La petrolera nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vive un capítulo de novela de espionaje, tras las denuncias del presidente Evo Morales sobre una presunta infiltración de un agente de la CIA.
La acusación oficial puso otra vez en escena a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), que había quedado relativamente al margen en Bolivia desde las dictaduras militares de los años 60, 70 y 80, persiguieron, capturaron y dieron muerte al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara el 9 de octubre de 1967.
La denuncia de Morales coincidió con la protesta de la presidenta argentina Cristina Fernández por las opiniones del director de la CIA, Leon Panetta, quien advirtió riesgos para las inversiones privadas en ese país.
En Bolivia, el capitán de policía retirado Rodrigo Carrasco Kreuzer es responsabilizado por el gobierno de Morales de infiltrarse en la petrolera estatal, nacionalizada el 1 de mayo de 2006, y de involucrarse en operaciones de "sabotaje y filtración de información que derivaron en casos de desabastecimiento de combustibles y de corrupción institucional", según una publicación gubernamental difundida esta semana.
El gobierno ha iniciado una acción judicial contra Carrasco por espionaje y "falsedad material" por emplear un título profesional ilegal para asumir la Gerencia Nacional de Comercialización de la petrolera y obtener información para organismos extranjeros.
Mirko Orgaz, analista en temas energéticos y dirigente del Comité Cívico de Camiri, región productora de petróleo al este de La Paz, tiene dudas sobre si realmente hubo una infiltración extranjera en YPFB, y concentró su atención en "la política masiva de corrupción" en la firma estatal, facilitada por normas excesivamente flexibles para realizar contratos y compras, según explicó a IPS.
"La falta de aplicación de normas petroleras elementales indican un proceso de improvisación. Estamos frente a un descalabro que han generado las políticas del gobierno en el sector", expresó Orgaz.
Los hidrocarburos representan la principal fuente de ingresos para Bolivia, que pasó de 300 millones de dólares en el año 2005 a 1.900 millones de dólares en 2007, tras la renegociación de contratos con petroleras extranjeras, según el propio presidente Morales.
Pero la supuesta presencia de la CIA en YPFB, desmentida por la embajada de Estados Unidos, es el segundo capítulo de un fuerte remezón sufrido por la estatal, tras descubrirse señales de corrupción en el contrato firmado con la empresa Catler Uniservice para instalar una planta de regasificación de líquidos en el departamento de Santa Cruz, por 86 millones de dólares.
El segundo hombre en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, fue expulsado del cargo de presidente de YPFB, y una investigación de la Fiscalía advirtió un riesgo de interferencia en las indagaciones, por lo cual ordenó su reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
El derrumbe de uno de los líderes del MAS y aspirante a acompañar como candidato a vicepresidente a Morales en las elecciones generales del próximo 6 de diciembre, ocurrió luego del asesinato de Jorge OConnor, socio de la contratista Catler Uniservice, durante un atraco para despojarlo de 450.000 dólares que llevaba al domicilio de los hermanos políticos de Santos Ramírez, el pasado 27 de enero.
La cifra representaba exactamente 10 por ciento de 4,5 millones de dólares que YPFB había pagado a esa firma, una semana antes del asalto, y ello despertó la sospecha de supuestos pagos irregulares a cambio de la adjudicación del proyecto.
Un seguimiento cuidadoso y detallado de los medios informativos encontró en el hecho de sangre la punta del ovillo de una influencia política y partidaria de Ramírez, hombre de confianza de Morales, empleada para operaciones financieras en YPFB que ponen en duda la lucha contra la corrupción pregonada como principio ideológico del MAS.
La flexibilidad de las normas fue facilitada por decretos firmados por el gabinete y por el propio presidente Morales, lo que el prefecto opositor del departamento sureño de Tarija, Mario Cossío, cita para pedir a la Corte Suprema de Justicia un juicio al mandatario.
La tarea pendiente del gobierno de eliminar la corrupción estará en el centro del debate, más aun cuando el propio Morales anuncia su deseo de prolongar su mandato por otros cinco años, confiado en la popularidad que los votantes expresaron al ratificarlo en agosto pasado con el 67,41 por ciento, y respaldaron la nueva constitución, con el 61,43 por ciento, el pasado 25 de enero.
"La corrupción en Bolivia no es paternidad de la partidocracia neoliberal ni del actual gobierno ni de los movimientos sociales. La corrupción está inserta en la cultura y lamentablemente erosiona y socava la institucionalidad de cualquier gobierno de turno", comentó a IPS el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja.
La esperanza de la ciudadanía boliviana se depositaba en las señales de verdadera transparencia y de legitimidad, pero hechos concretos como el problema de YPFB y el contrabando de mercadería (en el departamento de Pando), nos muestran que ni el propio presidente Morales está blindado contra actos de corrupción, dijo el analista.
Una comisión del Senado Nacional recomendó a la Fiscalía la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades de los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas, actual presidente de YPFB, y Saúl Ávalos, y al titular de Hacienda, Luis Arce, el superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, y el directorio de la empresa, en el cual se consigna a Ramírez, que aprobó el contrato con la empresa Catler Uniservice.
Un acuerdo político entre oficialistas y opositores, excluyó de una investigación al presidente Morales.
El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín dijo a IPS que los hechos registrados en torno a YPFB generan una sensación de frustración. "Pero creo que en ningún momento debe servir de argumento para dejar de pensar en sentido constructivo para crear un país distinto", expresó.
Pero el analista Mirko Orgaz considera que el gobierno "ha gastado toda su artillería" en tres años de gestión con seis presidentes en YPFB, y por tanto "no hay condiciones históricas, sociales y políticas para relanzar a la petrolera estatal".
