El gobierno interino de Fiji parece en vías de convertirse en una dictadura al estilo de la birmana en la nación del Pacífico.
"¿Acaso estamos viendo el desarrollo de una democracia militarizada?", desconfió el profesor Brij Lal, un ciudadano de Fiji de origen indio y experto en asuntos del archipiélago en la Universidad Nacional Australiana.
"Podríamos estar presenciando la gestación de la 'Birmania del Pacífico'", dijo Lal, integrante de la comisión oficial de tres miembros que elaboró la Constitución de 1997, designados dos años antes por el entonces presidente Ratu Sir Kamisese Mara (1993-2000).
El temor de Lal está encarnado en el actual jefe del gobierno de Fiji, comodoro Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama, quien, al mando de las fuerzas armadas, dirigió el golpe de Estado de diciembre de 2006 —el cuarto desde 1987— contra el entonces primer ministro Laisenia Qarase (2000-2006).
Qarase había sido designado por Bainimarama, presidente en el gobierno militar interino organizado para contrarrestar el golpe que en 2000 había dado el nacionalista George Speight.
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Qarase se mantuvo como primer ministro luego de las elecciones generales de 2001 y de las parlamentarias de 2006, pero su política de reconciliación con los involucrados en el golpe de 2000 indignó a Bainimarama y fue uno de los motivos del golpe de Estado.
Sandra Tarte, de la Universidad del Pacífico Sur en Suva, dijo a IPS que el rol político que se arrogaron los militares fue habitual en Fiji en las últimas décadas.
"El ejército, especialmente su actual comandante, se ve a sí mismo como el salvador de la nación", señaló.
Pero no son necesariamente las políticas de Bainimarama las que alarman a los expertos.
Entre ellos hay planes para superar la división racial que separa a las dos etnias principales, los fijianos indígenas y los descendientes de indios que se afincaron para trabajar en las plantaciones azucareras hace un siglo, cuando el archipiélago era colonia británica.
La visión de Bainimarama sobre un Fiji multiétnico pero unificado es la piedra angular del nuevo Estatuto Popular para el Cambio, la Paz y el Progreso.
"El proceso del Estatuto, como tarea inclusiva y participativa en el plano nacional, aborda los problemas fundamentales, complejos y profundamente arraigados de Fiji", escribieron Bainimarama y el arzobispo Petero Mataca en el prólogo del texto.
Ambos presiden el Consejo Nacional para Construir un Fiji Mejor, la organización de base supuestamente amplia que promovió el Estatuto.
"El objetivo del Estatuto es reconstruir Fiji como nación de base no racial, culturalmente vibrante y unida, bien gobernada y verdaderamente democrática, que busque el progreso y la prosperidad a través de la paz y de la igualdad de oportunidades basada sobre los méritos", señalan en el texto.
También en el prólogo, el gobierno interino se compromete a "restaurar y sostener la gobernanza parlamentaria democrática, la estabilidad y la paz en Fiji".
Tarte sostuvo que tales cambios en la sociedad fijiana deberían acompañarse de un esfuerzo por convencer a la sociedad de la necesidad de aceptarlos y comprenderlos. "El proceso del Estatuto hasta ahora no logró construir ese necesario consenso", dijo.
Aunque Lal apoya las intenciones de reforma de Bainimarama, se opone a la manera en que la está implementando.
"Aplaudo su visión, pero no su procedimiento", explicó.
Los países cercanos a Fiji, particularmente Australia y Nueva Zelanda, han sido muy críticos de Bainimarama desde el golpe de 2006, y continúan exigiéndole la convocatoria a elecciones.
La unanimidad de los participantes en el Foro de Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés) celebrado en enero en Papúa Nueva Guinea llamaron a Fiji a realizar elecciones generales para fines de año y a fijar la fecha, como máximo, para fines de abril.
De no hacerlo, se sumarán nuevas sanciones a las que ya están en curso.
El PIF es la principal organización política y económica de la región, y tiene 16 miembros plenos.
Las sanciones en consideración incluyen excluir a los miembros del gobierno interino de todas las reuniones del bloque y considerar a Fiji no apto para ninguna iniciativa de cooperación regional del PIF o para recibir una mayor asistencia financiera y técnica.
Pero Bainimarama muestra obstinación ante las críticas internacionales. La reunión del PIF de enero fue convocada para discutir el incumplimiento por parte de Fiji de su compromiso, asumido en 2007, de celebrar elecciones en marzo de este año.
Mientras transcurrían las peores inundaciones en la historia del país, justo antes de la reunión, Bainimarama envió a la cumbre a su fiscal general en lugar de ir personalmente.
En este contexto, parece improbable que las elecciones se realicen o convoquen este año.
Además de una falta de infraestructura electoral —los registros de votantes y la delimitación de circunscripciones son deficientes—, otro factor que demorará los comicios en Fiji bastante más allá del plazo de 2009 es el deseo de Bainimarama de cambiar el sistema de votación.
El sistema actual, basado sobre la Constitución de 1997, refleja las divisiones raciales en el país.
Los 71 distritos que integran Fiji eligen a los 71 miembros de la Cámara de Representantes. Pero 46 de estos escaños son asignados según parámetros étnicos: 23 para los fijianos originarios, 19 para los indo-fijianos, uno para los habitantes de la isla de Rotuma y tres para grupos minoritarios.
Esto significa que solamente los votantes de las etnias asignadas pueden sufragar por el candidato a representante de su preferencia.
Los otros 25 escaños son abiertos, y pueden postularse para ocuparlos candidatos de cualquier comunidad étnica.
Además, el gobierno interino pretende atemperar el sistema proporcional de asignación de puestos legislativos.
Lal no coincide en el argumento del gobierno interino según el cual la inestabilidad política persistirá a menos que se reforme el sistema electoral.
"Sea cual sea el sistema electoral que se implemente, nada sucederá a menos que haya voluntad de permanecer por la vía legal", opinó.
Para él, el factor más decisivo en la estabilidad de Fiji es el ejército, de unos 3.000 efectivos.
"Mañana puede haber un nuevo gobierno en Fiji como consecuencia de este nuevo sistema electoral. ¿Qué ocurrirá si propone un curso de acción al que se opone el ejército?", planteó.
