Más de 9.000 presos de El Salvador se declararon en «rebeldía pacífica» para exigir mejores condiciones de reclusión en los 15 penales que habitan.
La población carcelaria salvadoreña es de 21.000 personas, pero hay capacidad para alojar solamente a 8.000. Los presos se "rehúsan a ingresar a sus celdas y no participan en ninguna de las actividades", confirmó a IPS una fuente de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
La chispa de la desobediencia se encendió el sábado en la cárcel de Cojutepeque, 35 kilómetros al este de San Salvador, y se propagó rápidamente a 10 penales para adultos y a los cuatro que alojan a menores de edad.
Fuerzas de seguridad del Estado rodean las instalaciones de esas prisiones, y el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, se ofreció a mediar entre los presos y las autoridades para evitar hechos de violencia.
De no atenderse debidamente esta crisis, podría "desembocar" en hechos lamentables, dijo Luna. Las demandas de los presos son "justas" porque entrañan "derechos", agregó.
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Se requiere superar problemas de "hacinamiento, atención médica, maltratos a los presos y sus familiares, y las precarias condiciones de las cárceles", dijo el procurador.
Además de Cojutepeque, las prisiones en las que los reclusos se declararon en rebeldía son La Esperanza, Apanteos, Usulután, Sensuntepeque, San Vicente, Quezaltepeque, San Francisco Gotera, San Miguel, Sonsonate y Chalatenango.
En gesto de "solidaridad" se sumaron los menores recluidos en Tonacatepeque, Ilopango, Ilobasco y El Espino. Por ahora, otros ocho penales de adultos no se ven afectados por la medida, pero el contagio no puede descartarse, agregó la fuente de la DGCP.
En 2007, este país tuvo una tasa de 61 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina y del mundo.
La desobediencia masiva es un hecho insólito. Por primera vez, presos que pertenecen a las dos pandillas enemistadas a muerte, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, y otros reclusos están llevando a cabo una protesta en forma coordinada.
Por más de una década, decenas de personas han muerto en las cárceles en aparentes riñas entre pandillas.
Fuentes consultadas por IPS sostuvieron que las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son caldo de cultivo de actos violentos y promueven contagios de hepatitis y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida).
La ausencia de controles también facilita el ingreso de drogas, muchas veces en complicidad con el personal de los penales, desde donde, además, se ordenan extorsiones y asesinatos, según las autoridades.
Balmore, un ex preso que no quiso dar su apellido, dijo a IPS que en el año y medio que pasó en el penal de San Francisco Gotera atestiguó cómo los presos tenían que "comprar a cinco dólares cada hora de servicio de agua corriente", generalmente contaminada.
Él mismo denunció que en los últimos tres meses se han reportado tres casos de abortos de mujeres parientes de presos, aparentemente causados por abusos y violencia en los registros que los guardias penitenciarios practican a los familiares en los días de visita.
Según Balmore, un recluso habría muerto en diciembre en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca por heridas sufridas en un pulmón durante una requisa realizada semanas antes en la prisión de San Francisco Goteras.
El abogado Edgardo Amaya, especialista en temas penitenciarios, cree que la protesta es una "señal de alerta" y puede ser el "principio de una nueva etapa de resistencia" de la población carcelaria.
"Es reflejo del deterioro de la calidad de vida de los reclusos", manifestó Amaya, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En su opinión, así se exhibe la "irracionalidad" de la mano dura a la delincuencia, aplicada por los dos últimos gobiernos, que suma a la represión policial, reformas a los códigos procesal y penal y a la ley penitenciaria, con el propósito de endurecer las penas, lo que al final ha redundado en un aumento de población carcelaria, exhibida por las autoridades como una política "exitosa" de seguridad pública.
El ex presidente Francisco Flores (1999-2004) impulsó el plan "Mano Dura" en 2003. Su sucesor, el mandatario Antonio Saca, elevó la apuesta con el plan "Súper Mano Dura".
A inicios de este mes, Amaya elaboró una tabla sobre población reclusa en varios países latinoamericanos, basada en cifras oficiales de 2007.
Luego comparó esos datos con los de El Salvador, que tiene casi seis millones de habitantes y más de 20.000 presos, es decir 333 reclusos por cada 100.000 personas, la segunda mayor relación después de Panamá.
Guatemala tiene 59 presos por 100.000 habitantes, mientras Colombia y República Dominicana tienen 138 y 156 presos por cada 100.000 personas, respectivamente.
Unos 2.000 familiares de presos marcharon el lunes por la capital para sumarse a las protestas, mientras las autoridades penitenciarias se mantienen en "alerta roja" en todo el territorio.
A través de las familias, los presos divulgaron un comunicado de tres páginas en el que demandan "respeto a la integridad física, moral y psicológica" y mejoras de la atención médica, alimentación y estado edilicio de los centros de detención, entre otras exigencias.
Graciela Azucena, hermana de dos jóvenes condenados a 20 años de reclusión —Jonathan, de 27 años, preso en Quezaltepeque, y Eduardo, de 22, en Izalco—, sostuvo que "se les pide a las autoridades que permitan el ingreso de medicamentos y prendas personales". Luego de tomar parte en la marcha, Azucena relató a IPS que hace unos meses logró ingresar un medicamento para Jonathan, pero en una de las requisas a las celdas el fármaco fue derramado en el suelo.
"Está demostrado que atacar la violencia exclusivamente a través de medios coercitivos ha fracasado", dijo Amaya.
Luna, el procurador de derechos humanos, insistió en que haría "todo lo posible para contribuir a la solución", pero exhortó a los presos a levantar la medida.
Reclusos con los que IPS logró conversar aseveran que eso no sucederá hasta que no sean escuchados por las autoridades.
