En una fotografía que refleja otros tiempos, Nilar Thein y su esposo, Kyaw Min Yu, parecen relajados y libres. Ambos sonríen con calidez. Kyaw Min Yu, también conocido como Jimmy, lleva en brazos a su bebé. Corría el año 2007, en Birmania.
La imagen muestra, en realidad, un destello fugaz de felicidad. Los dos están pagando muy caro por haberse ubicado en la vanguardia de la lucha prodemocrática birmana y por haber desafiado a la represiva dictadura militar.
El bebé nació en mayo de 2007. Tres meses después, el 21 de agosto, las autoridades arrestaron a Jimmy y a otros activistas por participar en las protestas callejeras contra el aumento de precios del combustible y otros productos básicos en este pobrísimo país del sudeste asiático.
A Nilar Thein la suerte se le agotó en septiembre de 2008, cuando fue detenida. No era la primera vez que le sucedía, ni a su esposo tampoco. Es más: se conocieron en prisión, en tiempos en que cumplían condenas de entre nueve y 15 años por su actividad política.
Pero esta vez, la junta militar implementó un plan dirigido a aplastar a la oposición antes de las elecciones generales que planifica para el año próximo. Nilar Thein, de 37 años de edad, y Jimmy, de 40, recibieron una condena de 65 de prisión,
Su historia y su fotografía viajarán a través del mundo, en el marco de la campaña de recolección de firmas lanzada por 150 organizaciones birmanas para presionar por la liberación de todos los presos políticos de ese país.
Los organizadores de la campaña Liberar a los Presos Políticos de Birmania Ahora (FBPPN, por sus siglas en inglés) confían en recoger casi un millón de firmas antes del 24 de mayo, el día en que la líder prodemocrática Aung San Suu Kyi debería ser puesta en libertad tras seis años de arresto domiciliario, si la junta cumple con sus propias leyes.
Una cantidad tan elevada de adhesiones en 11 semanas elevaría la presión sobre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el destinatario del esfuerzo.
FBPPN quiere que el alto funcionario "convierta en prioridad personal la liberación de todos los prisioneros políticos de Birmania como primer paso esencial hacia la democratización del país".
"La libertad de todos los presos políticos birmanos se ha vuelto una marca internacional para evaluar el estado de la democracia en el país", dijo a IPS la portavoz de la campaña Soe Aung. "Confiamos en alcanzar a un grupo mayor de gente preocupada por la represión en Birmania."
"Mientras haya presos políticos en la cárcel, no habrá paz ni desarrollo", dijo Su Mon Aye, la reclusa más joven en el país al tiempo de su detención, en abril de 2000. Entonces, tenía 19 años y estudiaba química.
"Los liberados nunca abandonan su actividad política. Se niegan a firmar el compromiso de mantenerse al margen que les exigen. Debemos luchar contra el gobierno para que se nos reconozcan las libertades", dijo Su Mon Aye en Bangkok, al lanzarse la campaña.
"Es hora de que las autoridades liberen a todos los presos políticos, que no son criminales", dijo Moe Zaw Oo, encarcelado en la infame cárcel de Insein por nueve años, luego de ser arrestado en 1990 por su actividad política.
Las prisiones birmanas albergan a más de 2.100 presos políticos. A mediados de 2007, eran 1.200. El salto se debe a la ola represiva que siguió a las manifestaciones callejeras encabezadas por monjes budistas en septiembre de ese año.
Nilar Thein y Jimmy figuran entre los 23 dirigentes de la Generación Estudiantil del 1988 que recibieron condenas a 65 años de cárcel. Este grupo surgió en el levantamiento popular prodemocrático de agosto de ese año, brutalmente aplastado por el ejército, que mató a 3.000 personas.
En las prisiones birmanas hay hoy 220 monjes y seis monjas, los cuales "fueron despojados de sus túnicas rituales pro las autoridades", según FBPPN. "Muchos fueron torturados", agrega el comunicado.
También languidecen en sus celdas 456 miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido opositor liderado por Suu Kyi, y 20 hombres y mujeres que trabajaban como voluntarios en la asistencia a los damnificados por el ciclón Nargis, en mayo pasado.
El uso de Internet para recoger las firmas marca un nuevo rumbo respecto de la tradicional adhesión escrita y el envío de cartas.
"Esta campaña aprovecha de un medio de comunicación que nos ha servido para sacar información sobre Birmania hacia fuera", dijo a IPS David Scott Mathieson, asesor de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
"Ban deberá redoblar los esfuerzos de la ONU, pues esta campaña dejará en claro de que un millón de personas están al tanto de que en Birmania hay presos políticos. Esta campaña es el mayor esfuerzo informativo para demostrarle al mundo cuán serio es el problema", agregó.
