El gobierno estadounidense de Barack Obama se comprometió esta semana a intensificar la ayuda que brinda a México y las acciones de seguridad en la frontera sur, en un intento por ayudar al país vecino en su sangrienta lucha contra el narcotráfico.
Como parte del esfuerzo por responder a lo que Estados Unidos considera una crisis, su secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, anunció el martes otras medidas de apoyo a las acciones de seguridad en México y en especial en la extensa frontera compartida.
También Washington creará una oficina de coordinación en México y ofreció dos helicópteros por 80 millones de dólares.
A esto se suma la visita de la secretaria de Estado (canciller) Hillary Clinton, iniciada el miércoles y que incluirá a la capital mexicana y a la oriental ciudad de Monterrey, donde el año pasado se registró un aumento de la violencia, tanto entre los propios carteles de la droga como con las Fuerzas Armadas mexicanas que los combaten.
Aunque reconocen que la violencia es todo un problema en México, algunos críticos temen que el gobierno de Obama pueda estar reaccionando de manera exagerada, con una intensificación militarista en territorio vecino y en la frontera guiada por una campaña sobredimensionada sobre la situación en ese país.
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El Congreso de Estados Unidos aprobó 400 millones de dólares en 2008 y otros 300 millones a comienzos de este año en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia a México y, en menor grado, a América Central, para reducir la producción y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La Iniciativa, que se convirtió en ley en junio pasado, establece el aporte estadounidense de 1.400 millones de dólares en tres años, en buena medida para entrenamiento y equipos militares. También incluye lucrativos acuerdos para contratistas estadounidenses.
La asistencia forma parte de una política que ahora muchos analistas coinciden es una guerra fallida contra la droga librada por Estados Unidos en particular en América Latina.
Con los fondos acordados se ayudará a México en su guerra contra las mafias de la droga, que hizo escalar la violencia en el norte de México. Así se suministrará tecnología, se brindará entrenamiento y se alentarán reformas al Poder Judicial, diezmados por la corrupción, según observadores.
También se brindarán tecnologías de la información para los procedimientos de asistencia, proveyendo aviones para aumentar la movilidad del ejército de México y, sobre todo, frenando el flujo de drogas, dinero y armas que cruzan la frontera entre los dos países.
La asistencia también será impulsada por una ofensiva diplomática de alto nivel esta semana y la próxima en México. Así lo harán funcionarios de Washington previo a la visita a México que hará el propio Obama a mediados de abril.
Además de Clinton, la semana próxima, tanto Napolitano como el titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, visitarán el país a fin de facilitar los esfuerzos entre sus respectivas burocracias y el gobierno anfitrión del conservador Felipe Calderón.
Entre otras acciones, el Departamento de Justicia se prepara para ayudar a México a tomar medidas contra el lavado de dinero.
Cada año ingresan a México miles de millones de dólares producto del negocio de las drogas ilícitas en Estados Unidos. Buena parte de ese dinero llega bajo la forma de efectivo a través de la frontera, pero también es común hacer transferencias bancarias.
El gobierno de Obama está dando estos pasos osados a fin de hacer frente a lo que cada vez se publicita más en Estados Unidos como una crisis que va en aumento en la frontera meridional.
La violencia azota a México desde hace tiempo. El presidente Calderón inició hace casi dos años fuertes ataques contra los carteles de la droga, que respondieron a la ofensiva con todo su abundante arsenal en una guerra que ya ha costado decenas de vidas.
Pero pese a que hace ya tiempo fue notada por muchos analistas de México, esa escalada pasó a un primer plano en Estados Unidos mediante informes y declaraciones de funcionarios que, a su vez, se vieron reflejados en informes de prensa que usaron el mismo lenguaje alarmista.
El primero de esos reportes en generar ceños fruncidos y concitar la atención se dio a conocer en noviembre por parte del Comando de Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, que dijeron que México estaba a la par del turbulento Pakistán en términos de sus riesgos de "colapso rápido y repentino".
"México no es un estado fallido", replicó la canciller de ese país, Patricia Espinosa, en declaraciones a The New York Times.
Pero la arremetida de evaluaciones negativas de la situación de México pronto crecería hasta convertirse en un coro de pronósticos fatalistas emitidos por analistas militares y medios de comunicación.
"México está al borde del abismo. En la próxima década podría convertirse en un narco-estado", dijo el ex zar estadounidense de las drogas, el general retirado Barry McCaffrey, a mediados de enero, exigiendo un aumento de la asistencia y diciendo que la Iniciativa de Mérida era "una gota en el cubo".
La misma semana, el ex legislador republicano Newt Gingrich apareció en televisión promoviendo una teoría sobre una potencial "propagación" de violencia en Estados Unidos, lo que se ha vuelto un alegato común aunque sin sustancia.
Tras el alboroto creado por las declaraciones y los informes, una serie de audiencias parlamentarias abordaron el tema. Repentinamente, los principales diarios y programas de televisión estadounidenses dieron destaque a las crónicas sobre lo que durante meses habían sido altos niveles de violencia habitual en México.
El Informe Tyndall, un estudio sobre los temas que cubren los programas nocturnos de televisión, mostró que en los últimos seis meses de 2008 hubo apenas cinco informes sobre la guerra del narcotráfico en México o notas relacionadas con la frontera. Pero en la mitad de ese tiempo este año ya hubo 12 reportes por parte de los tres informativos centrales.
"Lo más destacable sobre (los informes de funcionarios y medios estadounidenses) fue que no había ningún disparador basado en los hechos", dijo la analista Laura Carlsen, del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional.
"Hubo un aumento en la violencia. Pero nosotros sabíamos sobre esto", agregó.
"La relación Estados Unidos-México cada vez más es indicada como cuestión de seguridad. Las relaciones bilaterales se están militarizando. La gente que define esta relación crucial para ambos países está, cada vez más, en el Pentágono y en el ejército", dijo a IPS.
Carlsen observó que la Iniciativa de Mérida es, esencialmente, la pieza central de esas relaciones bilaterales, y que sus efectos han sido contraproducentes. "Militariza aún más la guerra de las drogas, que es lo que ha causado esta violencia en México en los últimos años", señaló.
También destacó el hecho de que el origen de la mayoría de las armas confiscadas a los carteles de México puede rastrearse en Estados Unidos.
Parte del esfuerzo anunciado el martes por Napolitano es contener el contrabando de armas hacia México y perseguir los casos en que el origen definitivamente puede rastrearse en Estados Unidos.
* /Atención editores: Este despacho corrige varios párrafos de la nota transmitida a las 20:30 hora GMT/
