Los indígenas nasa, que viven en el sudoeste de Colombia, tuvieron que arriesgar la vida detonando ellos mismos municiones y armas que descubrieron en su territorio hace poco más de dos semanas.
Se trataba de un depósito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el más fuerte grupo guerrillero colombiano, creado hace 45 años. Entregar ese material al Ejército o contar con la ayuda de los militares, los únicos técnicamente capacitados para darle fin a un arsenal así, hubiera significado atraer represalias guerrilleras, explicó la joven indígena María Claudia Coicué.
Por sospechas de colaborar con el Ejército, indígenas awá fueron asesinados en febrero, recordó a IPS. Las FARC reconocieron haber dado muerte a ocho de ellos, pero son 17 los desaparecidos, según ese pueblo víctima del fuego cruzado, que aún busca los cuerpos para sepultarlos en sus tierras.
"Tanto el Ejército como la guerrilla son nuestros enemigos", señaló Coicué. Pero la neutralidad indígena en el conflicto armado es difícil de mantener. Las FARC quisieron controlar parte del territorio nasa, imponiendo sus reglas, rechazadas por los indígenas, acotó Coicué, recién graduada en Trabajo Social por la Universidad Nacional.
"Somos nosotros que castigamos nuestros comuneros", no la guerrilla, afirmó después de participar en el II Foro de los Pueblos, promovido por la organización internacional Paz para la Vida (Peace for Life) y el colombiano Proyecto Justicia y Vida, que concluyó el lunes en la capital colombiana.
El Foro aprobó un "firme respaldo" a un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros políticos, como un paso hacia una "salida política negociada al conflicto armado". El encuentro reunió desde el viernes pasado en Bogotá a unas 350 personas, entre ellas 62 extranjeros, teniendo como tema central: "Política imperial y resistencia global de los pueblos".
El Foro de los Pueblos, cuya primera edición tuvo lugar en la ciudad filipina de Davao en 2004, es una iniciativa de Paz para la Vida.
Esta organización tiene sede en Filipinas, pero congrega a personas de todo el mundo, buscando promover la fe y la resistencia contra la globalización militarizada y el imperialismo, a favor de alternativas de paz y justicia social.
La teología de la liberación es una de las inspiraciones del movimiento, y fue tema de un seminario paralelo de este segundo Foro, así como la cuestión palestina, la crisis de la globalización neoliberal, la autodeterminación de los pueblos y el impacto de los crímenes de Estado en la vida de las mujeres.
En Bogotá, los representantes de una veintena de países más Palestina y Puerto Rico aprobaron una declaración final en la que condenan el "imperio estadounidense que, frecuentemente con la complicidad de Europa, está multiplicando el dolor de los pueblos", particularmente del colombiano, donde alimenta la "pesadilla" del conflicto armado que ya dura más de cinco decenios.
Estados Unidos vive un descenso a causa de su crisis económica y la resistencia o la competencia de otros pueblos y países, pero sigue siendo una amenaza, asaltando brutalmente a Colombia, donde busca asegurar posiciones estratégicas y recursos, como petróleo y tierras, reza la declaración.
El pueblo colombiano "se está desangrando", con millones de desplazados y refugiados por la violencia y la expropiación de sus tierras, pero hay esperanzas por el crecimiento de las resistencias incluso dentro de Estados Unidos, concluye.
La guerra en Colombia sirve a los poderosos como medio de "adueñarse de las mejores tierras" para implantar sus monocultivos, además del petróleo y recursos mineros, según Oscar Martínez, del Movimiento Cristianos por la Paz.
El actual gobierno, presidido por Álvaro Uribe, se sostiene con el apoyo del "imperio, los medios de comunicación y poderes ilegales", como los paramilitares y el narcotráfico, sostuvo Pilar Marin, maestra y activista del Movimiento Magisterial por la Dignidad Educativa, relatora de algunos seminarios del Foro.
La estrategia uribista de apostar a la derrota militar de la guerrilla agravó tragedias como el desplazamiento forzado y los asesinatos de maestros. En los últimos 15 años, cerca de 3.000 familias de educadores debieron desplazarse, según dirigentes del sector.
Los asesinatos de maestros, sindicalistas, líderes campesinos, indígenas y jóvenes falsamente acusados de ser guerrilleros se suman al desplazamiento interno y la emigración, a causa de la confrontación militar que involucra fuerzas del Estado, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.
Últimamente, los "asesinatos selectivos" sustituyeron las masacres practicadas por las fuerzas gubernamentales y de los poderosos, según Marin. La "polarización" que identifica como enemigos o guerrilleros los que no son aliados hace crítica la situación de los que rechazan las políticas de ambos lados.
En medio de tantos conflictos, los "viviendistas" sufren otro drama que también los opone al gobierno, pero por razones sociales. Son activistas de un movimiento que busca impedir el desalojo de unas 800.000 familias que adquirieron sus viviendas financiadas en las tres últimas décadas y las perdieron o están en vías de perderlas por insolvencia.
Unas 300.000 familias ya fueron desalojadas, 189.000 procesos están "estancados" en la Justicia y otros 300.000 se encuentran en trámite, informó Manuel Avendaño, fundador de un movimiento en Bogotá que trata de evitar los desalojos, organizando a sus activistas para impedir que la policía cumpla órdenes judiciales de desalojo.
Los fallos se basan en leyes que se contraponen a la Constitución Nacional, y varios tratados internacionales firmados por Colombia aseguran el derecho a la vivienda digna, observó Juan Rodríguez, quien hace cuatro años estuvo a punto de ser desalojado de su casa pero fue ayudado por los activistas, por lo que se incorporó al movimiento.
Los intereses, que pueden alcanzar 37,4 por ciento y sólo bajan a 34,7 por ciento en casos de interés social, hacen que los compradores tengan que pagar 15 o 20 veces el valor del préstamo, según los "viviendistas".
Los desalojos son violentos. Empezaron con 50 policías militares y actualmente ya son realizados por hasta 150 uniformados, provocando muertos y heridos y violando derechos humanos, ya que separan niños y niñas de sus familias y obligan muchos a vivir en las calles, sostuvo Avendaño.
Un reciente desalojo dejó en dificultades a una familia de ocho personas, incluyendo un anciano de 82 años, ejemplificó. Uno de los adolescentes fue asesinado a los 15 años por paramilitares en Ciudad Bolívar, un inmenso barrio pobre del sur de Bogotá que concentra centenares de miles de desplazados.
En la sudoccidental ciudad de Cali "derribamos las casas antes que nos las quiten", cuando el desalojo se hace inevitable, dijo Jaime Tobon, que con sus compañeros de movimiento también participó en el Foro de los Pueblos. "Ya tumbamos tres" ante el "abuso de los bancos", acotó.
