La justicia de Estados Unidos admitió la demanda de cuatro ex detenidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, torturados y luego liberados sin cargos, contra la empresa contratada por Washington para dirigir los interrogatorios.
El juez de distrito Gerald Bruce Lee, designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) al frente de un tribunal federal del oriental estado de Virginia, se negó a desestimar los alegatos de los detenidos, como lo solicitaba la firma contratista militar CACI International.
La compañía, radicada en Arlington, en el mismo estado, es una importante contratista del Departamento (ministerio) de Defensa.
Los ex detenidos aseguran haber sufrido torturas, crímenes de guerra y conspiración, actos que violan el derecho estadounidense.
Los empleados de CACI no sólo participaron en abusos físicos y mentales, según la acusación. Además, destruyeron documentos, vídeos y fotografías, impidieron el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a los detenidos y a información sobre los abusos, y negaron también esos datos a militares y a funcionarios del gobierno ajenos a la supuesta conspiración.
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CACI reclamó inmunidad ante las demandas y sostuvo que las acciones de sus empleados interrogadores en Abu Ghraib trascendían toda evaluación judicial.
Tribunales militares y testimonios de soldados condenados por abusos han vinculado a personal de la compañía con los abusos denunciados.
El tribunal rechazó el esfuerzo de CACI por eludir su respondabilidad invocando la "doctrina de la cuestión política".
Según el juez Lee, "los hechos en Abu Ghraib son una vergüenza para este país", pero "la vergüenza surge de la mala conducta aducida, y no del litigio que rodea a esa mala conducta".
"El tribunal concluye que la única potencial vergüenza sería que este mismo tribunal se negara a hacer audiencias sobre estos alegatos por motivos políticos", agregó. "La política es clara: lo que ocurrió en Abu Ghraib estuvo mal."
"El hecho de que el negocio de CACI sea realizar interrogatorios en nombre del gobierno es incidental. Los tribunales pueden procesar demandas civiles, y lo hacen, contra contratistas del gobierno, por la manera en que realizan los negocios del gobierno", indica el dictamen.
"CACI ignora a su conveniencia la extensa línea de casos donde se permitió que los demandantes particulares presenten acciones de agravio por heridas de tiempos de guerra", agregó.
Los ex detenidos iniciaron su demanda en 2004. CACI está apelando el veredicto.
"La decisión del tribunal es un gran paso adelante en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas. Confiamos en que las víctimas tengan pronto su día en el tribunal", dijo a IPS la abogada Katherine Gallagher, del Centro para los Derechos Constitucionales, quien trabaja en la demanda.
La empresa criticó el dictamen. "Desde el primer día, CACI rechazó las indignantes acusaciones contra la compañía en esta demanda y continúa haciéndolo", dijo la empresa en un comunicado.
"Tras cinco años y numerosas investigaciones, ningún empleado o ex empleado ha sido acusado de ninguna mala conducta en conexión con el trabajo de interrogatorios de CACI en Iraq", señaló la firma. 1 Las sospechas sobre el rol de CACI se remontan a 2004, cuando la organización de derechos humanos Amnistía Internacional abrió un canal de diálogo epistolar con la compañía y con otros contratistas participantes en interrogatorios a detenidos en Abu Ghraib y otras instalaciones.
En la primera de varias cartas firmadas por su director ejecutivo William F. Schulz, Amnistía Internacional expresó su "preocupación por los abusos a los derechos humanos cometidos en la prisión de Abu Ghraib" y pidió una "clarificación de las políticas y prácticas de derechos humanos" de la empresa.
"Su compañía tiene contratos de servicios con el ejército de Estados Unidos que han conducido a acusaciones públicas de complicidad en abusos contra detenidos por parte de algunos de sus empleados. Esperamos que CACI apoye y facilite investigaciones públicas y ayude a llevar ante la justicia a los responsables", continuó.
En respuesta, el presidente de CACI, J. P. London, escribió: "Nos unimos a ustedes en la condenar a los obvios abusos aparentemente cometidos en Abu Ghraib, y anhelamos ver que todos los infractores sean llevados a la justicia. Si resulta que ese grupo incluye a uno o más de nuestros empleados, esos infractores deberían estar sujetos a un castigo adecuado junto con todos los otros involucrados".
"Apoyamos y cooperamos plenamente con todas las investigaciones del gobierno de Estados Unidos en este asunto, del que somos conscientes o por el que hemos sido contactados", señaló London.
"No condonamos, toleramos o, de ningún modo, aprobamos comportamientos ilegales de parte de nuestros empleados o de aquellos con quienes trabajamos mientras realizamos negocios en cualquier circunstancia y en cualquier momento", respondió London.
Cuando el nombre de CACI se vinculó por primera vez con abusos cometidos en Abu Ghraib, la empresa montó una enorme campaña de relaciones públicas que incluyó la publicación de un libro de London: "Our Good Name" ("Nuestro buen nombre").
En discursos pronunciados entonces, London acusó a los medios de comunicación de abandonar el principio de presunción de inocencia.
CACI International se ubica en el puesto número 17 entre los mayores contratistas federales del gobierno, según la lista divulgada el año pasado por la revista Washington Technology.
