Su militancia contra el racismo, en los sindicatos y en el partido gobernante en Sudáfrica no libraron a Patricia de Lille de los ataques que sufrió tras atribuirle visos de corrupción a una operación de compra de armas.
El comprador: el gobierno de Sudáfrica. Los vendedores: fabricantes de armas de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Suecia.
Las autoridades alemanas y británicas investigaron esos contratos. El dirigente del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) Jacob Zuma, candidato presidencial para las elecciones del 22 de abril, fue acusado de fraude, actividades mafiosas, lavado de dinero y evasión fiscal.
La demanda presume que Zuma exigió un soborno a la fabricante francesa Thales/Thint, la cual también está en el banquillo.
Zuma y el CNA intentaron por todos los medios descarrilar la demanda, incluso una apelación —aún pendiente— a un fallo de la justicia de Mauricio.
[related_articles]
Las acciones del partido debilitaron las instituciones democráticas, según De Lille.
Schabir Shaik, amigo de Zuma y su ex asesor financiero, fue liberado por motivos médicos, tras haber cumplido apenas 28 meses de una condena a 15 años de prisión, en un veredicto también implicó a Zuma.
Pero todo indica que Shaik, quien pasó la mayor parte de su condena en un hospital, no sufre ninguna enfermedad terminal, como sugiere el beneficio.
De Lille exigió una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon a la liberación de Shaik. Ahora dirige el opositor partido Demócratas Independientes (ID), tras romper con el Congreso PanAfricanista, otra organización que luchó contra el apartheid.
IPS dialogó con De Lille sobre la amenaza de que los intentos por encubrir actos de corrupción supone para la consolidación de la democracia sudafricana, conquistada hace apenas 15 años, tras el fin del apartheid (sistema de discriminación racial institucionalizada contra la mayoría negra).
IPS: ¿El escándalo por los contratos de compraventa de armas fue un punto de inflexión en el desarrollo de la democracia sudafricana?
PATRICIA DE LILLE: Sin dudas. Los valores que nos impulsaban en la lucha contra el apartheid quedaron hechos añicos, así como la esperanza que teníamos en los nuevos líderes., que se habían olvidado de la redistribución de la riqueza y del desarrollo del país. En cambio, se concentraron en una lista de compra de armas.
Sí, hubo una necesidad de transformar a las fuerzas armadas para que representara mejor a toda la población del país. Pero en vez de equiparla con armamento adecuado, los políticos compraron equipamiento prohibitivo, que incluyó 24 aviones de combate Hawk comprados a un proveedor británico y por los que pagamos el triple de lo que valían.
Poco resultó de las prometidas transacciones de compensación (a las penurias sufridas por los negros durante el apartheid), que tenían el objetivo de atraer a Sudáfrica inversiones por 11.000 millones de dólares y crear 65.000 empleos.
Cuando alerté sobre el acuerdo en 1999, el entonces presidente Thabo Mbeki (1999-2008) y varios ministros me atacaron en la televisión nacional. Me llamaron "contrarrevolucionaria" y recibí amenazas de muerte.
Luego de dos años, la verdad comenzó a surgir lentamente, pero el CNA niega aún hoy las acusaciones de corrupción.
IPS: ¿Cómo afectó a Sudáfrica el tratado de compra de armas?
DE LILLE: La caída de Mbeki, la reciente división en el CNA, la formación del Congreso del Pueblo (escindido del oficialismo) y el aumento de la corrupción en Sudáfrica se vinculan con ese acuerdo, que impactó en todos los niveles de la sociedad.
La liberación de Schabir Shaik estuvo bien planeada. El ministro de Servicios Correccionales esperó hasta que el parlamento estuviera en receso para liberarlo.
Cuando di la voz de alerta en los años 90, dejé en claro que no creía que todos en el gobierno fueran corruptos, pero advertí que era preciso actuar para librar al gobierno de las manzanas podridas.
IPS: ¿Cómo debería haber manejado el gobierno el escándalo de las armas?
DE LILLE: Debería haber admitido desde el comienzo que había corrupción, y la debió investigar. Pero creo en nuestro sistema judicial, en nuestros jueces independientes y en nuestra maravillosa Constitución. Si el gobierno no quiere hacer cambios, de todos modos podemos poner en marcha mecanismos que protejan el régimen de derecho.
IPS: ¿Qué pasos dio usted para hacer que los corruptos rindieran cuentas?
DE LILLE: Desde que di la voz de alerta, Shaik y el jefe del grupo de diputados Tony Yengeni fueron llevados a juicio. Las acusaciones que condujeron a sus juicios y la de Zuma constaban en lo que se conoció como el "Dossier De Lille".
También interpuse acciones judiciales privadas contra 27 personas que compraron automóviles a bajo precio en el marco del acuerdo de compraventa de armas. El CNA continúa con su encubrimiento masivo, pero habrá más juicios y e ID se asegurará de que toda la verdad salga a la luz.
La víctima más encumbrada fue Mbeki. El CNA lo destituyó a raíz del veredicto de (Chris) Nicholson (juez de la Alta Corte que en septiembre de 2008 desestimó cargos de corrupción contra Zuma alegando razones de procedimiento, dictamen que fue revocado por el Supremo Tribunal de Apelaciones en enero de este año).
Pero esto no se trata sólo del acuerdo. En el ID creemos que mediante la corrupción en general se les está robando mucho dinero a los contribuyentes y a los pobres.
IPS: El CNA fue acusado de perseguir a la Autoridad Nacional de Juicios (NPA) y a su unidad de investigaciones, los Escorpiones, a causa del proceso judicial de Zuma y otros. Desde entonces, los Escorpiones se disolvieron y el líder de la NPA fue despedido. ¿Cuál es su punto de vista?
DE LILLE: Con el paso de los años, la NPA denunció favoritismos. Pienso que es justo preguntar por qué tantos compinches de Mbeki eludieron los juicios por su rol en el tratado armamentista.
IPS: ¿Cómo impactaron en la democracia sudafricana el escándalo por ese acuerdo y los problemas en la NPA?
DE LILLE: Los intentos del CNA de encubrir la corrupción amenazaron principios fundamentales, como la separación de poderes y la independencia del Judicial. Los esfuerzos del partido por garantizar que Zuma no enfrentara a la justicia debilitaron nuestra capacidad de combatir el crimen.
Es frustrante que no se pueda hacer nada, que Zuma se postule a la presidencia mientras hay una demanda judicial pendiente y cargos de corrupción contra él. Cada partido puede designar a su propio candidato, así que legalmente no hay nada malo, pero hay un problema ético. Él mismo debería retirar su candidatura presidencial.
Pero confío en que nuestro pueblo castigará al partido gobernante en las elecciones de abril.
