Fuerzas militares ocuparon este fin de semana los principales puertos y aeropuertos de Venezuela para asegurar el traspaso de su administración al gobierno nacional, bajo la protesta de un puñado de autoridades de estado opositores.
"Hemos comenzado el proceso de reversión de todo lo que significó desmembración de la unidad nacional, del territorio, de la soberanía", porque en gobiernos anteriores "se fracturó al país en pedazos", dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Se trata de la más vistosa medida para desmontar las facultades y recursos que durante dos décadas consiguieron los 23 estados y 330 municipios del país, en un proceso de vuelta a la centralización que comenzó inmediatamente después de que opositores ganaron importantes plazas en los comicios regionales del 23 de noviembre.
Los gobernadores, opuestos al chavismo, de cinco estados, incluidos los tres más poblados, "no vinieron a gobernar", advirtió el propio mandatario en su programa dominical de televisión titulado "Aló Presidente".
"Lo que quieren es la cabeza de Chávez y llaman a los militares, a la OEA (Organización de Estados Americanos) a que hagan algo. Bueno, se enfrentarán con nosotros", añadió.
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Agregó que "el país no se puede picar como una torta en pedacitos, (pues) es uno solo o no es nada. Aquí hay un solo presidente, no tres ni cuatro", y dijo que de su lado están "100 por ciento del pueblo, de la Fuerza Armada y 85 por ciento del poder regional".
Los estados en manos opositoras son el noroccidental Zulia, rico en petróleo, los norteños Carabobo y Miranda, de gran desarrollo industrial, el sudoccidental Táchira, en la frontera con Colombia, y el insular Nueva Esparta, más la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que comprende municipios de Miranda, con gobierno opositor, y el Distrito Capital, a cargo del oficialismo.
La Alcaldía Metropolitana fue despojada de la televisora pública regional, del manejo de escuelas, hospitales, jefaturas de parroquias (que expiden documentos sobre actos civiles), competencias en obras públicas y vialidad, y sólo conserva los bomberos. La Policía Metropolitana ya había vuelto a la jurisdicción del Poder Ejecutivo antes de las elecciones.
"Este es un país bizarro", dijo en una entrevista con IPS el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.
"En otros países los presidentes más bien tratan de descargar tareas en las autoridades regionales o municipales. Aquí incluso se bloquean y sabotean unas simples medidas para aliviar un poco el pesado tránsito caraqueño", indicó.
El gobierno prohibió a Ledezma dictar medidas de "pico y placa", que restringiesen la circulación de autos en Caracas a ciertas horas en algunas vías. La ciudad, sobre un angosto valle erizado de cerros y con pocas vías, por las que cruzan diariamente dos millones de vehículos, registra una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora.
Cuando el diferendo llegó al Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno ganó el caso y los jueces prohibieron a Ledezma incluso que abogase por una restricción voluntaria de parte de los automovilistas.
"El poder central está decidido a bloquear todas las iniciativas que puedan tomar gobernadores o alcaldes opositores y que les permitan mostrar que pueden ser eficientes. Es como si el presidente estuviera ya en campaña para las elecciones de 2012", observó el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles.
Cuando Capriles habilitó un canal de contraflujo en ciertas horas para el transporte público por la autopista que une Caracas con la ciudad-dormitorio de Guarenas, la Guardia Nacional se interpuso, pero debió ceder ante la furia de transportistas y pasajeros que amenazaban con bloquear la vía.
"Si embargo, algunas veces pesados camiones, incluso algunos de alcaldías en manos del oficialismo, simulan accidentarse en esas vías para mostrar la ineficacia de la medida. Son cosas de no creer, de un mundo bizarro", acusó Ledezma.
En su opinión, "lo que se está viviendo es la reconcentración del poder en una sola persona, un regreso a tiempos que creíamos superados, y con lo que en definitiva quien pierde es el pueblo, que tiene derecho a un manejo más cercano de los recursos para tener mejores escuelas, hospitales, carreteras o aeropuertos".
Según la Constitución, "es de la competencia exclusiva de los estados la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Poder Ejecutivo Nacional".
