El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, se defendió de los cargos por crímenes cometidos durante su mandato (1990-2000), alegando que su política de represión de la guerrilla fue acertada pues pacificó al país.
"Quiero reiterar lo que dije desde el principio basado en mi conciencia, pero esta vez fortalecido porque ningún testigo ni prueba han podido incriminarme como culpable", dijo este miércoles ante el tribunal. "Nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo ha podido hacer porque simplemente no existen y porque, como lo dije al comienzo, soy inocente".
Entrevistado por IPS días antes, el fiscal Avelino Guillén sostuvo que la parte acusadora acreditó la responsabilidad del ex mandatario mediante el testimonio de 60 testigos, 500 evidencias documentales y casi medio centenar de declaraciones del propio Fujimori.
En su alegato, el ex mandatario de 70 años de edad reiteró la tesis de que los crímenes del comando de agentes del SIE, conocido como Grupo Colina, se consumaron sin su conocimiento ni aprobación.
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"La política de pacificación fue una sola, sistemática y constante, y no la excepción o la desobediencia a esa política", precisó.
Fujimori también alegó que, como jefe de Estado, no tenía por qué saberlo todo.
"Fueron años en los que… tenía las manos demasiado llenas de problemas como para dar importancia a un memorando administrativo o inmiscuirme en campos que no eran los míos", indicó en alusión a dos memorandos que firmó ordenando el ascenso de un pequeño grupo de oficiales del SIE, entre los que se encontraban los cabecillas del Grupo Colina. Poco después, estos protagonizarían los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
"A Fujimori se le atribuyen hechos aislados y muy lamentables que se dieron fuera de mi estrategia de pacificación, la política más eficaz y limpia de la historia", dijo el ex mandatario.
Los agentes del Grupo Colina asesinaron el 3 de noviembre de 1991 a 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, y el 18 de julio de 1992 a nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta.
Pero no fueron éstas las únicas acciones del Grupo Colina. También se le atribuyen la desaparición de 10 campesinos en la noroccidental ciudad de Chimbote, el 2 de mayo de 1992, el crimen del periodista Pedro Yauri, el 24 de junio, y, ese mismo día, los asesinatos de seis miembros de la familia Ventocilla, en la ciudad de Huacho, oeste de Perú, entre otros actos de terrorismo de Estado.
En el proceso quedó demostrado que, por entonces, el mandatario vivía y despachaba en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, del que dependía el SIE al que estaban adscriptos los agentes del Grupo Colina.
A pesar de las advertencias del presidente del tribunal, César San Martín, quien le recordó que se le ofrecía la oportunidad de sostener su autodefensa y que, por lo tanto, no debía utilizar la audiencia como tribuna política, el reo declaró que sus hijos, entre ellos la legisladora Keiko Fujimori, se encargarían de continuar la obra que inició su gobierno.
"Mi legado prevalecerá y lo hará no solo a través de mi obra física sino a través del legado de paz y desarrollo, de justicia e inclusión, un legado para el presente y el futuro que no tengo duda continuará mi hija Keiko", dijo.
El partido Alianza para el Futuro se apresta a postular a la Presidencia a Keiko Fujimori, quien en las elecciones generales de 2006 fue la candidata más votada como aspirante a un escaño parlamentario.
El abogado de la parte civil en el proceso contra Fujimori, Ronald Gamarra, opinó que el alegato de Fujimori fue decepcionante.
"No ha conseguido cuestionar la sustentación de 30 años de prisión que ha pedido la fiscalía por su responsabilidad. Lo que demostró es que siente que ha perdido el proceso judicial y que por esta razón prefirió lanzar un discurso de contenido político", indicó Gamarra, presidente de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Fujimori está recluido en el cuartel policial de la Dirección de Operaciones Especiales, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, en el este de Lima. En el mismo lugar, también sesiona el tribunal que lo enjuicia. Hasta allí llegaron cerca de 300 fujimoristas que clamaban por la inocencia del ex presidente.
Al término de la audiencia, Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, criticó el aprovechamiento político del proceso.
"Fujimori tenía que responder por acusaciones concretas y sin embargo respondió con argumentos políticos, se ha equivocado de escenario", señaló Ortiz. "No respondió a las acusaciones, por eso confiamos que el tribunal lo sentencie como corresponde".
El ex presidente habló algo más de una hora y media, con un breve intermedio.
"Yo tuve que gobernar desde el infierno, señores jueces", afirmó, en referencia a la situación que vivía Perú cuando fue investido presidente, el 28 de julio de 1990.
Reviviendo el dramatismo de la guerra civil (1980-2000), sostuvo que "es la primera vez que se juzga a un gobernante por su política de Estado, una política que aún hoy, después de una campaña que considero feroz, llena de mentiras, agravios y desinformación…, es reconocida como la que permitió la victoria sobre el terror", dijo.
Según señaló el fiscal Guillén a IPS, después de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori obstruyó las investigaciones y favoreció con una amnistía a los militares implicados en crímenes de derechos humanos, incluidos los integrantes del Grupo Colina.
"Me dolió en el alma que un grupo de militares boicoteara la estrategia (antiguerrillera) causando un daño irreparable. Me duelen en el alma las muertes y los excesos que se dieron, en sentido contrario de la política de pacificación", manifestó el ex mandatario.
La acusación fiscal señala que esos asesinatos se perpetraron como parte estructural de la política de "guerra sucia", ojo por ojo, que aprobó Fujimori para combatir a la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso, que también apelaba al "aniquilamiento selectivo", según determinó el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El ex mandatario no mencionó a su ex asesor personal, Vladimiro Montesinos, quien según la denuncia fiscal fue el cerebro de esa estrategia, que consistía en infundir terror a los guerrilleros o supuestos guerrilleros eliminándolos "selectivamente".
En las dos décadas de lucha contra la guerrilla, que comprendió a varios gobiernos, casi 70.000 personas fueron asesinadas, la gran mayoría de origen indígena y campesino.
La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos que representa a los familiares de las víctimas de La Cantuta, señaló que la argumentación del defensor de Fujimori, César Nakazaki, se basó en que el ex presidente no había diseñado la estrategia de la lucha antiterrorista.
"Y lo que ha dicho Fujimori es que él es responsable de dicha política", dijo Cano al término de la audiencia.
El ex mandatario "parece no recordar que en su gobierno hubo un desprecio por el derecho humano a la vida, al practicar una estrategia de eliminación. Tampoco debemos olvidar que Fujimori no vino al Perú por su voluntad, como ha dicho hoy, sino que fue extraditado de Chile por cargos penales y atentados contra los derechos humanos, y fue la policía quien lo trajo", recordó.
De acuerdo con fuentes del tribunal, la sentencia del proceso se dictaría la semana próxima.
