Cuando falta un mes para la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, organizaciones sociales alertaron sobre el incumplimiento de acuerdos alcanzados en estos foros en materia de acceso a la información, libertad de expresión, descentralización y participación de la sociedad civil.
"La principal conclusión del estudio es que la mayoría de los gobiernos muestran retrocesos, es decir, han impulsado acciones concretas que van en contra de los compromisos suscritos" en las cumbres, dijo a IPS Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de la no gubernamental Corporación Participa de Chile, entidad que lideró la elaboración del primer Índice de Compromiso Gubernamental de los Mandatos de las Cumbres.
"El segundo resultado que también es muy relevante, y grave, tiene que ver con el mandato de la libertad de expresión. Ahí hay un retroceso importante. Las amenazas, la censura, las presiones que terminan en autocensura e incluso los asesinatos de periodistas siguen siendo una realidad en esta región", agregó Sanhueza, luego de presentar el indicador en un seminario realizado en Santiago.
La Cumbre es un foro de debate multilateral que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), todos excepto Cuba suspendida de ese foro continental.
Hasta ahora se han celebrado cuatro de estas reuniones, en 1994 en Estados Unidos, en 1998 en Chile, en 2001 en Canadá y en 2005 en Argentina, más dos encuentros extraordinarios, en 1996 en Bolivia y en 2004 en México. La V Cumbre tendrá lugar del 17 al 19 de abril en Puerto España.
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El primer Índice de Compromiso Gubernamental fue elaborado por la Red Ciudadana Democracia Activa, que desde 1997 reúne a organizaciones de la sociedad civil de 21 países del continente. El instrumento analiza las acciones realizadas en el periodo 2006-2008.
Los encargados de coordinar el estudio, que fue presentado a principios de este mes ante la asamblea ordinaria de la OEA en Washington y el jueves analizado en el seminario de Santiago, fueron la Corporación Participa y el no gubernamental Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp).
"¿Por qué quisimos hacer esto? Porque es muy importante que la gente sepa que las Cumbres de las Américas son instancias importantes, no es sólo la foto que sale en el diario, sino que ahí se deciden temas políticos para nuestra región y éstos no pueden quedar en letra muerta", planteó Sanhueza.
Para elaborar el Índice, se solicitaron informes a los gobiernos y otras fuentes oficiales y se convocaron a expertos y expertas, líderes de opinión y representantes de organizaciones no gubernamentales para que compartieran sus percepciones.
El puntaje más alto, +3, se les asignó a los gobiernos que implementaron acciones concretas y útiles para lograr el compromiso adquirido. Por el contrario, la nota -3, la más baja, señala a los que llevaron a cabo políticas que fueron en contra del mandato. El cero representa la inacción.
De los 21 países analizados, 12 de ellos tienen un índice inferior a cero.
Los países que presentan avances son Uruguay (0,86), Guatemala (0,72), Chile (0,59), Barbados (0,59), Jamaica (0,53), Colombia (0,26), Bolivia (0,24), República Dominicana (0,24) y Granada (0,14).
Por el contrario, los países que muestran dificultades son Venezuela (-0,85), Nicaragua (-0,75), Perú (-0,70), El Salvador (-0,57), Paraguay (-0,36), Honduras (-0,24), Canadá (-0,14), Costa Rica (-0,17), Ecuador (-0,14), México (-0,09), Argentina (-0,05) y Trinidad y Tobago (-0,01).
El Índice no es un ranking, precisó Sanhueza, puesto que el punto de partida de cada país es distinto. El instrumento sólo mide cuánto avanzaron o retrocedieron los países en el periodo señalado, apuntó.
Por ejemplo, dentro del grupo estudiado, Canadá es el país más adelantado en términos de descentralización, pero entre 2006 y 2008 no mostró nuevos progresos, según las organizaciones de la sociedad civil consultadas en ese país.
Al analizar la situación del acceso a la información pública, el estudio detectó que varios países ni siquiera han debatido sobre la necesidad de contar con una ley que garantice este derecho.
En este ámbito, se destacó positivamente el caso de Chile, donde el 20 de abril comenzará a regir una normativa que obligará al Poder Ejecutivo a entregar toda la información que requieran los ciudadanos.
Según Sanhueza, también es posible observar "ausencia, desactualización y cierre de portales virtuales de información pública" y falta de transparencia en materia de financiamiento y gasto electoral.
En cuanto a la descentralización, las organizaciones de la sociedad civil observaron recortes presupuestos a los gobiernos locales y transferencia de competencias desde éstos a los gobiernos centrales.
En materia de libertad de expresión, aún son numerosos los obstáculos que deben enfrentar los periodistas para hacer su trabajo y hay una tendencia generalizada a la concentración de propiedad de los medios de comunicación, plantea el estudio.
Sobre el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, Sanhueza señaló que existe una insuficiente legislación al respecto y que son comunes las represiones a manifestaciones no violentas de la ciudadanía.
Las cuatro áreas también fueron analizadas desde una perspectiva de género.
Según la activista, la percepción del cumplimiento de los acuerdos relacionados con los derechos de las mujeres es menor que la percepción relativa al total de mandatos: -0,06 versus 0,01.
Aunque los expositores y asistentes al seminario efectuado en Santiago valoraron enormemente la iniciativa de la Red Democracia Activa, lamentaron sus limitaciones, puesto que el Índice sólo mide la realización o no de acciones concretas por parte de los gobiernos, pero no se hace cargo de su impacto y efectividad.
Por ejemplo, la utilización de portales de Internet para informar a la población es una medida necesaria, pero insuficiente si consideramos la brecha digital entre ricos y pobres que impera en los países de la región.
De igual forma, es difícil que las leyes de acceso a la información cumplan cabalmente con su objetivo si no se promueve la utilización de este instrumento entre la población, alertaron.
También se cuestionaron los alcances de los propios compromisos suscritos por los mandatarios, algunos considerados demasiado generales y poco ambiciosos.
Al considerar éstas y otras restricciones, en el seminario se dejó entrever que las conclusiones del estudio de la Red Democracia Activa podrían ser hasta benévolos con los gobiernos.
La Red Democracia Activa presentará nuevamente el informe en la cumbre de Trinidad y Tobago. Pero las expectativas no son muchas.
"Esta cumbre ha sido un retroceso desde todo punto de vista. Por ejemplo, en la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que estuvo bastante garantizada en las anteriores y ahora ha estado bastante restrictiva. Además, el borrador de la declaración es mucho más débil", concluyó Sanhueza.
