Militares retirados procesados en Perú por violaciones de derechos humanos o actos de corrupción supuestamente cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) aguardan sentencia, por decisión judicial, en sus hogares y no en una cárcel común.
El teniente del ejército retirado Juan Rivera Rondón, acusado de encabezar un patrulla que participó en 1984 en el asesinato de 69 campesinos, en la localidad andina de Accomarca, salió de la cárcel después de pasar en ella menos de tres meses. La fiscalía pidió para él una condena de 30 años de prisión.
Expulsado por el gobierno de Estados Unidos por violar leyes migratorias, Rivera llegó a Lima el 18 de agosto pasado y de inmediato fue recluido en el penal de Canto Grande, a la espera del juicio.
Pero Rivera alegó ante el juez Teófilo Salvador que no está probada su intervención en el asesinato masivo de Accomarca. Admitió que, si bien participó en el operativo militar, no disparó un solo tiro porque estuvo lejos de la escena de los hechos.
El juez Salvador le creyó y le concedió el arresto domiciliario, beneficio que se otorga a procesados mayores de 70 años, que sufren de graves enfermedades o que no hayan recibido condena luego de 72 meses de detención. Ninguno de esos extremos se aplica en el caso de Rivera.
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El magistrado tampoco tuvo en cuenta que Rivera nunca se presentó a las citaciones por el caso Accomarca, que desertó del ejército y que viajó clandestinamente a Estados Unidos, donde vivió 17 años ocultando su condición de prófugo.
Cuando las autoridades estadounidenses resolvieron la expulsión, Rivera se negó a subir a un avión comercial que lo esperaba para trasladarlo a Lima. Debió ser despachado en un avión militar.
"Nos costó mucho esfuerzo que Estados Unidos expulsara a Rivera a Perú para que respondiera por los graves cargos que se le imputan", explicó a IPS la abogada de los familiares de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe.
"Lamentablemente, sin tomar en cuenta que se trata de una persona que siempre evadió a la justicia, el juez Salvador le abrió las puertas de la prisión para que esperara su sentencia cómodamente en su casa. Si Rivera escapa, el juez será el único responsable", agregó Ninaquispe.
El trato preferencial que recibe Rivera no es excepcional.
También gozan de arresto domiciliario varios de los militares que formaron parte del "Grupo Colina", escuadrón de la muerte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que asesinó a 15 pobladores del área limeña de Barrios Altos, en noviembre de 1991, y a nueve estudiantes y un profesor de la también capitalina Universidad La Cantuta, en julio de 1992.
El coronel retirado Víctor Silva Mendoza, ex jefe del SIE, está sometido a arresto domiciliario desde hace seis años y cinco meses.
También espera en su hogar, desde hace cuatro años y dos meses, el también coronel retirado Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, coordinador del "Grupo Colina" con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión que manejaba Vladimiro Montesinos, asesor del ex presidente Fujimori.
El ex director de Inteligencia del Ejército, general retirado Federico Navarro Pérez, pieza clave de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, está en su casa desde hace cinco meses.
Silva, Rodríguez y Navarro afrontan juicios por homicidio calificado.
Por el mismo delito están en el banquillo los suboficiales César Alvarado Salinas y Pedro Santillán Galdós, integraron el "Grupo Colina", y también el general retirado Luis Pérez Documet, que tuvo un papel importante en la matanza de La Cantuta.
Pero, por mandato judicial, se encuentran en arresto domiciliario, Alvarado hace cinco años, Santillán desde hace cuatro y Pérez desde hace cinco meses.
También goza de ese beneficio el general retirado José Valdivia Dueñas, a quien se atribuye haber ordenado el asesinato de 25 campesinos en la localidad de Cayara, el 14 de mayo de 1988, en represalia por un atentado de Sendero Luminoso contra un convoy de militares.
El coronel Flavio Gallegos Vizcarra, quien también se le asigna participación en ese crimen, está detenido en su casa desde hace siete meses.
Integrantes de la cúpula militar que ocuparon cargos descollantes durante el régimen de Fujimori, como los generales retirados Ricardo Sotero Navarro y Luis Cubas Portal, este ultimo cuñado de Vladimiro Montesinos, afrontan juicios por corrupción.
Sin embargo, también se encuentran arrestados en sus domicilios desde hace cinco años con seis meses, en el caso de Sotero, y 11 meses, en el de Cubas.
"En algunos casos, los tribunales cambiaron la prisión efectiva por el arresto domiciliario porque después de 72 meses de prisión, los detenidos no recibieron sentencia", precisó Gloria Cano, representante legal de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
"Varios de los integrantes del Grupo Colina salieron de la cárcel bajo esa modalidad. Sin embargo, el Poder Judicial no ha tomado ninguna medida para resolver el problema de la falta de condenas", se lamentó.
De acuerdo con Cano, la demora de la sentencia a los responsables de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta es atribuible a los propios procesados, que han desplegado maniobras dilatorias para que expire el plazo de los 72 meses y así salir de la prisión.
"Los más afectados son los familiares de las víctimas, porque los acusados, contra quienes la fiscalía ha pedido hasta 30 años de prisión, viven con sus seres queridos en sus casas aguardando tranquilamente el desenlace de los juicios. Es una forma inaceptable de impunidad", dijo Cano.
El general retirado Luis Pérez Documet, ayudó al "Grupo Colina" a secuestrar a nueve estudiantes y un profesor que luego fueron ejecutados, siempre se negó a asistir a las citaciones judiciales.
Pero al poco tiempo de ser detenido, pidió el beneficio del arresto domiciliario por una supuesta afección en un brazo. El juez aceptó.
El ex jefe de inteligencia naval y ex jefe de la Marina, almirante retirado Américo Ibárcena, socio de Montesinos condenado por enriquecimiento ilícito, espionaje telefónico y corrupción de funcionarios, entre otros delitos, alegó sufrir de hipertensión para salir de la cárcel. Y lo consiguió.
Desde hace dos años, Ibárcena está internado en una cómoda habitación del hospital de la Marina, la institución de la que, según las acusaciones en su contra, se aprovechó para amasar una fortuna ilegal.
