Brasil vive una «segunda transición democrática» que crea ciertos «desequilibrios» institucionales, sostuvo el ministro de Justicia, Tarso Genro, para justificar recientes interferencias del Poder Judicial en asuntos legislativos y ejecutivos.
La Constitución de 1988 culminó la primera transición, de la dictadura militar a una "democracia formal", que con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado en 2003, está pasando a una "democracia sustancial", con una "cohesión social mínima" y participación social, evaluó el ministro en rueda de prensa con corresponsales extranjeros este jueves.
Los roces entre los tres poderes se deben a una "reestructura" de sus relaciones debido a esa transición, opinó. El "activismo" Supremo Tribunal Federal (STF), manifestado en la emisión de fallos que parecen invadir áreas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, responde a "vacíos jurídicos no llenados por el parlamento", explicó.
Pero las interferencias del STF (corte suprema de este país) afectan especialmente al Ministerio de Justicia, responsable de áreas como la Policía Federal, las extradiciones y la política indígena, algunos de los principales blancos de los altos magistrados en la actual gestión.
A la Policía Federal, acusada de actuar con innecesaria truculencia y realizar sus operaciones con espectacularidad, humillando a los detenidos, se le prohibió usar esposas si no hay riesgo de fuga o reacción violenta de la persona arrestada. También se buscó limitar las escuchas telefónicas con fines policiales, que se han multiplicado últimamente.
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El ministro Genro corre el riesgo de que se anule la decisión que adoptó el 13 de enero, concediendo asilo político al italiano Cesare Battisti, un ex militante de extrema izquierda condenado a cadena perpetua en su país por la acusación de haber cometido cuatro homicidios.
Battisti, convertido en escritor, vivió muchos años en Francia y estaba clandestino en Brasil desde 2004. En 2007 fue detenido y desde entonces aguarda una decisión sobre el pedido de extradición del gobierno de Italia.
El asilo, "una decisión soberana" basada en leyes y anteriores fallos judiciales brasileños, según Genro, pondría fin al proceso de extradición, pero el STF decidió examinar la cuestión, sin fijar plazos para su desenlace. El temor a la "persecución política" en su país, alegado por Battisti, tiene fundamentos, sostiene el ministro.
Las fuertes presiones de gobernantes italianos, incluyendo una agresiva declaración de que "Brasil tiene pocos juristas y muchas bailarinas", no debilitaron la convicción de Genro, que afirma contar con la opinión favorable de los más respetados jurisconsultos brasileños.
Si el STF otorga la extradición, anulando el asilo cuya concesión es prerrogativa legal del Ministerio de Justicia, "cambia la jurisprudencia y cae todo el armazón jurídico" relacionado al tema, que involucra el derecho internacional de los refugiados y cuestiones de soberanía, destacó el secretario de Estado.
El "activismo" del STF, instancia máxima de justicia y de interpretación y defensa de la Constitución, se refleja también en normas electorales y en condiciones impuestas a la demarcación de tierras indígenas, que, según los indigenistas, atropellan prerrogativas que la carta magna asegura al Poder Ejecutivo.
Las relaciones entre los poderes son "atípicas" en la actualidad, admitió Genro, pero corresponden a este momento de transición "que pasará". El Poder Ejecutivo debe evaluar esas actitudes del STF "con moderación", colaborando para "restaurar el equilibrio adecuado" más adelante, acotó.
El STF es el ámbito del "encuentro de la política con el derecho" y puede tender a una visión más política en algunos momentos, admitió.
Un avance hacia el equilibrio se logró el lunes, con la firma en Brasilia de un pacto entre los jefes de los tres poderes para acelerar la aprobación de algunas leyes, como la reforma política y otras que cohíben los abusos del poder de las autoridades y permiten al gobierno mayor eficacia en el cobro de deudas tributarias.
Pero alterar la legislación sobre las extradiciones, un reclamo del STF, no se incluyó en el llamado Segundo Pacto Republicano, que trata de superar los motivos de posibles conflictos entre los poderes. El primer pacto se firmó en 2004 y buena parte de las propuestas entonces acordadas aún siguen en trámite parlamentario.
La democracia brasileña está pasando de todas formas a una nueva fase, y ganan importancia las elecciones de octubre de 2010 en las que se renovará la Presidencia, 27 gobernaciones y escaños legislativos nacionales y estaduales, según el ministro de Justicia, un abogado e ideólogo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Todos los partidos ya tuvieron experiencias de gobierno, ya sea en el plano nacional, estadual o municipal, y por eso el debate electoral gana nuevos componentes, como la evaluación práctica de las gestiones de cada fuerza, argumentó.
