El desplazamiento forzado de personas de sus hogares a causa de la guerra civil en Colombia creció 24,5 por ciento el año pasado, respecto de 2007, según el informe divulgado este miércoles por una organización no gubernamental.
La diáspora interna registra una tendencia creciente desde 2006, que "refleja la consolidación de hegemonías armadas ilegales", indica en su estudio la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Se contabilizaron 221.638 personas alejadas de sus hogares por la violencia ese año, 305.638 en 2007 y 380.863 en 2008.
Estos números ubican a Colombia como uno de los lugares con más cantidad de este tipo de víctimas en el mundo. Bogotá sigue siendo la ciudad que más atrae desplazados, al registrar sólo el año pasado la llegada de 52.000 personas a su área metropolitana.
"Es lamentable confirmar que el crecimiento es comparable a 2002, cuando los desplazados aumentaron hasta 412.553, debido al fin del proceso de paz que dio paso una ofensiva militar que aún continúa", dijo a IPS Jorge Rojas, director de Codhes, en referencia al frustrado diálogo entre el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Fracaso que sirvió de impulso a la campaña electoral del derechista Álvaro Uribe para llegar por primera vez a la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2002 de la mano de su pregonada seguridad democrática, la política de incremento de las acciones militares contra las guerrillas izquierdistas con asistencia de Estados Unidos.
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El informe de Codhes, que suma a los enunciados de otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, confirma que los campesinos siguen siendo las principales víctimas del conflicto interno colombiano que se arrastra desde comienzos de los años 60.
El incremento de los desplazados choca con la presunta merma de la violencia política tras casi nueve años de gobierno de Uribe y su política de seguridad, la desmovilización de grupos paramilitares de ultraderecha y los sucesivos golpes propiciados a la dirección de las FARC, que se suman a la muerte por enfermedad de su líder histórico "Manuel Marulanda", nombre de combate de Pedro Antonio Marín.
Es que, en opinión de Rojas, "se mantiene una fuerte presencia de ejércitos privados que actúan como paramilitares, con una dimensión y magnitud más grande que la reconocida por el gobierno, que insiste en minimizar el fenómeno".
En medio de la guerra, "las fuerzas de seguridad hacen una ofensiva muy fuerte contra la guerrilla, pero sin muestras de llegar al final mientras, en cambio, el conflicto se expande, se prolonga y todos a una (insurgencia, paramilitares y ejército) convierten en objetivo militar a la población civil y en botín sus tierras y bienes", anotó el director de Codhes.
El informe divulgado este miércoles también hace visible que las mujeres, niñas y adolescentes constituyen la mayoría de la población desplazada, al representar 52 por ciento.
Un trabajo realizado por la estatal Defensoría del Pueblo indica que 17 por ciento de las 2.100 mujeres entrevistadas en 2008 admitieron que dejaron sus lugares de origen como consecuencia de agresiones y violencia sexual.
También señala que los informes de riesgo de violencia y explotación sexual en el Sistema de Alertas Temprana, montado por el gobierno, se duplicaron, por cuanto el porcentaje comparativo con 2007 aumentó en 69 por ciento al año siguiente.
Estadísticas oficiales indican que las personas desplazadas de sus hogares entre 1997 y febrero de 2009 llegaban a poco más de 2,9 millones de personas, cifra que Codhes considera parcial, pero que, "sin embargo, representa un verdadero drama social y humanitario para Colombia", según Rojas.
Codhes registra el desplazamiento de 4,6 millones de personas, casi un millón de familias en promedio, entre 1985 y 2008.
"Pero si el gobierno reconoce casi tres millones de personas desplazadas, en un proceso que ha sido lento y con presión de la Corte Constitucional, que ha exigido en los últimos años mayor claridad en el proceso de registro por parte del gobierno, creo que el mundo debe asombrarse de la magnitud de la crisis humanitaria en el país", precisó Rojas.
Agregó que "un alto porcentaje de este universo de víctimas sobreviven en condiciones críticas de pobreza, pero es evidente que algunas de estas personas no se consideran desplazadas porque superaron por sus propios medios la dura situación provocada por la violencia, mientras que otras pudieron salir del país en busca de protección, y otras más, fallecieron".
Los datos de Codhes incluyen que a partir de 2000 por lo menos 385.000 familias rurales abandonaron casi 5,5 millones de hectáreas, equivalentes a 10,8 por ciento del área para uso agropecuario del país, generando un lucro cesante que ascendería a 11,6 por ciento del producto interno bruto colombiano.
Las comunidades originarias ya soportan 13.500 personas desplazadas de sus lugares de origen, lo cual equivale a 3,5 por ciento de la población indígenas del país, un dato que marca que se "acelera su exterminio y fragmentación, como lo advirtió la Corte Constitucional al declarar en emergencia humanitaria 34 pueblos que sobreviven en las regiones más azotadas por la violencia", reza el informe.
Los desplazados provienen principalmente de Montes de María, sobre la Serranía de San Jacinto en los norteños departamentos de Sucre y Bolívar, del sureño Putumayo, del noroccidental Antioquia y el occidental Chocó.
"En Vichada (centro-oriente) y todo el sudeste del país se hace notoria la expansión del conflicto en todas sus formas, porque hay un reacomodamiento de actores con viejos métodos y nuevas tácticas. Hay presencia de muchos grupos armados, incluida la fuerza pública, que muestran cómo el conflicto sigue vigente", puntualizó Rojas.
Esta situación se atribuye a programas como el Plan Patriota y el Plan Colombia, de lucha antidrogas y contrainsurgente con apoyo de Washington.
"Por eso es necesario revisar el discurso frente al conflicto, porque negarlo es negar también a las víctimas y todo lo que pasa en Colombia. Es ir en contravía de los cambios democráticos que se imponen en América Latina", continuó el activista.
Codhes registra estadísticas desde 1995 en su Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, que, según se informó, desarrolla una metodología de contratación y verificación de fuentes nacionales y locales, sustentados a través de registros de prensa, informes de organizaciones de población desplazada y de grupos defensores de los derechos humanos.
Toma en cuenta también estudios de entidades académicas, organizaciones estatales, gobiernos locales y la Iglesia Católica, a lo que suma visitas en terreno realizadas por investigadores sociales de Codhes.
