ETA respondió al Tribunal Supremo de Justicia, que le cerró las puertas electorales a candidatos afines, con el estallido de una bomba este lunes en la capital española, que no ocasionó muertes pero si grandes daños materiales. La jefatura del gobierno vasco condenó el atentado, pero criticó el fallo.
El artefacto había sido instalado en un vehículo que fue estacionado frente a la sede en Madrid de la empresa Ferrovial Agromán, una de las amenazadas por ETA si continuaban con las obras del tren de alta velocidad (AVE) del País Vasco. Alrededor de una hora y media antes de la explosión, la Cruza Roja española recibió un llamado de aviso de sus presuntos autores.
La decisión del domingo del Tribunal respecto de postulantes a los comicios regionales del 1 de marzo en el País Vasco, aparentemente uno de los motivos del atentado, fue elogiada por todos los partidos, en especial por el socialismo y el derechista Partido Popular (PP), a diferencia del presidente del gobierno del País Vasco, Juan José Ibarretxe, quien la atribuyó a "cálculos electorales y políticos".
Ibarretxe, del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), aludió indirectamente al apoyo que ha recibido y que podría recibir en el futuro de los diputados autonómicos vinculados a ETA, afirmando que "tanto el PP como el socialismo saben que nunca tendrán la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco si estamos representadas todas las fuerzas políticas".
Esos "cálculos" electorales, añadió, tanto del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del opositor PP, llevaron a los gobiernos que encabezaron en España a ilegalizar partidos o agrupaciones.
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En el País Vasco, el PSOE y el PP juntos superan en votos y en diputados al PNV y a su escisión y aliado Eusko Alkartasuna, por lo que los votos de los pro-etarras en el parlamento de ese distrito le son indispensables a esas agrupaciones locales para designar gobierno.
Ibarretxe condena la violencia y el terrorismo, pero no lleva esa condena hasta los brazos políticos de ETA.
El jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ordenó al Fiscal General del Estado que actuara contra formaciones políticas ligadas a ETA, anticipó el 1 de este mes que en las elecciones "no estará nadie que de una u otra manera directa o indirectamente tenga relación con Batasuna o todas sus distintas manifestaciones".
Desde la recuperación de la democracia en España y la celebración de las primeras elecciones en 1976, las convocadas para el 1 de marzo serán las primeras en las que no podrá participar una lista de candidatos afines a ETA si, como se prevé, el Tribunal Constitucional confirma esta misma semana la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
Esa sentencia fue ratificada de hecho este lunes por ETA con su atentado, manifestó ante un grupo de periodistas el ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aunque los "brazos políticos" de Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en vascuence) no eran formalmente de ese grupo, su pertenencia era reconocida en sus boletines internos, en declaraciones públicas, en el apoyo mutuo y en la participación de dirigentes etarras en las campañas electorales.
El más conocido fue Herri Batasuna, que al ser ilegalizado dio paso a Batasuna, y éste a Askatasuna y últimamente a la plataforma Democracia Tres Millones (D3M), cuyo nombre alude a la cantidad de habitantes del País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Precisamente D3M y Askatasuna son las dos formaciones políticas cuyas candidaturas fueron anuladas en la noche del domingo por el Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, el juez Baltasar Garzón procesó este mismo lunes a 13 personas por encontrarlas vinculadas a ETA. Se trata del presidente, el secretario y tres representantes de Askatasuna ante las Juntas Electorales, junto a ocho delegados legales de D3M. Por esta misma causa hay otros ocho imputados desde el 23 de enero, cuando se inició el proceso judicial.
"Procede tener por imputados a las personas citadas por su representación en cada una de las entidades investigadas (Askatasuna y D3M) con fines políticos electorales bajo la dirección e instrumentación de Batasuna/Ekin y la superior dirección de ETA", expresa Garzón en su argumentación.
El atentado de este lunes tuvo como blanco otra vez a la empresa Ferrovial Agromán. La explosión no causó víctimas mortales, pero destruyó medio centenar de vehículos, un puente y causó fuertes daños en varios edificios.
Al localizar el coche-bomba, tras el aviso telefónico, la policía estableció un cordón de seguridad y desalojó a las personas de los edificios colindantes, con lo que se evitaron muertos y heridos.
Desde Ibarretxe, quien dijo que "ETA debe desaparecer para siempre", hasta Zapatero, incluyendo a partidos minoritarios, dirigentes sindicales y empresariales, todos condenaron el atentado y llamaron a la paz.
ETA asesinó el 3 de diciembre a un empresario, Ignacio Uria, propietario de una empresa que también trabaja en el AVE y en 2001 a un directivo de Ferrovial, por estar construyendo su empresa en esa época una autopista que comunica al País Vasco con el resto de España.
El atentado de este lunes es el primero de ETA en Madrid desde que el 30 de diciembre de 2006 hizo estallar un automóvil cargado de explosivos en la playa de estacionamiento del aeropuerto de Barajas, en el que mató a dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos.
