La brasileña Rosemary Fracasso tenía 37 años y dos hijos adolescentes cuando la asesinó su ex marido a golpes de machete que le cortaron dedos y brazos y dejaron visible el corazón.
La población de Guaira, a 450 kilómetros de São Paulo, manifestó su indignación ante la brutalidad del crimen ocurrido en la pequeña ciudad de 37.000 habitantes.
A Fracasso de nada le sirvió que desde septiembre de 2006 Brasil cuente con la Ley Maria da Penha, que endurece las penas para los delitos de violencia contra las mujeres y establece medidas de prevención contra la reincidencia.
Pero la comisaría donde Fracasso denunció, cuatro días antes de su muerte, las agresiones y amenazas de su ex marido no aplicó esa ley que prevé medidas de protección, como la prisión preventiva o la prohibición de acercarse a la víctima, que podrían haberle salvado la vida.
Fracasso tuvo que soportar maltratos como palizas, el lanzamiento encima de un televisor o la quema de sus ropas, contó su hermana. "Fue un asesinato premeditado, mezclado con celos, alcohol y un carácter violento incontenible", dijo Silvia Regina Fracasso.
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Brasil avanzó mucho desde la década de los 80 en la creación de instituciones destinadas a frenar la violencia machista contra las mujeres.
En 1985 se creó la primera Comisaría de Defensa de las Mujeres y después surgieron las casas de refugio para las víctimas y los órganos judiciales especializados, hasta entrar en vigor, finalmente, la Ley Maria da Penha.
Pero falta que la legislación sea aplicada con eficiencia y que los órganos creados para ejecutarla operen adecuadamente, se quejan activistas, víctimas y familiares de víctimas.
Una encuesta realizada en 2006 por el Instituto Patricia determinó que 54 por ciento de los entrevistados consideran que los servicios de atención a la mujer maltratada no funcionan. Casi la misma proporción, 51 por ciento, dijo conocer mujeres que sufrieron o seguían sufriendo agresiones de sus parejas legales o de hecho.
VIOLENCIA MACHISTA ES UNA EPIDEMIA EN PERNAMBUCO
La violencia machista contra las mujeres incluso ha adquirido tintes de epidemia en estados como Pernambuco, en el Nordeste del país, en donde en los primeros 63 días del año han sido asesinadas 53 mujeres, según monitoreos de la prensa y organizaciones oficiales y no gubernamentales.
En ese pequeño estado brasileño que tiene como capital Recife fueron asesinadas 282 en 2008 y 273 el año anterior. El promedio es de cuatro mujeres asesinadas cada cinco días.
Taciana Barbosa de Carvalho fue una de las víctimas de 2008. Tenía 32 años y estaba embarazada de siete meses, cuando desapareció. Su ex compañero, un policía militar, fue acusado por varios testigos de asesinarla y echar su cuerpo al mar. Expulsado de la corporación policial, sigue preso a espera del juicio.
La mató porque ella no quiso abortar, según Fátima Barbosa, su madre, que desde entonces participa activamente de las marchas, vigilias y otras manifestaciones que promueve el Foro de Mujeres de Pernambuco.
El Foro es una coalición de decenas de organizaciones sociales, que desde hace 23 años lucha contra la discriminación y la violencia, especialmente contra los asesinatos.
Las movilizaciones de calle promovidas por el Foro son prácticamente mensuales y son la forma de protestar y combatir la cultura "machista" que predomina en Pernambuco, dijo Barbosa a IPS.
"Los del Foro me dieron fuerza y apoyo" después del asesinato, contó. El caso de su hija fue tema de tres manifestaciones.
El viernes 6 varios centenares de mujeres volvieron a recorrer las calles de Recife, vinculando la realidad local a la consigna elegida este año por Naciones Unidas para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de Marzo: "hombres y mujeres unidos contra la violencia hacia las mujeres y las niñas".
La Ley Maria da Penha y otros avances, como las comisarías de mujeres, son insuficientes y necesitan otras políticas concretas para ganar efectividad, según dijo a IPS Joana Santos, educadora popular y coordinadora del Foro de Mujeres de Pernambuco.
En ese estado, que tiene casi nueve millones de habitantes, solo hay cuatro comisarías femeninas y dos casas de abrigo para mujeres agredidas y amenazadas, destacó. Además los servicios prestados carecen de calidad para una "asistencia digna".
Se necesita "una acción integrada" del Estado que respete de hecho los derechos, que tanto las comisarías como los servicios de salud no discriminen a las mujeres, incluso en caso de aborto, y los órganos judiciales estén mejor preparados para cumplir la nueva ley, sostuvo Santos.
LEY RINDE TRIBUTO A UNA MALTRATADA
La Ley contra la violencia hacia las mujeres lleva el nombre de Maria da Penha, una mujer que en 1983 quedó parapléjica por un disparo de su marido.
El agresor, el economista Marco Antonio Heredia, colombiano de origen y nacionalizado brasileño, simuló un asalto a la casa para practicar el atentado y luego volvió a intentar asesinarla por electrocución en el baño.
Pese a las evidencias del caso, que llevaron a Brasil a ser condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo en 2002 el agresor fue encarcelado por el intento de homicidio cometido 19 años antes.
Ese encarcelamiento fue fruto de la movilización de la sociedad civil que impulsa en Brasil la vigencia efectiva de la ley y otras instituciones creadas para combatir la violencia contra las mujeres.
En São Paulo ya son más de 4.000 las Fiscales Legales Populares (PLP por sus siglas en portugués), mujeres capacitadas en cursos de fines de semana para conocer y defender los derechos humanos de la mujer en toda su amplitud.
Silvia Regina Fracasso, profesora de historia, hacía uno de esos cursos cuando su hermana fue brutalmente asesinada por su marido en marzo de 2007.
Se trata de una formación amplia, que no se limita a la cuestión de la violencia, sino que comprende los derechos políticos y sociales de las mujeres, la defensa de la niñez, los ancianos y discapacitados, explicó Fracasso, quien ahora difunde sus nuevos conocimientos entre sus alumnos de enseñanza primaria y secundaria.
Mujeres conocedoras de sus derechos y de las leyes contribuyen a que los comisarios, jueces y otras autoridades cumplan de hecho la Ley Maria da Penha, explicó.
El objetivo de los cursos y las PLP es "empoderar a las mujeres, hacerlas más reivindicadoras, más exigentes para que todos respeten sus derechos", según Maria Amelia Teles, coordinadora del proyecto como presidenta de la Unión de Mujeres de São Paulo.
Ese movimiento ya tiene conquistas para celebrar, como un juzgado especializado en violencia de género en la ciudad de São Paulo y el reconocimiento de los estupros en locales de trabajo como siniestros laborales, que generan indemnizaciones y otros derechos.
Además, la formación masiva de PLP crea una movilización que obliga a mejores servicios policiales, judiciales, médicos y sociales para las mujeres. La Unión de Mujeres coordina el programa de PLP en la capital y otros 20 municipios del estado de São Paulo y empezó a llevar sus cursos al estado de Amazonas.
Es una movilización de la sociedad civil, que presiona por más recursos y más políticas públicas hacia la población femenina, y debe ser reconocida como servicio público, pero mantenerse no gubernamental e independiente, porque su incorporación al Estado significaría su inoperancia, analiza la coordinadora.
