La justicia electoral de Brasil invalidó los mandatos de dos gobernadores, mientras otros seis afrontan procesos similares. Esta «judicialización» de la política afecta la democracia representativa, al contrariar la decisión de los electores, afirman voces críticas.
Jackson Lago, gobernador de Maranhão, un estado pobre situado entre el Nordeste y la Amazonia brasileña, recibió en la madrugada del miércoles la noticia de que su triunfo en los comicios de 2006 había sido anulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), por abuso de poder económico y político y la compra de algunos votos.
En su lugar deberá asumir la candidata que resultó segunda en las elecciones de octubre de 2006, Roseana Sarney, hija del ex presidente José Sarney (1985-1990) que actualmente preside el Senado. Lago, del Partido Democrático Laborista, seguirá en su cargo por lo menos hasta que el TSE falle sobre su apelación, lo que puede demorar dos meses.
Cássio Cunha Lima dejó la gobernación de Paraíba, estado del Nordeste, el 18 de febrero, tres meses después de que el TSE lo condenó por el delito de distribuir cheques entre sus electores durante la campaña de 2006.
Los seis gobernadores estaduales enjuiciados están acusados de diferentes delitos, como publicidad ilegal, uso indebido de vehículos públicos y contratos ilegales para disponer de agentes electorales, además de abuso de poder y compra de votos.
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Lo que preocupa es "la criminalización de las elecciones para excluir a los indeseables del sistema", sacrificando "la soberanía del voto popular", comentó a IPS el político João Alberto Capiberibe, el primer senador que perdió su mandato en la justicia electoral, en 2005, acusado de haber comprado el voto de dos mujeres por 26 reales (11 dólares).
"¿Quiénes tienen más legitimidad, los siete jueces (del TSE) o 1,4 millones de electores que votaron por Jackson Lago?", se preguntó el ex senador, que gobernó entre 1995 y 2003 el estado amazónico de Amapá.
Capiberibe, cuya esposa, Janete Capiberibe, también perdió su cargo de diputada en el proceso, enfrentó en Amapá al mismo adversario de Lago, el ex presidente Sarney y su grupo político. Curiosamente, las acusaciones de compra de votos en Amapá y Maranhão tienen características idénticas.
Eso generó una paranoia en las elecciones municipales de 2008 en Amapá, en las que el hijo de Capiberibe, Camilo, disputó la alcaldía de Macapá, la capital del Estado. Se sospechó que una persona que se dispuso a trabajar en la campaña electoral estaba infiltrada para dejar pruebas utilizables en una futura acción judicial. "Lo denunciamos al juez electoral, anticipándonos a una posible farsa", que no ocurrió, contó el ex senador.
Esa criminalización de las elecciones genera inestabilidad política, porque un gobernador, alcalde o parlamentario enjuiciado se hace vulnerable, no puede ejercer su mandato con la seguridad necesaria y sus actos quedan bajo sospecha, evaluó.
Los beneficiados por la inhabilitación de los dos gobernadores también enfrentan procesos en el TSE por presuntas ilegalidades cometidas en los comicios y pueden ser, a su turno, también invalidados. La lentitud de la justicia brasileña, sin embargo, les permitiría posiblemente concluir los mandatos en 2010.
La intervención del Poder Judicial en el proceso electoral produce "la buena sensación del rigor" en el cumplimiento de las leyes, pero no compensa "el disgusto del ataque a la soberanía del voto", sostuvo Víctor Rodríguez, profesor de derecho público en la Universidad de São Paulo, en un artículo publicado el martes en el diario Folha de São Paulo.
Las acciones judiciales en esos casos fueron provocadas por adversarios derrotados en las elecciones, generando un "desequilibrio", ya que el gobernante, o parte vencedora, es sometido a una rigurosa averiguación de sus actos en la campaña electoral, y no así el demandante y principal interesado en el proceso, arguye el profesor.
"Sería más correcto anular las elecciones" cuando se comprueba que alguna candidatura recurrió a instrumentos ilícitos, convocando nuevos comicios, para no defraudar la voluntad del electorado, según Capiberibe.
Se requiere una amplia discusión sobre la legislación electoral de Brasil, que "no sirve a los progresistas", ya que permite a los conservadores buscar por medios judiciales el mantenimiento del poder, alegó.
En su evaluación, la concesión del "foro privilegiado" que permite a políticos elegidos y altas autoridades ser juzgados en condiciones especiales en los tribunales superiores, tiene gran responsabilidad en esa "judicialización" de las elecciones, al confundir las dimensiones criminal y política.
Es distinto en Francia, donde se separa la política del derecho civil, comparó, ejemplificando con el caso de un senador de Guyana Francesa que, condenado a un año y medio de prisión por evasión de impuestos, volvió a ejercer su mandato tras cumplir la pena.
En el caso de Lago, aún hay esperanzas de que prospere su recurso ante el TSE, porque hay debilidades en las pruebas presentadas en su contra, según dijo una fuente muy allegada al gobernador que quiso mantenerse anónima.
Uno de los delitos sería su participación en una reunión sindical a favor de su elección, pero el hecho ocurrió antes de que se formalizara su candidatura, destacó la fuente. El TSE condenó a Lago por cinco votos contra dos, pero algunas acusaciones fueron validadas por pocos magistrados, lo que indica escaso consenso entre ellos, acotó.
La tendencia, sin embargo, parece indicar que el TSE confirmará su fallo. Al gobernador le quedará entonces recurrir al Supremo Tribunal Federal, la instancia final, constituido por 11 magistrados. Pero ya no podrá hacerlo desde el ejercicio de su cargo.
