Si el Congreso legislativo de Estados Unidos y el gobierno de Barack Obama se quedan de brazos cruzados, muchos pobres acabarán viviendo en la calle en los próximos dos años, advirtieron defensores de los sin techo.
"Desafortunadamente, prevemos que los números empeoren", dijo a IPS Michael Stoops, director ejecutivo de la Coalición Nacional para los Sin Techo.
"Un millón y medio más de personas se quedarán sin hogar en los próximos dos años si no hacemos nada", ratificó Nan Roman, presidenta de la Alianza Nacional para Erradicar el Desamparo (NAEH, por sus siglas en inglés).
Entre enero de 2005 y enero de 2007 los sin techo se redujeron de 744.313 a 671.859, según los datos procesados por la NAE y recabados por agencias que participan en el censo gubernamental especializado, que se realiza en las calles una noche de enero cada dos años.
En 34 estados y la ciudad de Washington se registraron reducciones en la población sin techo.
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Pero cifras más recientes señalan una reversión de esta tendencia. En diciembre, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos halló que, de 25 ciudades estudiadas, 19 reportaron alguna clase de aumento de los sin techo entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de octubre de 2008.
El informe concluye que las consecuencias de la crisis económica y la ola de ejecuciones judiciales de vivienda sobre los sin techo para los próximos dos años aún no están claras.
"Pero con la economía en recesión y el desempleo en aumento, es probable que la necesidad de servicios para los sin techo permanezca estable, si es que no se incrementa", agregó.
Las ejecuciones empujan a mucha gente a las calles.
La no gubernamental Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés) informó en diciembre que más de un quinto de las propiedades en riesgo de ejecución son alquiladas por sus dueños.
Como a menudo albergan a múltiples familias, los inquilinos constituyen casi la mitad de los desalojados.
En consecuencia, familias de bajos y muy bajos ingresos y de comunidades minoritarias son las más afectadas por esas ejecuciones.
"Con la economía como está y con las ejecuciones, la situación habitacional es inestable. Muchos terminarán en el sofá de un vecino o algo así. Al quedarse sin opciones, otros terminarán en la calle", dijo Danilo Pelletiere, director de investigaciones del NLIHC.
Las autoridades de 12 de las 25 ciudades analizadas para el informe de la Conferencia de Alcaldes atribuyeron el aumento de la población sin casa a las ejecuciones judiciales.
Sesenta por ciento de las alcaldías dijeron que el encarecimiento de las viviendas es la causa del problema. "Uno ve personas que ya han perdido sus hogares. ¿Dónde están?", preguntó Stoops.
"Se mudan con familiares y amigos. Se mudarán a sus camionetas o caravanas estacionándolas en un camping estatal. En realidad, sea uno rico o de clase trabajadora, nadie es inmune a la posibilidad de quedarse sin techo", agregó.
Cuando se les consulta si sus ciudades adoptaron políticas para impedir que las familias residentes en casas en riesgo de ejecución judicial se quedaran sin techo, solo 13 ciudades —apenas la mitad— respondieron que sí.
"Muchos estadounidenses están perdiendo o pueden perder sus hogares, pues tanto los propietarios como los inquilinos sienten el impacto de la crisis de ejecuciones", dijo Deborah De Santis, presidenta de la Corporación para Viviendas de Apoyo.
"Millones de estadounidenses corren peligro de caer en la pobreza profunda en los próximos meses como consecuencia del creciente desempleo y de la reducción del financiamiento estatal y local a los programas de seguridad social que asisten a quienes no encuentran trabajo", continuó.
"Entre ellas habrá miles de personas vulnerables y discapacitadas que necesitarán apoyo en materia de vivienda. El Congreso y el nuevo presidente deben asignar aun más ayuda federal a nuestros esfuerzos contra la falta de techo en cada comunidad", agregó.
Organizaciones como la NAEH han alentado a las alcaldías a implementar políticas de largo plazo para poner fin al problema crónico de la falta de vivienda.
La Conferencia de Alcaldes informó que 24 de las 25 ciudades estudiadas habían desarrollado planes a 10 años, y que muchas se concentraban no solo en terminar con el problema de los adultos discapacitados y sin techo crónicos, sino también en impedir que familias cayeran en la misma situación.
De todos modos, 16 ciudades reportaron un aumento de las familias sin vivienda, mientras que solo seis informaron sobre una disminución o sobre ningún cambio.
"Un plan a 10 años no es una garantía de nada. Hay que implementar las estrategias, prevenir" y lograr que los sin techo vuelvan a tener vivienda rápidamente, dijo Roman.
En realidad, la pregunta es si se está cambiando el sistema y haciendo las inversiones necesarias, agregó.
"No hay nada malo con un objetivo a 10 años. Pero a menos que haya compromisos adicionales del sector público y el privado, el plan no tiene sentido. Habrá ciudades que los implementen durante 10 años donde todavía habrá entonces gente sin techo", dijo Stoops.
La NAEH recomendó al Congreso y al gobierno de Obama entregar 400.000 nuevos vales de ayuda par la compra de casas, invertir 2.000 millones de dólares en prevención y rápida renovación de edificios, e invertir 10.000 millones de dólares en el Fondo Nacional de Vivienda.
El NLIHC cree que una inversión similar en el Fondo permitirá a la nación rehabilitarse o construir 100.000 viviendas de alquiler para las familias de ingresos más bajos, usando criterios ambientalmente sustentables, en los próximos dos años.
"Creemos que esas tres cosas juntas serán suficientes para impedir que 1,5 millones adicionales de personas se queden sin techo. A plazo más largo, necesitamos una solución al problema del costo de la vivienda, que todavía no es asequible" para los pobres, sostuvo Roman.
Para crear viviendas más baratas, el NLIHC recomienda invertir 5.000 millones de dólares en viviendas públicas y 3.000 millones de dólares en la preservación de construcciones urbanas y rurales subvencionadas por el gobierno federal.
"No hay suficiente dinero para viviendas públicas. Hay una verdadera 'subinversión'", opinó Pelletiere.
La organización también recomendó destinar 2.000 millones de dólares a la reubicación y asistencia en vivienda temporaria para inquilinos desalojados de sus hogares a raíz de la ejecución de las viviendas que alquilan.
"Hemos presionado mucho con el fin de obtener fondos extra para esos programas federales. Si podemos evitar que alguien sea expulsado de su hogar o que tenga un aviso con tiempo suficiente, los daños se reducirían de modo significativo", dijo Pelletiere.
