Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la condena este martes a 25 años de cárcel al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por delitos de homicidio, tortura y secuestro agravado.
"Tras años de evadir la justicia, Fujimori finalmente ha sido responsabilizado por algunos de sus crímenes", señaló la investigadora para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Maria McFarland, quien estuvo presente cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú anunció el fallo.
"Con este veredicto, y su desempeño ejemplar durante el juicio, el tribunal peruano le ha mostrado al mundo que ni siquiera ex jefes de Estado pueden esperar escapar con crímenes graves", añadió.
Al término del juicio de 15 meses, los magistrados encontraron culpable a Fujimori de haber ordenado dos grandes masacres: la ejecución de 14 adultos y un niño de ocho años en la zona limeña de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y el secuestro, desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta el 18 de julio de 1992.
También fue hallado culpable de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
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Los asesinatos fueron cometidos por un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) conocido como Grupo Colina, que habría sido supervisado por el más estrecho asesor de Fujimori: Vladimiro Montesinos.
"Se ha hecho justicia en Perú", dijo Javier Zuniga, asesor especial de Amnistía Internacional, quien siguió de cerca el juicio en Lima. "Éste es un día histórico. No todos los días vemos a un ex jefe de Estado siendo condenado por violaciones a los derechos humanos como tortura, secuestro y desaparición forzada. Esperamos que éste sea el primero de muchos juicios tanto en América Latina como en todo el mundo".
Acusado de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, Fujimori presentó en 2000 su renuncia a través de fax que envió desde Brunei a Lima para luego solicitar asilo a Japón, hogar de sus padres, aprovechando su doble nacionalidad. En 2005 se presentó imprevistamente en Santiago de Chile con la esperanza de volver a su país para convertirse otra vez en presidente, pero fue arrestado y extraditado a Perú en 2007.
El fallo de este martes confirmó investigaciones independientes de HRW y Amnistía que señalaban a Fujimori como responsable de las atrocidades cometidas por el Grupo Colina.
Un informe de 2005 de HRW, titulado "Causa probable: evidencia implicando a Fujimori", detallaba pruebas sustanciales entonces disponibles que vinculaban al ex presidente con el escuadrón de la SIE y sus actividades.
La evidencia incluía una extensa documentación oficial y testimonios mostrando que el Grupo Colina no era una operación clandestina, sino que existía como una estructura formal militar. Sus miembros recibieron recursos y apoyo logístico de los más altos niveles del Ejército y del SIE, que estaban por completo bajo el control de Fujimori.
Amnistía, que ha seguido de cerca el juicio a Fujimori a través de observadores locales e internacionales, señaló que el ex mandatario cometió graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional como tortura, asesinatos y desapariciones forzadas—, lo que, dada su naturaleza propagada y sistemática, constituían crímenes contra la humanidad.
En septiembre de 2008, Kate Doyle, analista adjunta del instituto no gubernamental estadounidense Archivo de Seguridad Nacional, dio un testimonio como experta en el juicio, refiriéndose a la naturaleza de los 21 documentos de Estados Unidos que fueron presentados ante el tribunal por la fiscalía.
Doyle señaló que esos documentos reflejaban las conclusiones de la embajada de Estados Unidos de que Fujimori había estado involucrado en una "estrategia encubierta de pelear agresivamente contra la subversión a través de operaciones terroristas, despreciando los derechos humanos y las normas".
El Archivo publicó este martes textos estadounidenses desclasificados que habían sido presentados como evidencia en el tribunal.
Estos contienen información de inteligencia obtenida por funcionarios estadounidenses de fuentes peruanas sobre la creación secreta de "equipos de asesinato" como parte de las operaciones contraterroristas de Fujimori, sobre el papel de las fuerzas de seguridad en las violaciones a los derechos humanos y sobre la participación del entonces presidente en los esfuerzos para proteger a los militares de una investigación.
Un documento de agosto de 1990 detalla cómo, "sólo semanas después de la elección de Fujimori", un funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) informó a miembros de la embajada estadounidense sobre un plan encubierto, al parecer "ideado por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos", para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales de sospechosos de terrorismo.
"El entrenamiento de esos nuevos equipos de asesinato ya está en marcha", informó la fuente. También indicó que el plan contaba con la "aprobación tácita del presidente Fujimori".
El SIN fue un agencia de inteligencia desactivada luego de que su jefe de facto, Montesinos, fuera descubierto pagando coimas a figuras políticas.
Fujimori se convirtió en el primer presidente electo democráticamente en América Latina en ser juzgado en su propio país por violaciones a los derechos humanos. "El fallo es importante no sólo por su contenido, sino también porque demuestra el rol fundamental que puede jugar un tribunal independiente para tratar pasados abusos y apuntalar el imperio de la ley", dijo McFarland, de HRW.
Amnistía descubrió que, antes de 1990, las violaciones a los derechos humanos ya estaban propagadas en Perú, y aprovechó el veredicto de este martes para llamar a una mayor investigación y justicia.
"Ahora es vital que todos esos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú, incluso las perpetradas antes del gobierno de Alberto Fujimori, sean llevados ante tribunales", dijo Zuniga.
"Las desapariciones forzadas, la tortura y las violaciones son delitos que no prescriben si son cometidos en forma propagada, como ocurrió" en ese país, añadió.
Fujimori, sentenciado este martes a 25 años de prisión, ya cumple una pena de seis años después de haber sido hallado culpable en 2007 de ordenar un allanamiento ilegal en el hogar de la esposa separada de Montesinos.
El ex presidente también será acusado de haber practicado escuchas telefónicas a figuras de la oposición y de haberle entregado a Montesinos 15 millones de dólares del gobierno, entre otros cargos.
Pero el ex mandatario no carece de partidarios. Muchos lo elogian por haber frenado la inflación y aplastado la insurgencia del grupo maoísta Sendero Luminoso durante la "guerra sucia" peruana.
Sus seguidores cuentan con 13 asientos en el Congreso, de 120 miembros, y su hija, la legisladora Keiko Fujimori, es considerada una de las principales candidatas a suceder al actual presidente, Alan García, en las elecciones de 2011. Ella ya adelantó que de llegar al poder indultaría a su padre.
En su defensa, Fujimori dijo al tribunal: "Estuve en el infierno que instaló el terrorismo y tuve que gobernar desde el infierno". Acusó a Montesinos de los excesos de la contrainsurgencia y preguntó por qué sus predecesores no han sido juzgados por violaciones a los derechos humanos.
Se espera que Fujimori apele el fallo, pero activistas confían en que éste prevalecerá.
"Nos gustaría creer que el tribunal seguirá mostrando la misma transparencia e imparcialidad que ha demostrado durante la fase de juicio", dijo McFarland.
