en las muertes y secuestros de civiles. En cambio, ha afirmado que son obra de grupos descontentos que procuran dañar la imagen de las autoridades.
En vez de atender al coro de protestas de los periodistas, el gobierno ha respondido con una ofensiva contra lo que considera una cobertura parcializada. El 1 de febrero, el secretario de Defensa, Gotabaya Rajapaksa, alertó que las organizaciones de prensa extranjeras afrontarían «duras consecuencias» y que se iría «tras ellas» si no se comportaban «responsablemente».
A pesar de todo esto, analistas sostienen que el combate entre los medios y el gobierno ya lleva décadas.
Lakshman Gunasekara, activista y ex editor del periódico gubernamental Sunday Observer, señaló que los medios han mostrado una parcialidad étnica en los últimos 30 años de conflicto armado. «Una sección dominante de los medios le ha dado menos importancia a las percepciones y los problemas de las minorías», indicó.
En enero, las autoridades srilankesas informaron que nueve periodistas fueron asesinados desde 2006, siete atacados y otros cinco secuestrados. De estos últimos, cuatro aún siguen desaparecidos.
