Las dudas sobre la legitimidad de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya aumentan tras la orden de arresto librada la semana pasada por ese tribunal contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir.
El asediado mandatario sudanés amenazó con sumar más organizaciones humanitarias a las 13 ya expulsadas de Jartum, así como también a diplomáticos, en represalia por la medida.
Al mismo tiempo, circulan versiones sobre la posibilidad de que algunos de los 30 países africanos, o todos ellos, retiren su adhesión al Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, tribunal que procesa crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio.
De ocurrir esa retirada masiva, según observadores, la CPI colapsaría. Su creación fue un gran paso adelante para llamar a la responsabilidad a los culpables de atrocidades, dijo a IPS Michael Ratner, presidente del estadounidense Centro para los Derechos Constitucionales.
Esas posibles retiradas "no le restan legitimidad a la corte, pero Estados Unidos y otras grandes potencias han hecho mucho para reducir su poder", explicó.
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Estados Unidos no adhirió al Estatuto de Roma, con lo cual envió al mundo el mensaje de que ese tribunal actuaría sólo contra los países más débiles.
Los países que se marginaron de la CPI "le dieron a esos estados una excusa para cuestionar la legitimidad del tribunal, especialmente por la imposibilidad de que el cuerpo actúe contra las naciones occidentales", dijo Ratner, profesor de derecho de la Universidad de Columbia.
A menos que el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, "incluya seriamente a violadores de los derechos humanos durante su mandato, el tribunal está en problemas", concluyó.
En Polonia, por ejemplo, opera un centro de torturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, según el experto. En ese sentido, Ratner se preguntó "dónde está la Corte" en este caso.
La orden de captura contra Bashir emitida el miércoles por la CPI es la primera contra un presidente en funciones. Moreno Ocampo formuló contra el gobernante sudanés siete acusaciones por crímenes de guerra y contra la humanidad.
Los cargos se relacionan con el conflicto en la occidental región de Darfur, que ha ocasionado en los últimos cinco años unas 300.000 muertes y el desplazamiento de unos 2,7 millones de personas, según la ONU.
Los problemas con el otrora reino independiente de Darfur, anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70, con disputas por las tierras de pastoreo entre nómades árabes y agricultores indígenas negros.
La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo"), supuestamente apoyadas por Jartum.
Las Janjaweed y el régimen de Bashir fueron acusados de orquestar una limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldaban a los dos grupos guerrilleros.
Pero la CPI hasta ahora ha procesado a un solo acusado, Thomas Lubanga, un señor de la guerra de República Democrática de Congo y detenido seis años después de la creación del tribunal.
De los 13 acusados por los que la CPI libró orden de arresto, cuatro están detenidos y el resto están fugitivos o supuestamente muertos. Todos ellos pertenecen a República Centroafricana, República Democrática de Congo, Sudán o Uganda.
¿Por qué la CPI se concentra en líderes y señores de la guerra africanos? La mera formulación de esa pregunta pone en duda la legitimidad del tribunal.
Pero los defensores de la CPI, entre ellos el premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tute, acotó que no hay un hostigamiento judicial basado sobre prejuicios, sino que tres de los cuatro países (excepto Sudán) pidieron ellos mismos la intervención del tribunal.
Como Sudán no es parte de la CPI, su caso le fue derivado por el Consejo de Seguridad de la ONU, de acuerdo con los procedimientos previstos en el Estatuto de Roma.
"De todos modos, ¿nadie ve criminales de guerra en Estados Unidos y en Europa occidental?", preguntó, suspicaz, un diplomático africano.
En Iraq, murieron violentamente más de un millón de personas, en su mayoría civiles, desde la invasión estadounidense hace seis años.
En Afganistán, miles de civiles murieron a manos de fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cubren esas bajas bajo el eufemismo "daño colateral".
Mil civiles murieron en Gaza por la operación implementada por Israel en diciembre y enero contra ese territorio palestino.
El sistema de justicia internacional es "euro-estadounidense", manifestó indignado el embajador de Sudán en la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem.
Washington, que tampoco es parte de la CPI, negoció con otros países firmantes del tratado inmunidad para sus soldados participantes en misiones de paz de la ONU.
"Estados Unidos es un país oportunista" porque "quiere usar la CPI sin ser parte de ella", advirtió Abdalhaleem.
