Defensores de los derechos humanos expresaron su decepción por la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de darles inmunidad a los agentes de la CIA involucrados en torturas a sospechosos de terrorismo, confirmadas por cuatro memorandos divulgados por el Departamento de Justicia.
Estas prácticas fueron avaladas por el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Los textos fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein, designado durante la administración de Bill Clinton (1993-2001) en la Corte de Distrito de Nueva York, en respuesta a una demanda presentada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu) citando la Ley de Libertad de Información.
El tribunal le había dado plazo al gobierno para que entregara el jueves los memorandos, elaborados por Jay Bybee y Steven Bradbury, entonces los principales abogados en la OLC, o que al menos explicara por qué aún no habían sido divulgados al público.
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Para sorpresa de muchos observadores, el Departamento de Justicia optó por entregar los documentos en tiempo.
La OLC provee asesoramiento legal al presidente y a todas las agencias de la rama ejecutiva. Redacta opiniones legales del fiscal general y también brinda sus propias opiniones escritas y consejos orales en respuestas a cualquier pedido del gobierno.
La Aclu pidió al Departamento de Justicia que designara un fiscal independiente para investigar las torturas durante la administración de Bush.
Tres de los memorandos divulgados el jueves fueron escritos en 2005 por Bradbury. El cuarto fue redactado en agosto de 2002 por Bybee, quien era el director de la oficina. Ahora es juez federal, designado por Bush.
"Los memorandos escritos por la OLC, incluyendo los divulgados hoy (por el jueves), proveyeron los fundamentos para el programa de torturas de la administración de Bush", dijo el director del Proyecto de Seguridad Nacional de la Aclu, Jameel Jaffer.
"A través de estos memorandos, los abogados del Departamento de Justicia autorizaron a los interrogadores usar los métodos más bárbaros, incluyendo los que una vez Estados Unidos juzgó como crímenes de guerra. Los memorandos están basados en un razonamiento jurídico falaz, y al final de cuenta no son para nada legales. Son simplemente instrumentos destinados a proveer una fachada para crímenes de guerra", sostuvo Jaffer.
"Si bien estos memorandos nunca debieron haber sido escritos, celebramos su divulgación. La transparencia es el primer paso hacia la responsabilidad", afirmó.
Desde 2003, la Aclu ha presentado varias demandas apelando a la Ley de Libertad de Información y exigiendo la divulgación de documentos del gobierno sobre torturas, detenciones, vigilancias y "entregas extraordinarias", mecanismo empleado por Washington para capturar a sospechosos de terrorismo y transferirlos, sin pasar por los tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas.
Las demandas de Aclu han permitido la divulgación de miles de registros.
Pese a que Obama, poco después de asumir, prohibió las torturas a los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" como el submarino, la privación del sueño, el encierro del prisionero en una habitación pequeña llena de insectos, los golpes en el rostro y abdomen, y mantener al detenido desnudo, el jueves anunció que los agentes de la CIA involucrados no serían procesados.
El mandatario arguyó que estos desempeñaron sus tareas de buena fe bajo el marco legal avalado entonces por la OLC.
El independiente Centro para Derechos Constitucionales, uno de los grupos cuyos abogados han asistido a los presos en la cárcel de la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, respondió rápidamente al anuncio presidencial.
"Es una de las más grandes decepciones de esta administración, que parece indispuesta a asumir la ley cuando se han cometido crímenes por ex funcionarios", señaló la organización.
"Se les garantice o no inmunidad a los funcionarios de la CIA que realizaron los submarinos, son los altos niveles que concibieron, justificaron y ordenaron el programa de torturas quienes tienen la mayor responsabilidad por violar el derecho nacional e internacional, y los que deben ser juzgados", señaló el Centro.
"En la declaración del presidente, la contradicción más perturbadora es el contraste entre las palabras: Es tiempo para la reflexión, no la retribución con: Estados Unidos es una nación de leyes. Funcionarios de gobierno rompieron varias leyes importantes. Que no haya consecuencias de eso no sólo pone en duda todo nuestro sistema, sino que deja la puerta abierta a que ocurra otra vez", añadió.
Tim Hancock, de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno "parece haberle ofrecido un pase libre de la cárcel a las personas involucradas en la tortura".
No obstante, Alez Abdo, abogado del Programa de Seguridad Nacional de Aclu, destacó que "Obama dejó la puerta abierta a un juicio a quienes elaboraron los memorandos". "Esperamos que nombre a un fiscal especial" para asumir ese proceso, afirmó.
Por su parte, Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, sostuvo que el mandatario "tomó su decisión como si fuera un jurado, un juez o un fiscal". "No es quién para tomar la decisión", afirmó.
"Se rompieron leyes y se cometieron delitos. Si realmente somos una nación de leyes, como él dice, se debe designar un fiscal y las decisiones sobre los que estuvieron involucrados en el programa de torturas deben tomarse en un tribunal", sostuvo.
