Las ejecuciones extrajudiciales, la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia, la persecución de los defensores de derechos humanos, el secuestro y la persistencia de bandas paramilitares son las principales preocupaciones de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
"Valoramos, reconocemos" que ha habido mejoras en materia de derechos humanos en el país andino, pero "la situación sigue siendo grave", dijo Javier Hernández, hasta el jueves director encargado, en la presentación del informe de 2008 de la OACNUDH.
Como cada año, el informe registra que todos los actores de la longeva guerra colombiana violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Hernández se refirió al "rechazo de principio a los límites de la guerra" por parte de las guerrillas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional).
El informe "exige" la "liberación inmediata y sin condiciones" de todos los secuestrados "por multitud de actores armados y no sólo por las guerrillas", según Hernández, quien citó la cifra de 2.820 secuestrados, del Ministerio de Defensa.
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"El DIH rige también para las fuerzas del orden público", advirtió Hernández.
El Derecho de Ginebra también es ignorado por las numerosas bandas armadas que persisten tras la desmovilización parcial de los paramilitares que actuaban en alianza con el ejército, registra la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Están activas en 25 zonas de "alta conflictividad", según la Organización de los Estados Americanos.
En Colombia, incluso los hechos graves suelen diluirse en el tiempo, señaló Hernández.
El "peor caso" de 2008 fue el estallido de una bomba en agosto, en medio de las fiestas patronales y "olimpiadas" campesinas en la paramilitarizada ciudad de Ituango, en el noroccidental departamento de Antioquia, que hirió a 55 personas y dejó siete muertos, entre ellos un menor de edad cuyo caso será llevado al Consejo de Seguridad, anunció Hernández.
La OACNUDH tipificó en su momento como "crimen de guerra" el atentado indiscriminado, que fue atribuido por las autoridades a las FARC.
Colombia está en guerra desde 1964, cuando se alzaron en armas las FARC y el ELN. En los años 80 emergieron los grupos paramilitares, de extrema derecha, aliados de las fuerzas estatales en su combate de las guerrillas izquierdistas.
A menudo los jefes paramilitares son acusados de narcotráfico, una actividad que financia a los actores del conflicto en este país que es el primer productor mundial de cocaína.
El principal retroceso que refirió Hernández es el incremento del desplazamiento forzado, "entre los dos o tres más graves del planeta", que afecta a más de 2,5 millones de personas o a más de cuatro millones, según si la fuente es oficial o no gubernamental.
Proporcionalmente los que más sufren son comunidades indígenas y negras, que suman 15 por ciento de la población pero que "se ven afectadas por los desplazamientos en un 40 por ciento", señaló Hernández.
En cambio, el informe destacó avances en cuanto a una "tolerancia cero" oficial frente a las ejecuciones extrajudiciales practicadas por la fuerza pública, pero también, que se requiere "justicia cien por cien".
El informe celebra que en 2008 "la Fiscalía (General de la Nación) ha tomado un papel activo y preponderante" ante esa violación, destacó Hernández.
La OACNUDH busca que la fiscalía traslade todos los casos a su Unidad de Derechos Humanos, e incidió, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la decisión gubernamental de que esos procesos no sean de competencia de la justicia penal militar.
También insiste en que los casos se hagan públicos por parte de las autoridades, pero el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, anunció que se mantendrán en sigilo nuevas destituciones, tras el escándalo de octubre por apenas 19 casos.
Estos produjeron la destitución de tres generales, cuatro coroneles y otros 20 oficiales y suboficiales, y la renuncia del comandante del ejército, general Mario Montoya, considerado por defensores de derechos humanos como uno de los promotores de las ejecuciones extrajudiciales.
Históricamente las víctimas de estos asesinatos en Colombia han sido líderes sociales, defensores de derechos humanos y marginados sociales.
Pero la modalidad de asesinar civiles y presentarlos como muertos en combate para abultar las cifras de éxitos militares surgió con la intensa guerra que desde 2002 libra el presidente Álvaro Uribe contra las guerrillas.
La OACNUDH reconoce registros sobre ejecuciones desde 1985 e incluye estas violaciones desde su primer informe, en marzo de 1998, que ya desde 2007 "configuraban un patrón preocupante", señaló Hernández.
Aunque en enero de 2008 el Ministerio de Defensa expidió medidas contra esa práctica, según la OACNUDH hasta octubre éstas "no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas violaciones", dijo el diplomático.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) registra también hasta octubre que "cada día la fuerza pública asesinó a una persona en el país", dijo el martes la abogada Zoraida Hernández, representante de la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de esa coalición de 199 organizaciones no gubernamentales colombianas.
La jurista presentó la jornada "Los falsos positivos son crímenes de Estado", que se lleva a cabo el jueves y este viernes en la capital colombiana, convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y que reúne por primera vez a 200 familias afectadas por ejecuciones extrajudiciales.
La fiscalía ha iniciado investigaciones que involucran a 763 agentes de la fuerza pública y reconocen al menos 1.137 víctimas.
"Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país", dice el informe.
La "complejidad y sofisticación" en las ejecuciones llega hasta el punto "de elaborar informes de inteligencia o declaraciones de desmovilizados" para mostrar que las víctimas eran guerrilleros o paramilitares, revela la OACNUDH.
En línea con la recomendación de OACNUDH, este viernes la fiscalía recibirá un oficio firmado por familiares de ejecutados extrajudicialmente y por organizaciones de derechos humanos, con la exigencia de que todos los casos pasen a una misma unidad investigativa.
Hernández destacó "la importantísima labor" de la Corte Suprema de Justicia e incluso de la fiscalía en los procesos por la relación de políticos con los paramilitares. Sin embargo, aún falta aclarar los vínculos de empresarios con esas fuerzas.
El jueves fue extraditado a Estados Unidos, por un delito de narcotráfico, el ex jefe paramilitar que más colaboró con la justicia colombiana en denunciar a empresarios. Éver Veloza, alias "HH", confesó haber cometido unos 3.000 asesinatos, pero según la fiscalía, con su salida de Colombia otros 11.000 quedarán sin resolverse.
Para la OACNUDH, la extradición es una herramienta válida para combatir el delito. Pero si ésta entorpece procesos de verdad, justicia y reparación, el gobierno debe facilitar que las víctimas participen activamente en los procesos en el extranjero, señaló Hernández.
"HH" fue uno de los 32.000 paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, en el marco de negociaciones con el gobierno, pero regresó a filas y fue capturado en 2007.
Luego se acogió a la Ley de Justicia y Paz, que otorga un máximo ocho años de prisión a miembros de fuerzas irregulares a cambio de la confesión completa de crímenes atroces y la reparación de las víctimas.
Pero si los paramilitares no confiesan, la carga de la prueba recae sobre la fiscalía.
Además, de los 32.000, sólo 4,6 por ciento efectivamente iniciaron confesiones, "el resto está totalmente fuera del radar", según Hernández, es decir no se conoce su paradero. Por ahora, sólo 20 ex paramilitares han sido llamados a juicio, sobre acusaciones parciales, pero "ningún juicio ha sido iniciado", advirtió, por lo que dicha ley debe ser ajustada.
A la persecución oficial a los defensores de derechos humanos, mediante la utilización de desmovilizados que reciben beneficios por acusarlos de ser de la guerrilla, se suman las amenazas de muerte. En general, estas se relacionan con que los defensores han identificado tierras usurpadas a los desplazados, dijo Hernández.
