El pantano de violencia mexicano, con asesinatos a granel, narcotraficantes avezados, policías corruptos y alto grado de lavado de dinero, es en gran parte cosecha de complicidades oficiales y debilidades institucionales gestadas y toleradas por décadas, afirman investigadores.
La violencia asociada a la lucha contra y entre narcotraficantes se agrava. Ya son más de 1.000 los asesinados en lo que va de este año, y más de 6.500 desde enero de 2008. Entre los muertos hay 120 niños y bebés, decenas de policías, militares y algunas autoridades. Muchas víctimas fueron decapitadas, torturadas, quemadas o desintegradas en ácido.
La violencia que vive México "no es de generación espontánea, es consecuencia de un pasado en el que se permitió crecer al narcotráfico, se lo toleró con la idea de no generar problemas y dejar el asunto para luego, para el que viene", dijo a IPS Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
¿Pero por qué explotó el problema ahora? Para Luis Rubio, director del no gubernamental Centro de Investigación para el Desarrollo, por la decisión, "con estrategias malas o buenas", del gobierno del conservador Felipe Calderón de retomar para el Estado el control de zonas donde el crimen mandaba.
Desde que Calderón asumió el mando, miles de soldados ejercen el papel de policías y se desplazan a los lugares de mayor presencia del narcotráfico.
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Además, fueron arrestados importantes jefes de las mafias, y extraditados a Estados Unidos varios que ya cumplían penas en prisiones nacionales, se ejecutaron purgas en los cuerpos policiales que dependen del gobierno federal y se alentaron medidas similares en las policías estaduales y municipales, las más numerosas.
Según el gobierno, seis de cada 10 policías municipales, que son nombrados por los ayuntamientos y dependen de ellos, y cinco de cada 10 ingresados a la policía federal "no son recomendables".
Además, uno de cada dos policías de los 56.000 evaluados en 2007 y 2008 reprobó los exámenes realizados por el oficial Centro de Control y Confianza.
En México hay unos 412.000 policías repartidos en 1.600 cuerpos, cada cual con un mando propio. Casi la mitad de los agentes apenas terminaron la educación secundaria.
El año pasado, un promedio mensual de 426 policías de diferentes rangos fueron destituidos o arrestados por sus nexos con el crimen organizado, entre ellos el ex jefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el jefe de la Interpol y el coordinador de la policía federal.
Para el historiador Lorenzo Meyer, del Colegio de México, la "mayor culpa" de haber permitido crecer al crimen organizado y deteriorar a tal grado las instituciones policiales recae en "quienes debieron y pudieron atacar el problema en sus orígenes: el régimen de la posrevolución mexicana".
Meyer se refiere a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder entre 1929 y 2000, sin mayores contrapesos institucionales.
Los problemas del tráfico de drogas y la complicidad de las autoridades datan de hace más de 70 años.
En 1939, el jefe de la policía de narcóticos del entonces llamado Departamento de Salubridad Pública, Luis Huesca, fue encarcelado y acusado de vender drogas decomisadas y de proteger a traficantes, señala en un libro el investigador Luis Astorga, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En una columna en el diario Reforma, Meyer retoma ese dato y recuerda que ya en 1945 el Departamento del Tesoro estadounidense aseguraba que Irán, India y México eran los principales proveedores del opio consumido en ese país vecino.
En esos años Washington estaba convencido de que quien gobernaba el occidental estado de Sinaloa, Rodolfo Loaiza, formaba parte de redes de tráfico de drogas, así como gente cercana al entonces presidente de México, Miguel Alemán (1946-52).
"Para los años 1940 ya estaban presentes todas las características del narcotráfico mexicano actual, aunque en una escala muy menor. El problema parecía controlable, y eso fue lo que hizo el régimen priísta: lo controló, no lo resolvió", sostiene Meyer.
Al cambiar el gobierno en 2000 con el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN), "lo que quedaba del control priísta se perdió, el panismo no supo o no quiso actuar entonces a fondo y el problema le ha estallado ahora", sostiene Meyer.
Calderón, del PAN y sucesor de su correligionario Vicente Fox (2000-2006), ha dicho que no cederá a los narcotraficantes y que su estrategia tomará mucho tiempo y vidas.
"Ciertamente esto será muy largo pues el poder que adquirieron los narcotraficantes en inmenso", dice Chabat.
La estrategia del gobierno tiene como puntal el despliegue de miles de soldados y de agentes federales en los sitios más conflictivos del país. También se ejecutan acciones que apuntan a fortalecer a la policía y reformar la administración de justicia, y se llevan a cabo algunas tareas de prevención.
Pero José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a IPS que el acento mayúsculo en las estrategias represivas es necesario pero no suficiente.
Faltan labores de inteligencia, persecución al lavado de dinero, prevención de consumo de drogas y una tarea profunda con los jóvenes y sectores pobres en materia de desarrollo social y educación, señaló.
El Informe Internacional sobre la Estrategia de Fiscalización de Estupefacientes 2009, divulgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a fines de febrero, indica que en México circulan unos 10.000 millones de dólares del narcotráfico y que de ese monto las autoridades sólo logran detectar el uno por ciento.
Si bien el documento reconoce a Calderón haber dado lo que llama una lucha "sin precedentes contra el narcotráfico", advierte que persisten "altos niveles de corrupción y desorden en materia de seguridad".
El informe precisa que la Unidad Especial de Delitos Financieros de la Procuraduría de México (fiscalía) no puede acotar el lavado de dinero por "la falta de personal de campo, que incluye escasez de investigadores, fiscales, auditores y de recursos monetarios, a lo que se suma la falta de una moderna base de datos, y de equipamiento tecnológico".
La cantidad de dinero del narcotráfico que es lavado en México es materia de debate. Cada movimiento superior a 10.000 dólares es reportado a las autoridades, lo que no significa que necesariamente será investigado.
En 2006, Washington estimaba que el lavado de dinero en México ascendía a 24.000 millones de dólares anuales.
En cambio, el estatal Instituto Nacional de Ciencias Penales de México habla de entre 3.000 y 7.000 millones de dólares anuales.
De todas formas son cantidades pequeñas compradas con el producto interno bruto mexicano, de 800.000 millones de dólares.
