La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó este jueves que la policía cometió graves violaciones de derechos humanos en un operativo ejecutado hace casi tres años contra pobladores de la localidad de Atenco.
Pero el dictamen del más alto tribunal de este país no asegura el fin de la impunidad en que han permanecido esos actos perpetrados el 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco en el estado de México, al oriente de la capital, y que terminaron con cientos de personas heridas y detenidas y decenas de mujeres abusadas sexualmente.
"Este recurso extraordinario (la intervención de la Corte) ha dejado claro que la justicia ordinaria no está funcionando, que es inaccesible a los ciudadanos y en muchos casos inútil", dijo a IPS el activista Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 55 organizaciones humanitarias.
El dictamen de los 11 ministros del máximo tribunal, que no es vinculante y por tanto no define sanciones ni ordena investigaciones, indica que en los operativos policiales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Cortez espera que este pronunciamiento sea considerado por las autoridades pertinentes para que reabran las investigaciones.
[related_articles]
"Sabemos que aquí no se emitió una sentencia, pero sí una resolución de carácter moral", señaló el portavoz de la Red, cuyos miembros han realizado decenas de pronunciamientos en los últimos años exigiendo justicia en el caso de Atenco.
Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, consideró que de no reabrirse las investigaciones contra las autoridades "que incurrieron en graves violaciones, sin importar su nivel, se perderá el peso moral y legal del pronunciamiento de la Suprema Corte". Trece personas de las casi 200 detenidas en los operativos de Atenco siguen presas en diferentes cárceles, la mayoría dirigentes comunitarios acusados de motín y del secuestro de policías, que podrían recibir penas de más de 60 años de reclusión. Sus familiares y activistas sociales consideran que son presos de conciencia.
Pero sólo seis de los 2.000 policías que actuaron en Atenco fueron encausados por abuso de autoridad y "actos libidinosos". Los procesos continúan, pero los uniformados están libres.
La Suprema Corte señaló que fueron únicamente policías, de forma individualizada, los culpables de los delitos de Atenco.
"Me parece injusto que nos culpen de todo sólo a nosotros que fuimos a ese infierno por órdenes de los jefes", declaró un ex policía que estuvo en el operativo, pero que pidió a IPS no dar su nombre. Si bien nunca fue acusado, reconoce que él y algunos de sus compañeros actuaron de forma violenta y hasta vengativa.
La Corte estimó que "de ninguna manera", puede señalarse responsabilidad a las autoridades superiores, como el gobernador en funciones del estado de México, Enrique Peña, y el entonces ministro de Seguridad del gobierno y hoy fiscal general, Eduardo Medina, ni a las corporaciones de policía como instituciones.
Según la mayoría de los magistrados, está acreditado que esas autoridades y los máximos funcionarios policiales jamás ordenaron violar los derechos humanos de la gente de Atenco.
Durante las audiencias, iniciadas el lunes y transmitidas en vivo por el canal de televisión judicial, algunos magistrados exhibieron documentos acreditando que las autoridades ordenaron a los uniformados ser prudentes en los operativos, no llevar armas de fuego y negociar con quienes protestaban.
Pero aclararon los magistrados que esta actitud se refiere sólo a los hechos del 3 y el 4 de mayo, y que el dictamen no debe interpretarse como una exoneración por actos posteriores a los operativos, como ocultamiento de pruebas, presiones a jerarcas intermedios o negativa a sancionar a los agentes desplegados en Atenco.
La exculpación de las autoridades contrasta con denuncias de grupos humanitarios de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, del opositor Partido de la Revolución Democrática y de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que responsabilizaron inclusive al ex presidente Vicente Fox (2000-2006).
En su pronunciamiento, la Corte estima justificada la intervención policial en Atenco, pues era necesario frenar a pobladores violentos que, portando machetes, palos y bombas incendiarias, habían cerrado carreteras y secuestrado a varios agentes de policía.
Pero en casi 2.500 páginas del reporte redactado por una comisión del tribunal, se indica que los policías golpearon con saña y sin justificación a detenidos, allanaron casas y abusaron sexualmente de mujeres.
De unos 200 detenidos en los dos operativos, entre 80 y 90 por ciento presentaron lesiones. En ese grupo había 50 mujeres, y 30 de ellas fueron sometidas a algún tipo de abuso sexual, indica el documento.
"Es que nos provocaban, tenían machetes y habían golpeado a los compañeros, fue una reacción de muchos de nosotros, pero yo no toqué a ninguna mujer, aunque sí daba ganas de golpearlas pues nos insultaban", confesó a IPS el ex policía.
En el informe judicial se consigna que los uniformados actuaron sin ningún profesionalismo y con ánimo vengativo.
El 3 de mayo de 2006, la policía trató de obligar a un grupo de floricultores de Atenco —una comunidad semi rural habitada por unas 40.000 personas—, a cumplir un acuerdo para cambiar la ubicación de sus pequeñas tiendas ambulantes.
Los floricultores se negaron y pidieron apoyo de una organización de pobladores que, en conjunto, repelieron a la policía, golpearon a varios agentes y lograron retener a algunos.
Una parte de los pobladores eran miembros del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Atenco, una organización de base que en 2002 impidió con manifestaciones callejeras la construcción de un aeropuerto en sus tierras y se transformó en actor cercano a activistas sociales y a organizaciones altermundistas.
En la refriega del 3 de mayo se pudo ver a policías caídos e inconscientes que eran golpeados en el suelo. Además, un joven de 14 años murió de forma confusa y muchos pobladores y agentes resultaron heridos.
Tras ese choque, el Frente del Pueblo bloqueó vías de acceso a la comunidad y ocupó edificios públicos. Al día siguiente, arribaron al lugar cientos de policías para enfrentar y desalojar a los manifestantes. En la violenta operación, cometieron las violaciones de derechos humanos que siguen impunes.
