El ambiente político en Honduras se encrespó con la decisión del gobierno de Manuel Zelaya de convocar una consulta popular a fines de junio para que la ciudadanía decida si quiere o no reformar la Constitución. La oposición cree que es para imponer la reelección presidencial.
En la consulta la pregunta excluyente será si está a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para hacer cambios en la ley fundamental. Tras el anuncio se dispararon las alarmas en filas de la oposición y entre analistas, quienes advierten que esta convocatoria es improcedente legalmente y que se estaría ante lo que llaman un golpe de Estado "técnico".
Sin embargo, el presidente Zelaya asegura que no busca la reelección, expresamente prohibida en Honduras, sino "refundar" la nación mediante una Asamblea que cambie las reglas de juego del sistema político, dando a la población la potestad de ejercer las consultas para aprobar cambios pertinentes en la forma de gobierno "con mayor equidad y participación ciudadana".
Sostiene, además, que el modelo neoliberal capitalista "ha colapsado" y, por tanto, "que el país amerita regirse por nuevas formas de gobierno, reglas más claras y justas que conlleven a la equidad, y para eso se necesita una nueva Constitución acorde a las nuevas demandas sociales".
Zelaya llegó a la presidencia de Honduras de la mano de su Partido Liberal, de centroderecha, pero le imprimió al gobierno poco después de asumir un sesgo populista que le generó resistencia entre líderes correligionarios. Lo acompañan en la gestión algunos adherentes a la izquierda en el pasado.
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Expertos consultados por IPS indican que Zelaya, quien está a punto de concluir su último año de mandato, lanzó su propuesta desafiando dos preceptos: uno es que se prohíben reformas en año electoral y el otro es que promover o difundir cambios en la forma de gobierno está tipificado como delito de traición a la patria. Los comicios generales se realizarán en noviembre.
Otro aspecto que calienta el debate es la convocatoria a una "consulta popular", puesto que en la Constitución en vigor desde 1982 sólo están contemplados el plebiscito y el referéndum, que además necesitan aún de una legislación para definir su regulación y ejecución.
Ambas figuras sólo serán invocadas en aspectos de interés nacional, exceptuando las reformas a los llamados "artículos pétreos" o inamovibles, que prohíben el continuismo y la reelección. Hasta ahora, ninguna de esas figuras ha podido ser invocada porque el Congreso legislativo no ha aprobado la norma reglamentaria pertinente.
Conforme a la ley, la convocatoria al plebiscito y referéndum son exclusivas del Tribunal Supremo Electoral, en tanto que cualquier cambio en la Constitución es potestad del parlamento.
No obstante, Zelaya obvió esos pasos argumentando que no se debe poner frenos a la consulta popular y que la convocatoria para junio, en donde piensa colocar unas 10.000 urnas en todo el país, es una potestad que le asiste "como un mecanismo de tipo administrativo". Por ello se ha previsto que el organismo organizador del acto sea el Instituto Nacional de Estadísticas.
"Aquí todo el mundo hace encuestas, ¿por qué no puedo hacerlas yo? Si el pueblo vota por el sí a la Constituyente, ésta se instalará sólo en 2010, y yo ya me voy no sé a qué le tienen miedo", agregó, en respuesta así de que en definitiva la conformación de la Asamblea no se haría en año electoral.
El fiscal general del Estado, Luís Rubí, ya hizo pública la posición de esa dependencia al argumentar que la convocatoria a una consulta popular es ilegal, tras advertir que de continuar en este proceso el Poder Ejecutivo y sus funcionarios incurren en figuras delictivas que obligarán a emitir requerimientos ante la justicia.
A su vez, el presidente del Congreso, el también liberal Roberto Micheletti, acusó a Zelaya de querer desestabilizar el país y poner una cortina de humo sobre los problemas principales existentes en el país, como la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica, ante los cuales no existe una propuesta desde el gobierno para afrontarlos.
"No vamos a permitir que, producto de una embriaguez alcohólica o de droga, tres o cuatro funcionarios quieran cambiar la forma de gobierno; nosotros no nos vamos a prestar a violar la Constitución y debilitar la democracia que tanto ha costado", dijo molesto y desafiante Micheletti, quien mantiene desde hace dos años constantes y fuertes enfrentamientos con su correligionario en la presidencia.
Las advertencias del fiscal general y el lenguaje de Micheletti llevaron a Zelaya a también perder la compostura y emitir epítetos denigrantes contra el líder parlamentario, a quien acusó de estar al servicio del "capitalismo salvaje".
La consulta popular "va, le pese a quien le pese, nadie la detiene y la estamos socializando fuertemente con todos los sectores sociales y populares del país", acotó.
El analista político Germán Leitzelar afirmó a IPS que se está "a las puertas de un golpe técnico en donde poco a poco se van conformando las intenciones continuistas de Zelaya".
El mandatario "sabe que si la consulta se hace y se aprueba la Constituyente, inmediatamente puede suspender todos los poderes y cancelar las elecciones de noviembre próximo, (por eso creo que) el gobernante está jugando con fuego", sentenció en alusión a la fuerza política que le daría un voto ampliamente favorable por la conformación de una Asamblea Constituyente.
En los mismos términos se expresó el dirigente político de oposición, Olban Valladares, al indicar a IPS que "vienen tiempos difíciles".
"Estamos a las puertas de un fujimorazo como en Perú", dijo Valladares, en referencia al golpe de Estados de 1992 cuando el presidente constitucional Alberto Fujimori disolvió el parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas.
"Amparado en los recursos de la Alternativa Bolivariana (para los Pueblos de Nuestra América, el bloque conformado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela), Zelaya está convenciendo conciencias de líderes populares y humanitarios con falsas promesas. Estamos por ver qué tanto quiere y defiende el pueblo a su democracia", añadió.
Ex aspirante presidencial en la década del 90 por el socialdemócrata Partido de Innovación y Unidad (PINU-SD), Valladares sostiene que las "amenazas" del gobernante "ya no son simples locuras, como creíamos en principio, (pues) ahora sus más cercanos asesores, entre ellos la canciller (Patricia Rodas) ya habló al señalar que el pueblo puede reelegir a Zelaya por el tiempo que sea".
Tras la convocatoria a la consulta popular, las posiciones políticas se han polarizado. Zelaya ya logró el respaldo de dirigentes sociales y sindicales, a quienes pidió disculpas "porque hace unos años me reía de ustedes". "Ahora creo que juntos vamos a impulsar cambios verdaderos en el país", puntualizó.
Los candidatos presidenciales de los cinco partidos políticos hondureños indicaron que acuerdan llamara a cualquier consulta popular, pero sólo a partir de 2010 y no antes, porque ello sería "avalar" las pretensiones del actual gobierno de perpetuarse en el poder.
Al clima de tensión se sumaron las declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al indicar que la Asamblea Constituyente que se instalaría en Honduras es producto de su "influencia".
"He hablado con el presidente Zelaya y me ha dicho que 70 por ciento de la población de Honduras apoya la constituyente, lo que indica que la magnitud de nuestro modelo ha traspasado las fronteras", dijo Chávez.
En sus más de 200 años de fundación, Honduras ha tenido 13 textos constitucionales y la historia indica que la mayoría se cambiaron bajo pretensiones de continuismo, las que terminaron frenando las iniciativas de desarrollo impulsadas.
