El gobierno de Venezuela decidió intervenir la industria arrocera, prosiguió la ocupación de fincas y examina de cerca los expendios de arepa, la popular torta de maíz que se rellena con infinidad de guisos, carnes o quesos y es emblema de la alimentación nacional.
La escasez en los anaqueles de arroz blanco con precio regulado, mientras se vendían variedades más costosas saborizadas o vaporizadas, decidió al gobierno de Hugo Chávez a intervenir las plantas procesadoras del grano.
A la orden, dada por el mandatario en la televisión, siguió en lo que va de marzo una cadena de nuevas medidas de expropiación, intervención o regulación sobre empresas de producción agrícola o agroindustrial y, por primera vez, se habla de estatizar restaurantes populares.
Se trata de una "tercera ola" de estatizaciones. En 2005 el gobierno traspasó a la esfera pública empresas textiles, de papel y válvulas, tras conflictos laborales, y en 2007 y 2008 adquirió las principales compañías de teléfonos, electricidad, acero y cemento.
En paralelo, el Estado retomó millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola y convirtió en empresas mixtas explotaciones petroleras que operaban trasnacionales bajo contrato.
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Las areperas o areperías "no pueden seguir cobrando 18 ó 20 bolívares (ocho o nueve dólares al cambio oficial) por una arepa rellena con pernil de cerdo, cuando su costo de producción es de 1,50 bolívares (70 centavos de dólar)", dijo el ministro de Comercio y jefe de la oficina que protege al consumidor, Eduardo Samán.
Si esos establecimientos no reducen sus precios, "buscaremos a quienes sí puedan hacerse cargo de esos negocios y vendan arepas a precios justos", dijo Samán.
El ministro luego recogió velas y dijo que su despacho no fijaría las medidas, valor y contenido exactos de cada arepa —un bollo hecho a mano que vuelve difícil producir dos ejemplares idénticos— pero sí velará contra la usura y la especulación. "Samán no sabe cuántas arepas se hacen con un kilo de harina o se rellenan con uno de pernil", comentó a IPS Carlos Duarte, encargado de una arepería del sur de Caracas. "Además, están los gastos de personal, el local, luz, agua, vigilancia, impuestos. Si el gobierno impone los precios este negocio cerrará y quedaremos 12 (empleados) en la calle", agregó.
La idea de marcar hasta el detalle la entrega de alimentos populares pareció alentada por el presidente, al quejarse de que la inflación mensual se duplica en los restaurantes (2,6 por ciento): "Voy a tener que inventar unos restaurantes populares. ¿Quiere usted cenar con su señora el día de los enamorados?: Restaurantes Chávez", comentó.
Pero la cruzada del gobierno no es contra pequeños expendios de comida, algún cosechador de arroz o el dueño de un modesto granero. La nueva ofensiva, cereales mediante, es contra el mayor grupo económico privado del país, Polar.
Fabricante de cerveza, refrescos, harina de maíz, aceites, arroz y otros alimentos, Polar es dirigido por el joven heredero Lorenzo Mendoza, uno de los dos venezolanos que ha figurado en la lista de las 100 personas más ricas del mundo que redacta la revista estadounidense Forbes.
La procesadora arrocera Primor, del grupo Polar, que cubre seis por ciento del mercado nacional, fue la primera intervenida, ocupada por militares mientras funcionarios del gobierno verifican que se consagre a producir el arroz básico, que se expende al precio regulado de 1,02 dólares el kilogramo.
Polar sostiene que producir un kilogramo de arroz cuesta 1,90 dólares y que el precio de venta debería estar ligeramente por encima de dos dólares, lo que rechaza el gobierno.
La segunda empresa en la mira resultó la estadounidense Cargill, cuya planta de arroz, con siete por ciento del mercado y dedicada a vaporizar el producto, fue expropiada. La corporación abastece, además, 50 por ciento del mercado venezolano de pastas, aceites y harina de trigo.
El debate se encendió con los defensores de la empresa privada. El alegato del gobierno respondieron los gremios empresariales destacando que los mercados operados por las autoridades y nutridos con importaciones controlan 46 por ciento del abastecimiento nacional de arroz.
