La carrera hacia las elecciones del 5 de julio para legisladores, alcaldes y gobernadores en México comenzó este mes en medio de una fuerte polémica. A diferencia de la mayoría de los sectores golpeados por la depresión mundial, los participantes de esta competencia no tendrán problemas de dinero.
Los partidos políticos, que según encuestas ocupan junto a la policía los últimos escaños de la confianza ciudadana, recibirán este año casi 260 millones de dólares de las arcas pública. De ese monto, una cuarta parte será para financiar sus gastos electorales.
Según distintas proyecciones, México sufrirá este año una contracción en su crecimiento económico de 1,5 por ciento o más y unas 350.000 personas perderán su empleo, sumándose así a las 400.000 que ya quedaron en esa situación en 2008. Pero en la actividad política otra será la historia.
De los comicios del 5 de julio surgirán seis nuevos gobernadores estaduales, 565 presidentes municipales, 434 legisladores locales y 500 diputados federales. Estos últimos ejercerán hasta diciembre de 2012, cuando finaliza el mandato del conservador Felipe Calderón como presidente de México.
La cantidad de dinero asignada a fines de enero por el estatal Instituto Federal Electoral (IFE) para los partidos catapultó duras críticas de dirigentes sociales, analistas y columnistas de medios de comunicación. Los beneficiarios, en cambio, argumentaron que se trata de presupuestos racionales y necesarios.
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La gran mayoría del dinero irá a las arcas del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), del histórico Partido Revolucionario Institucional y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dominan la escena política en el país. También existen pequeñas agrupaciones.
Para el sacerdote católico Hugo Valdemar, portavoz de la arquidiócesis de México, el monto asignado por el IFE resultó "grosero" en el contexto de la crisis mundial. Habría sido deseable que los políticos presenten un plan de austeridad ajustado a las circunstancias, dijo a IPS.
Por su parte, Miguel Granados, columnista de los locales diario Reforma y semanario Proceso, consideró que por los partidos no pasa "la pobreza que agobia a buena parte de los negocios del país".
"Si los partidos fueran sensibles a dos hechos que parecen incontrovertibles: la distancia que los separa de los ciudadanos y la desazón anímica que la crisis está sembrando en los mexicanos, podrían practicar un gesto de solidaridad que, al mismo tiempo, les impida ser insolentemente derrochadores en medio de la escasez", escribió Granados.
Con el dinero de los contribuyentes, las agrupaciones políticas cubrirán gastos electorales y operativos todo el año, lo cual incluye salarios a dirigentes y en algunos casos reuniones en restaurantes de lujo, viajes de avión en primera clase, homenajes diversos y compra de ostentosos automóviles, detallas observadores.
El grueso de la propaganda electoral, que comprende la difusión de miles de avisos en radio y televisión, será gestionada por el independiente IFE, que según reformas legales aprobadas en 2007 usará para ese propósito exclusivamente tiempos pertenecientes al Estado. Estudios del IFE, cuyo presupuesto anual supera esta vez los 850 millones de dólares, indican que, de no haber sido por esa reformas, el gasto en los partidos habría ascendido a 430 millones de dólares este 2009, unos 170 millones más que los efectivamente asignados.
En los comicios presidenciales de julio de 2006, dos terceras partes de los más de 324 millones de dólares que los partidos gastaron en ese proceso fueron a parar a los medios electrónicos de comunicación, que son los principales difusores de la propaganda electoral.
Televisa y TV Azteca, que son los consorcios de televisión dominantes, se opusieron públicamente a las reformas sancionadas hace dos años. Es que ya no recibirán pagos de los partidos y deberán transmitir la propaganda electoral y del IFE en los tiempos que pertenecen al Estado, que es el dueño de los espacios radioeléctricos.
En un movimiento que mostró su discrepancia con las nuevas reglas y que fue interpretado como un abierto desafío a la autoridad, estas dos empresas interrumpieron el pasado fin de semana la transmisión de populares encuentros deportivos para poner al aire y juntas varias piezas publicitarias del IFE y de los partidos, acompañadas de una leyenda indicando que eran obligadas a hacerlo.
Autoridades electorales y portavoces partidarios reclamaron esa actitud y recordaron que la obligación de esos medios es distribuir la transmisión de los mensajes durante la programación diaria y no en bloque.
Javier Esteinou, investigador del departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, calificó de "alevosa" la actitud de Televisa y de TV Azteca. Interrumpiendo programas de fútbol y de otros entretenimiento, esas empresas intentaron abonar el hartazgo de la población frente a "la clase política", opinó.
El calendario electoral mexicano señala que las campañas para promover los candidatos partidarios en la interna se realizarán entre febrero y el 11 de marzo, mientras que desde ese día y el 31 del mismo mes deberán desarrollarse las convenciones, elecciones abiertas o cualquier otro mecanismo para definir los candidatos para la competencia general.
Luego vendrán las campañas electorales en pleno para la competencia por los cargos nacionales, estaduales o locales, las que deberán suspenderse tres días antes de las votaciones.
El presupuesto aprobado por el IFE para los partidos este año es superior al presupuestado para la Suprema Corte de Justicia, el Senado o la presidencia de México, áreas donde tampoco se han presentado ni insinuado planes de austeridad pese a que ya se sufren los efectos de la crisis económica global nacida en Estados Unidos.
"Es vergonzoso ver a políticos y funcionarios ricos en una sociedad cada vez más pobre. No hay justicia", dijo a IPS Martha Gómez, una joven estudiante de ciencias políticas. Su compañero de clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, Xavier Libera, señaló que las actitudes "poco éticas" de los dirigentes los desprestigian.
Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, declaró que las llamadas "prerrogativas" (dinero público para los partidos) son necesarias para alentar la participación ciudadana en elecciones.
Ante la consulta de IPS, Navarrete reconoció que los montos asignados pueden parecer excesivos en el contexto de la crisis. Sin embargo, sostuvo que son los necesarios y justos en un sistema electoral como el mexicano.
Para el diputado Gerardo Aranda del gobernante PAN, esa disposición "está dentro del orden". "Si lo ponemos en relación con los gastos del país, no es desorbitado, no está brincando (desentonando) con el presupuesto" nacional del Estado, declaró a la prensa local.
El presupuesto público global de México para este año es de unos 300.000 millones de dólares, el mayor de la historia. Alrededor de 51 por ciento de tal monto se destinará a pagar a la burocracia, que viene engrosándose sin pausa desde 2000, y a los funcionarios de elección popular.
Estudios varios indican que México será uno de los países más golpeados por la crisis pues es vecino y tiene una fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, origen de los actuales males que aqueja a la economía mundial.
