Cuando el destituido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iftikhar Mohammad Chaudhry, vuelva a asumir el cargo este martes muchas cosas habrán cambiado desde que fuera suspendido por primera vez el 9 de marzo de 2007 por orden del entonces presidente pakistaní Pervez Musharraf.
Pocos creyeron, tras el anuncio la semana pasada del primer ministro Yusuf Raza Gillani de que Chaudhry y otros 23 jueces serían restituidos, el argumento del gobierno del Partido Popular de Pakistán (PPP) de que era algo que querían hacer desde hace tiempo, pero esperaban el momento oportuno: el retiro del presidente en ejercicio, Abdul Hameed Dogar.
El 15 de este mes, la "larga marcha" convocado por abogados entró en una etapa decisiva porque el gobierno no pudo impedir que profesionales y activistas salieran a la calle de la oriental ciudad de Lahore, capital de la provincia de Punjab, y se dirigieran a Islamabad, donde se quedarían hasta que el gobierno cumpliera con su promesa y restituyera a Chaudhry.
Por su parte, el gobierno de esa provincia ordenó la detención domiciliaria del ex primer ministro Nawaz Sharif (1990-1993, 1997-1999), de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), entre otros políticos. La medida fue aprobada por Islamabad.
En la cena de despedida de Dogar, el presidente Asif Ali Zardari dio la bienvenida a "los jueces a los cargos que ocupaban antes de noviembre de 2007. Es hora de olvidar el pasado y de seguir adelante".
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El senador Iqbal Haider, también ex ministro de Justicia, considera que "se evitó una crisis, pero que el asunto está lejos de haber quedado saldado", indicó.
Desde la restitución de Chaudhry, efectiva desde el domingo, el ambiente político está conmocionado.
Las interminables conversaciones entre representantes de los tres principales partidos políticos de Pakistán, PPP, PML-N y la Liga Musulmana de Pakistán Quaid-e-Aza (PML-Q), del ex presidente Pervez Musharraf (1999-2008), sólo sirvió para enrarecer el ambiente.
En un gesto políticamente muy significativo, Gillani visitó el mismo domingo a Nawaz Sharif y a su hermano Shahbaz, en su mansión de Raiwind, localidad cercana a Lahore, "con una rama de olivo", según él mismo declaró en conferencia de prensa.
El gobierno de PML-N de Punjab fue destituido por la Corte Suprema, presidida por Dogar, designado por Musharraf, quien también prohibió a los hermanos Sharif ocupar un cargo de gobierno.
La Corte Suprema ya había expulsado a Shahbaz Sharif del cargo de ministro jefe de Punjab el 25 de febrero, cuando Salman Tasser, también designado por Musharraf, asumió el cargo de gobernador.
La postura oficial del sector de Gillani es que Islamabad está a favor de una coalición entre el PPP y la PML-N en Punjab. Se cree que el gobierno federal pedirá a la Corte Suprema que emita un orden de permanencia, contra su anterior dictamen que descalificaba a los hermanos Sharif. El hecho podría derivar en la restitución del ministro jefe.
Pero las medidas adoptadas hasta ahora no dejan del todo satisfecha a la poderosa comunidad de jueces, que tenían más reclamos aparte de la restitución de los magistrados.
"Nuestro principal reclamo era la revocación de todas las enmiendas hechas por Musharraf porque son ilegales e inconstitucionales. Eso no se ha hecho", señaló Haider, y añadió, "el primer ministro anunció su intención de revocar los cambios. Ahora la pelota está en el campo de Zardari".
Pero él no cree que el presidente acceda a revocar las enmiendas en cuestión porque "facilitaron la salida de Musharraf y la llegada de Zardari a la presidencia".
Haider pronosticó una polarización dentro del PPP debido a que muchos de sus miembros se darán cuenta de que el partido de gobierno no lleva el sello de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto (1953-2007), esposa del presidente.
La dos veces primera ministra (1988-1990 y 1993-1996) fue asesinada en un acto de campaña del PPP.
"Se está volviendo el PPP de Zardari", sostuvo Haider, quien fuera miembro de esa agrupación. "El presidente se autodestruye y se está debilitando".
Pero otros sí están satisfechos con lo ocurrido.
"Es un buen primer paso y lo aceptamos por el bien nacional", señaló el juez Wajihuddin Ahmed, ex presidente de la Corte Suprema de esta meridional provincia de Sindh.
"Habrá tiempo para un resarcimiento", señaló Ahmed, quien renunció al alto tribunal para no prestar juramento en el marco de la orden constitucional provisional, una muestra de que la lucha está lejos terminarse.
Pero el presidente "no asumió muy bien su derrota", según Haider. "Observo cierta incomodidad y huelo a juego sucio".
El mismo miedo invadió al ex presidente de la Asociación de Abogados de la Corte Suprema Aitzaz Ahsan y dirigente de la campaña para la restitución de los jueces.
Ahsan proclamó que los abogados protegerían a Chaudhry durante su mandato, hasta el 13 de diciembre de 2013.
Él es quizá el único presidente de la Corte Suprema de Justicia que fue dos veces destituido y dos veces restituido en dos años. Lo reintegraron por primera vez en julio de 2007, pero sólo hasta noviembre de ese año, cuando lo volvieron a apartar del cargo junto con los otros magistrados.
"Si Zardari hubiera aceptado de buen talante la voluntad de la población, su estatura moral hubiera mejorado mucho", señaló Haider, quien pronosticó que el presidente se opondría a brazo partido contra el gobierno del PML-N en Punjab.
Al meterse con el asunto de los jueces, Zardari dio pie a que circularan rumores acerca de que tiene miedo de que un sistema judicial independiente reabra el proceso en su contra por cargos de corrupción, de los que fue amnistiado por la Ordenanza de Reconciliación Nacional, dispuesta por Musharraf.
"Es un capítulo cerrado y tiendo a coincidir con quienes alegan que la ordenanza ya fue implementada. Fue validada por anteriores presidentes de la Corte Suprema. Se puede frenar su aplicación en el futuro, pero los beneficios sobre Zardari no se pueden deshacer", apuntó Haider.
La restitución de Chaudhry renovó las esperanzas de los familiares de personas "desaparecidas" durante el régimen de Musharraf, iniciado con su golpe de Estado de 1999. Ese fue el asunto que motivó su destitución.
"Chaudhry no debería exponerse ni ofrecerse sin necesidad como objetivo", sostuvo Ahmed.
Haider coincidió con él. "No debería actuar de apuro, sino con cautela, ser cuidadoso, sin dañar su imagen ni ser servil al Poder Ejecutivo", señaló.
Ahmed no está de acuerdo con que él dirija el proceso de los desaparecidos. "Sin duda que es un tema importante, pero ¿por qué no lo pueden hacer los otros 23 jueces restituidos? ¿Acaso no son competentes? No debería enfrentarse con el Poder Ejecutivo sólo para aplacar al público".
"Su trabajo debería ser más equilibrado. Debería poder constituir tribunales mediante los cuales los jueces puedan hacer justicia por el bien de la gente común", indicó Ahmed.
Dogar interrumpió todos los procesos de derechos humanos. (FIN/IPS/traen-vf/ze/rdr/ap ip hd cs fe/09)
