El ex jefe paramilitar y narcotraficante Diego Murillo, alias «Don Berna», declaró ante un tribunal estadounidense que dio respaldo y financió la primera campaña electoral del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en 2002.
El gerente de las dos campañas presidenciales de Uribe negó esa acusación.
"Don Berna" fue condenado este miércoles a 31 años y tres meses de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de dólares por importar cocaína a Estados Unidos.
Murillo, de 48 años, fue extraditado por Uribe el 13 de mayo del año pasado, junto con una decena de ex jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente disueltas en 2007, tras negociar su desmovilización con el gobierno entre 2003 y 2006. La justicia estadounidense los reclamaba por narcotráfico.
Durante la audiencia del proceso a Murillo, celebrado en un tribunal de Nueva York, una de sus abogadas leyó un documento en el que presentó a su defendido como víctima de la violencia comunista, como un patriota que quedó lisiado y sin embargo siguió trabajando por la comunidad.
[related_articles]
La abogada pidió al juez federal Richard Berman que, antes de imponer la pena, valorara que Murillo y las AUC contribuyeron a la campaña de Uribe y apoyaron sus aspiraciones.
Cuando la mujer terminó de leer la declaración, el juez le preguntó a Murillo si tenía alguna objeción a lo leído por su defensa, y él contestó que no.
A su vez, Murillo expresó que utilizar su dinero proveniente del narcotráfico fue "la única manera de contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas" en Colombia.
Este país vive un conflicto armado interno desde 1964, cuando se alzaron en armas guerrillas izquierdistas.
Murillo fue condenado a 375 meses de reclusión, por narcotráfico y distribución de drogas en las calles estadounidenses, cargos por los que fue pedido por la justicia de ese país.
Al finalizar el juicio, los abogados colombianos de la defensa de Murillo se acercaron a Iván Cepeda, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y le expresaron que "Don Berna" había pedido que en la declaración se explicitara su apoyo a Uribe.
También le anunciaron que Murillo está dispuesto a ampliar ante la justicia colombiana su declaración incriminando al presidente, que presentará pruebas, y que esperan que esto pueda hacerse lo más pronto posible.
En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dijo que la declaración de Murillo "es falsa".
Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostuvo que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria.
Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirmó.
A la hora 23:00 GMT de este miércoles, el gobierno colombiano no se había manifestado acerca de la declaración de Murillo.
La justicia estadounidense no aceptó escuchar el testimonio de ninguna víctima de "Don Berna".
En su momento, el gobierno colombiano prometió que las extradiciones no interferirían con los procesos adelantados bajo la ley 975, o de Justicia y Paz, destinada a facilitar las desmovilizaciones.
Para ello, según un acuerdo con las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia deben tramitar ante éstas la cooperación judicial.
Según la ley 975, bajo la cual se desmovilizó "Don Berna", la pena máxima por todos sus crímenes es de ocho años, a cambio de que confiese "la verdad completa", según determinó en mayo de 2006 la Corte Constitucional.
El acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Colombia establece que las penas impuestas por tribunales estadounidenses a ciudadanos colombianos no pueden superar los máximos nacionales.
El opositor Partido Liberal, a través de su portavoz, la senadora y precandidata presidencial Cecilia López, expresó preocupación por la declaración de Murillo. "Uno no puede hacer en este momento ningún juicio, pero necesitamos la verdad", señaló.
La declaración que implica a Uribe "es muy grave", dijo a IPS Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, fue "hecha ante una corte estadounidense, y no puede pasar desapercibida".
"El Estado colombiano tiene la obligación de abrir un proceso de investigación sobre las declaración que hace 'Don Berna' y que señala de manera abierta la financiación de la campaña del presidente de la Republica", añadió.
El fuero presidencial establece por Constitución que la Comisión de Acusaciones de la cámara baja del Poder Legislativo investiga al presidente, y lo acusa ante el Senado. Éste lo juzga y, si se trata de una conducta penal, pone al procesado a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Pero, actualmente, ambas cámaras legislativas tienen mayoría oficialista.
En todo caso, señaló Flórez, "también se tiene que avanzar en materia de justicia".
"Si es cierto, él ("Don Berna") tiene que mostrar las pruebas. Si no es cierto, que se aclare ante la sociedad que la campaña presidencial fue limpia y que no tuvo ninguna injerencia del narcotráfico", dijo. Por eso "hay que iniciar un proceso (judicial) que le permita a la sociedad conocer la verdad", estimó la defensora de derechos humanos.
Flórez expresó "preocupación porque no existen garantías en Estados Unidos para que se avance en materia de verdad. No oír a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia es parte de esa falta de garantías".
"Lo que le importa a Estados Unidos es simplemente el tema del narcotráfico", apuntó, "¿dónde queda entonces la reparación para las víctimas?".
En la negociación con el gobierno, Murillo se hacía llamar "Adolfo Paz", se presentaba como inspector general de las AUC y escribía a los periodistas criticando sus reportes.
Antes de comandar estructuras paramilitares acusadas de haber cometido miles de crímenes, "Don Berna" fue guerrillero de izquierda, del prácticamente extinguido Ejército Popular de Liberación (EPL), una escisión de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en los años 60.
En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín, cuya cabeza más visible fue ex extinto capo Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él.
"Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia".
Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.
Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias.
Luego de la desmovilización, algunos de los integrantes del Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley.
Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".
* Excluida su publicación en Italia.
