Manifestándose indignados por una medida del gobierno, las asociaciones agropecuarias de Argentina volvieron este viernes a bloquear carreteras en casi 70 sitios. Es un escenario similar al de hace un año, pero ahora con la crisis económica global de trasfondo y una fuerte disputa electoral.
Después de haber enviado un proyecto de ley para adelantar de octubre a junio las elecciones de renovación parcial del Congreso legislativo, la presidenta centroizquierdista Cristina Fernández sorprendió el jueves con un decreto por el que el gobierno nacional cede a las provincias 30 por ciento de los ingresos obtenidos por los tributos a la exportación de soja.
La decisión, que fue presentada como una ayuda a las arcas provinciales, fue rechazada empero por los dirigentes empresariales del sector rural, que reclaman lisa y llanamente la eliminación del impuesto de 35 por ciento a las ventas externas de esa oleaginosa en razón de la caída de sus ingresos por la larga sequía que sufrió el país y el retroceso de los precios internacionales.
Las asociaciones, que habían pedido el jueves sin éxito una sesión especial del parlamento para debatir la baja del impuesto, anunciaron formalmente este viernes la decisión de detener hasta el 27 de este mes la comercialización de granos, oleaginosas y ganado para faenar.
Los líderes rurales aseguraron en rueda de prensa que se adoptarán medidas para evitar el desabastecimiento de alimentos, como ocurrió en la protesta de marzo a julio de 2008. Al momento de anunciar la decisión, el Ministerio del Interior ya había registrado 68 sitios carreteros de concentración de productores con el bloqueo de tránsito y el consecuente enojos de automovilistas y camioneros.
[related_articles]
Según estimaciones de la consultora Abeceb, la merma en la cosecha en Argentina fue de 19 por ciento respecto de la anterior y los precios bajaron en promedio 50 por ciento respecto de los meses más prósperos de 2008.
Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, que reúne a productores de pequeña y mediana escala, dijo que el anuncio de Fernández de entregar parte de la recaudación impositiva a los gobiernos provinciales provocó "un gran disgusto" entre sus afiliados.
Buzzi atribuyó la decisión a la campaña electoral que requiere de mayores recursos. La referencia es a los comicios nacionales para renovar la mitad del parlamento a mitad de mandato presidencial, que se adelantarían del 25 de octubre, como está previsto por ley, al 28 de junio, según la propuesta de Fernández, quien sucedió en el cargo en diciembre de 2007 a su esposo, Néstor Kirchner.
No obstante, entre algunos gobiernos locales beneficiados no hubo euforia. Intendentes de las zonas productoras de soja advirtieron que sus cuentas están arrojando déficit por la caída en los rendimientos de las cosechas y que los fondos que llegarán por la nueva medida no alcanzará a compensar esa pérdida.
Un día después del anuncio presidencial, productores, sin esperar la resolución formal de las asociaciones que los agrupan, se movilizaron hacia las carreteras. En la mayoría de los casos permanecieron junto a los caminos, pero hubo también bloqueos que provocaron malestar entre los viajeros y largas filas de vehículos.
Elisa Carrió, principal referente de la agrupación opositora centrista Coalición Cívica, declaró que con el decreto el gobierno "quiere provocar un enfrentamiento violento". "Esto es una provocación para los productores, y hago cargo a la presidenta de la violencia que esto pueda generar", criticó.
En diálogo con IPS, la politóloga Liliana de Riz, de la estatal Universidad de Buenos Aires, opinó que "el gobierno crea una tensión que empuja al campo de nuevo a las rutas". "Esta medida no sólo agudiza el conflicto sino que busca dar a las elecciones el significado de un plebiscito entre ellos o el caos", cuestionó.
La protesta rural recrudeció en la misma semana en que el oficialismo había logrado la aprobación en la Cámara de Diputados de su proyecto de ley para adelantar las elecciones parlamentarias. La iniciativa deberá ser sometida el jueves próximo al voto del Senado, donde, según estiman observadores, también pasaría con éxito.
El adelantamiento fue una propuesta lanzada por Fernández hace una semana con el argumento de que sería "suicida" que los partidos estén en campaña electoral casi todo el año en plena depresión mundial. Pero desde entonces la tensión política, lejos de ceder, está en aumento.
Dirigentes sociales cercanos al ex mandatario Kirchner (2003-2007), hoy presidente del gobernante Partido Justicialista (peronista), advirtieron que Fernández podría dejar el gobierno si el oficialismo recoge un bajo caudal de votos. Es posibilidad también se mencionó a mediados de 2008, cuando arreciaba la protesta de las asociaciones agropecuarias, aunque nadie lo pudo confirma entonces.
"Ese tipo de versiones salen del propio gobierno", comentó De Riz. "El famoso clima destituyente, que el oficialismo achaca a la oposición, lo genera el gobierno, que tiene una concepción del poder en la que los opositores no tienen ningún papel que cumplir hasta tanto no ganen ellos las elecciones", explicó.
El politólogo Marcelo Escolar, experto en federalismo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, dijo a IPS que la medida de ceder una porción de derechos de exportación debía "descomprimir" la presión de los gobernadores que necesitan mayores recursos.
No obstante, el anuncio, que podía haber funcionado hace un año, llega tarde, declaró. "Hubiese sido inteligente hacerlo el año pasado, (pues) ahora con la sequía y la baja en los rindes, la situación de los pequeños productores es insostenible y no están solos, cuentan con la totalidad del apoyo en sus comunidades", advirtió.
Para Escolar, la iniciativa manifiesta "una debilidad" del sector político del gobierno de cara a las elecciones que, además, dispara de nuevo el conflicto con el sector rural. "Los productores lo viven como una provocación", apuntó.
