Las mujeres y los inmigrantes son los sectores que más sufren en España las consecuencias de la depresión económica y financiera que castiga al mundo.
Las mujeres se ven afectadas sobre todo por las condiciones laborales que imponen las empresas y que son para muchas incompatibles con sus cargas de atención a las familias.
La población inmigrante, hombres o mujeres, soportan en gran medida el desempleo del sector informal de la economía, sobre todo en la construcción, y quienes no tienen papeles de residencia están impedidos de garantías como el subsidio por desempleo o la indemnización por despido improcedente.
Una investigación realizada por tres fundaciones apoyadas por el Ministerio de Educación concluye que el motivo principal por el que muchas mujeres no pueden ejercer una actividad remunerada es por no encontrar un empleo que les permita atender a sus familias.
La Unión Europea está estudiando una iniciativa legal que garantice un permiso por maternidad con al menos el cobro de 18 semanas de licencia y el mantenimiento del puesto de trabajo. El proyecto ya recibió el rechazo de las patronales del bloque, agrupadas en Business Europe, bajo el argumento de que retrasaría la salida de la crisis económica.
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El secretario general de la española Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, dijo a IPS que es indispensable buscar procedimientos que garanticen un equilibrio razonable entre la flexibilidad demandada por los trabajadores y trabajadoras y las empresas.
Esa flexibilidad debe garantizar "la presencia sindical en la negociación de los tiempos de trabajo y promover la reducción de la jornada laboral respetando los derechos de los trabajadores", dijo.
En España, y en alguna medida en el resto de Europa, el crecimiento económico de las dos últimas décadas abrió puertas a la inmigración. En este país, los inmigrantes eran en 2008 seis por ciento de los 45 millones de habitantes, según un estudio del estatal Instituto de la Juventud (Injuve).
Ese informe, que incluye encuestas a jóvenes, señala también que los inmigrantes fueron un factor clave para el desarrollo económico.
Aunque dos terceras partes de los jóvenes encuestados por el Injuve consideraron que la cantidad de inmigrantes era excesiva, 70 por ciento aseguraron que en su grupo de amigos había alguna persona extranjera.
La paraguaya Lilia Noemí Villalba, quien reside y trabaja en España autorizada desde hace cuatro años por las autoridades, viajó a fines de febrero a su país y de regreso trajo consigo a uno de sus hijos, Guillermo, de 17 años, para que se quedase con ella unas semanas.
Al llegar al aeropuerto madrileño de Barajas, las autoridades migratorias impidieron el ingreso del joven, lo mantuvieron retenido durante unas horas y lo embarcaron de regreso a su país.
Villalba dijo a la prensa que ni siquiera le permitieron estar junto a su hijo, aunque es menor de edad, y se quejó por la pérdida del dinero que ahorró durante meses para poder tener un tiempo a Guillermo a su lado. Muchas otras personas han denunciado situaciones parecidas.
También son inmigrantes la mayoría de quienes hacen largas filas en busca de trabajo. Un ejemplo es la plaza Elíptica, de Madrid, donde centenares de personas, sobre todo sudafricanos, marroquíes y latinoamericanos, esperan la llegada de vehículos enviados por empresarios que buscan mano de obra barata.
IPS conversó allí con varios de los que esperan. Mariano García, por ejemplo, acaba de terminar dos meses y 17 días de labor con una empresa que lo contactó en ese mismo lugar. Al despedirlo sólo le pagó dos salarios mensuales, omitiendo los otros jornales y la indemnización.
"No pude denunciarlos porque no podía demostrar que tuviera un contrato ni que hubiera realizado el trabajo", dijo García, quien sin embargo tiene permiso de residencia.
La situación de los extranjeros indocumentados es aún peor. A fines de febrero se supo que una comisaría de Madrid había instruido por escrito a sus agentes para que arrestaran a todos los inmigrantes sin papeles, fijándoles un cupo mínimo por día.
Para cumplir la orden, los policías debían detener personas en la calle, guiándose por su apariencia, color de piel y forma de hablar, y pedirles sus documentos.
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España repudió esa práctica y pidió al Ministerio del Interior que asumiera responsabilidades ante "actuaciones intolerables en un Estado de derecho como es el español". Pocos días después, el gobierno anuló la orden policial.
La Federación Panafricanista de España puntualizó que 67 por ciento de las personas inmigrantes expulsadas en los últimos años son negras y denunció que esa comunidad "está sometida a un acoso policial constante".
Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales reclaman que la reforma de la Ley de Extranjería, en trámite parlamentario, no incorpore nuevas restricciones, sino que elimine varias de las vigentes, y que establezca una protección eficaz a la violencia de género y la trata de seres humanos.
"La crisis económica no puede servir de excusa para dar un paso atrás en la protección de los derechos humanos", dijo a IPS, el dirigente de la filial española de Amnistía Internacional, Alberto Estévez.
