Fiscales, historiadores, activistas y víctimas de la represión política en México culpan desde hace décadas al ex presidente Luis Echeverría por la matanza de 1968 en la plaza Tlatelolco y por la posterior detención y desaparición de cientos de personas. Pero la justicia no le encuentra ninguna culpa.
"La sentencia a favor de Echeverría es un insulto a la inteligencia y al sentimiento de miles de mexicanos, por eso ya no confiamos en la justicia", dijo a IPS Rosario Ibarra, senadora de izquierda y líder del Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka.
La indignación de Ibarra es por la decisión del tribunal penal colegiado, última instancia en el juicio iniciado en 2005 a Echeverría por las muertes en el paseo capitalino de Tlatelolco, que declaró el jueves que el acusado es inocente.
La resolución anuló la prisión domiciliaria en la que permanecía desde noviembre de 2006 quien al momento de la masacre era ministro de Interior y luego fue presidente del país de 1970 a 1976.
Este ex mandatario fue parte del período en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de 1929 a 2000, se proclamaba de izquierda y defendía las causas del entonces llamado Tercer Mundo y de la Cuba socialista, mientras en su país reprimía con dureza a quienes reclamaban democracia.
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Los jueces señalaron que en Tlatelolco, donde el 2 de octubre de 1968 las cientos de personas allí reunidas para reclamar cambios políticos fueron atacadas a balazos por soldados y policías, sí se cometió el delito de genocidio, pues desde su punto de vista el objetivo era terminar con un grupo definido de jóvenes opositores.
Sin embargo, consideraron que el ex presidente no tuvo participación. Pero los magistrados no precisaron quiénes habrían sido los culpables de las muertes en Tlatelolco.
Las cifras de los muertos en esa plaza van de 26, según la primera versión oficial, a 200 o más como afirmó el Consejo General de Huelga de aquellos años. La gran mayoría de las víctimas fueron jóvenes estudiantes que se habían reunido para protestar contra el gobierno del ya fallecido Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y exigir democracia.
Los estudiantes cayeron abatidos por balas disparadas por militares y policías que habían taponado con tanques de guerra y camiones las entradas a la plaza.
Ibarra, quien reclama la aparición con vida de uno de sus hijos desaparecido desde 1975 cuando fue detenido por militares acusado de ser guerrillero, afirmó que Echeverría impulsó como ministro de Gobernación (interior) y luego como presidente una política de detenciones y desapariciones contra los opositores políticos.
"Él fue además directo responsable de los asesinatos en Tlatelolco", afirmó.
Echeverría, quien ahora tiene 87 años y sufre de un esclerosis progresiva e incurable, es culpable, "pero nuestra justicia no lo reconoce porque es ciega, sorda e inútil", expresó Ibarra.
La ola represiva emprendida contra opositores por los regímenes del PRI afectó a miles y dejó 532 personas desaparecidas entre fines de la década del 60 e inicios de los años 80, indica una investigación judicial realizada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) por la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de México.
Fue esa fiscalía la que acusó a Echeverría por los asesinatos en Tlatelolco y en otros lugares. Por el caso de la matanza estudiantil logró un encauzamiento penal contra el ex presidente, el primero para un funcionario de ese nivel en la historia del país, pero en los otros no tuvo éxito.
Para Fabián Sánchez, consultor en temas de derechos humanos y ex dirigente de un grupo local humanitario, la resolución judicial que acaba de favorecer a Echeverría, apuntala la impunidad de los delitos cometidos por el Estado en los años 60, 70 y 80, cuando gobernó el PRI.
"Una de las grandes deudas dentro de la construcción de la democracia mexicana es no haber dejado claro ese pasado ni haber sancionado a los culpables de la represión. La tarea sigue pendiente", declaró Sánchez a IPS.
"El Poder Judicial no ha tenido las armas ni el interés en aclarar los hechos", sostuvo.
Fox, del conservador Partido Acción Nacional y quien destronó al PRI del gobierno, había prometido en su campaña electoral aclarar el pasado de represión y sancionar a los culpables.
Pero ya en funciones dio escaso apoyo a la fiscalía especial y al final de su mandato incluso desautorizó un informe de esa instancia que daba cuenta de los delitos cometidos por ex funcionarios.
El documento titulado "Que no vuelva a suceder", preparado por la fiscalía, indicó que el combate que el Estado emprendió contra grupos políticos, estudiantiles e insurgentes "se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio".
El informe da cuenta de docenas de casos de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas por las fuerzas del Estado durante las presidencias de Díaz Ordaz, Echeverría y de José López Portillo (1976-1982). De éstos, sólo el segundo sigue vivo.
Felipe Calderón, correligionario de Fox y presidente de México desde fines de 2006, disolvió la fiscalía y no ha hecho ningún intento por aclarar el pasado o buscar la forma de sancionar a los presuntos culpables.
Ningún ex gobernantes o ex funcionario de alto nivel ha sido sancionado por los asesinatos en Tlatelolco y los cientos de detenidos y desaparecidos posteriores.
No obstante, la fiscalía especial que operó durante el gobierno de Fox, así como diversas investigaciones de historiadores, grupos humanitarios y políticos apuntan hacia su responsabilidad, sobe todo la de Echeverría.