A pedido de Chávez, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de 167 diputados, de los que 156 responden al presidente) modificó hace una semana la Ley de Descentralización, dictada por la Asamblea Constituyente que redactó la vigente ley fundamental aprobada en 1999, para facilitar la reversión de competencias o atribuciones en manos de las gobernaciones.
Los gobernadores oficialistas respaldaron la reforma en un documento de rechazo a "la ideología neoliberal destinada a imponer el desmembramiento de los estados nacionales por la vía de despojarlos de sus facultades, fragmentándolos territorialmente".
"Eso se tradujo en políticas públicas bajo el manto de la descentralización administrativa neoliberal, que distorsionaron la gestión de infraestructura de servicios públicos como autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos", dijo a nombre del grupo Tarek Saab, gobernador del oriental estado de Anzoátegui.
Mientras la Asamblea consideraba la reforma legal, Chávez ordenó a la Fuerza Armada activar planes para ocupar puertos y aeropuertos en estados con gobernadores opositores.
"Vamos a defender Puerto Cabello (el segundo en importancia del país y ubicado 150 kilómetros al noroeste de Caracas) como un recurso del pueblo de Carabobo", dijo el gobernador de la entidad, el independiente Henrique Salas, quien interpuso una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia.
"Que se busque un ejército, porque vamos a ejecutar la operación Pollo Frito (Salas es apodado "Pollo"). Que chillen cuanto quieran, o vayan a la OEA o donde sea, pero esos puertos y aeropuertos pasarán al poder nacional", replicó Chávez.
Trino Márquez, quien en 1993 fue ministro para la descentralización, dijo a IPS que "la embestida de Chávez contra la descentralización forma parte de la destrucción de la democracia como la plantea la Constitución de 1999, y por la construcción de un comunismo del siglo XXI del modo como lo plantea Norberto Ceresole".
Ceresole (1943-2003) fue un sociólogo argentino, amigo y consejero de Chávez antes de que éste llegase al poder en 1999. Ese año, en su opúsculo "Caudillo, ejército, pueblo" abogó por concentrar y ejercer el poder que en Venezuela "se generó por la acción de tres y sólo tres factores: el pueblo que señala y "ordena" a un Caudillo, y los Ejércitos que se subordinan a esta orden y se colocan —mayoritariamente y por íntima convicción— como escudo protector de una nueva dinámica histórica".
Mientras se ocupaban puertos y aeropuertos, la Fiscalía general pidió a un juez de Maracaibo, capital de Zulia, el estado más rico y poblado del país, que encarcele al alcalde y ex gobernador, Manuel Rosales, quien además fue el contendiente perdidoso de Chávez en las elecciones presidenciales de 2006.
Rosales fue acusado de poseer en Miami propiedades presuntamente mal habidas y de entregar, sin cumplir todos los requisitos legales, una vieja camioneta de la gobernación a un ex jefe policial que pasaba a jubilación.
"Son acusaciones falsas. Voy a enfrentar a Chávez en todos los terrenos, porque se trata de un cobarde que se ampara en los jueces y en los pantalones de los militares. El pueblo del Zulia está cansado de tanta mentira y se va a alzar", dijo Rosales en un mitin con decenas de miles de partidarios realizado el 20 de marzo en Maracaibo.
La siguiente madrugada, unidades militares irrumpieron en el edificio administrativo del puerto de Maracaibo y Chávez anunció que sendas corporaciones nacionales manejarán en lo sucesivo los puertos y aeropuertos del país.
"No movilizamos nuestro pueblo porque queremos actuar de manera responsable, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante esta patada contra la Constitución", dijo el presidente de la legislatura regional, Eliseo Fermín, un seguidor de Rosales.
"Es absolutamente anormal que un presidente ordene mover fragatas, unidades artilladas y helicópteros para quitarle atribuciones y recursos a las regiones y envilecer la democracia y el voto, porque ¿de qué le vale a un pueblo elegir sus autoridades si después no se respeta el resultado?", se interrogó Ledezma.