En el camino vuelve a mostrarse la fragilidad de Venezuela en materia alimentaria. A comienzos de la década el país exportaba excedentes de arroz, decenas de miles de toneladas anuales, pero en los últimos años la tendencia se ha revertido.
Según el Ministerio de Agricultura, el país produjo el año pasado 1.265.000 toneladas e importó 260.000. Las asociaciones de productores sostienen que la producción no pasó de 1.050.000 toneladas y que se importaron al menos 300.000 toneladas.
"En la década previa a 1999 (cuando Chávez llegó al poder) Venezuela importó en alimentos y forrajes, en promedio, 75 dólares al año por habitante. En 2008 alcanzamos a 260 dólares por persona", observó a IPS Carlos Machado, docente en economía agrícola en el privado Instituto de Estudios de Administración.
Varios estudios ubican sobre 60 por ciento el componente importado de lo que la gente come en este país. En abril de 2008, el entonces ministro de Planificación, Haiman El Trudi, estimó que 75 por ciento de los alimentos en Venezuela eran importados. Puede afirmarse que dos de cada tres cucharadas de alimento provienen del extranjero.
En su búsqueda de incrementar la producción de alimentos, el gobierno ha rescatado predios, en manos de particulares provistos de documentación insuficiente sobre su propiedad, o expropiado 5,3 millones de hectáreas de tierra con vocación agropecuaria, y regularizado la tenencia de unos 3,5 millones de hectáreas, según cifras oficiales. La organización de derechos humanos Provea valoró la entrega desde 2002 de 83.000 cartas agrarias (autorizaciones colectivas o unifamiliares para ocupar y trabajar la tierra) y varios miles de otros documentos que han beneficiado a más de 200.000 familias. Pero criticó que "hasta 80 por ciento de los alimentos son importados".
Hasta el año pasado, el gobierno privilegió el rescate o expropiación de latifundios improductivos, pero su actual campaña frente a la agroindustria cerealera fue acompañada de ocupación de fincas más pequeñas o en plena producción, próximas a carreteras y dedicadas a cultivos inadecuados para las autoridades.
Ese fue el caso de la compañía de papeles y cartón Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, filial del grupo Smurfit Kappa, con sede en Irlanda, a la que se expropió una plantación de eucaliptos en el centro-oeste del país, y propiedades dedicadas a pastos o caña de azúcar, que el gubernamental Instituto de Tierras considera aptas para siembra de cereales o leguminosas.
Además, el gobierno estableció las proporciones (entre 60 y 90 por ciento) de productos en presentaciones con precios severamente regulados que las empresas deben entregar al mercado en harinas, arroces, pastas, aceites y café.
"En esta revolución no hemos podido, como en otras, ocupar de una vez los medios de producción. Por eso debemos construir poder, para tener hegemonía de propiedad social sobre los medios de producción", afirmó el ministro de Agricultura, Elías Jaua.
"Hace falta que la iniciativa sea del pueblo, antes de que el gobierno salga a ocupar una fábrica: las amas de casa, los consejos comunales deben exigir al gobierno contundencia contra la oligarquía, para que construyamos un poder popular", agregó el ministro.
Luis León, director de la firma encuestadora Datanálisis, dijo a IPS que "Chávez aprovecha su triunfo del 15 de febrero (cuando 54 por ciento del electorado aprobó autorizar su reelección continua) para ir contra un sector de la economía privada con medidas que la población ha rechazado antes de las consultas electorales".
El mandatario dijo que su gobierno "puede expropiar a todas las empresas que se salgan de la ley, a toda la burguesía", aun cuando algunas negociaciones anunciadas, como la compra por cientos de millones de dólares del Banco de Venezuela, filial del grupo hispano Santander, fue aplazada por falta de recursos, según trascendió de fuente oficial.
Las organizaciones empresariales, cuya fuerza ha menguado en esta década, han criticado y rechazado todas las medidas estatalizantes.
El líder opositor Manuel Rosales, quien disputó la presidencia a Chávez en las elecciones de 2006, pidió al mandatario "dejar la confrontación porque el país está cansado de peleas".
