Muchos defensores de los derechos humanos aplaudieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ordenar el próximo cierre de la cárcel en la base naval de Guantánamo, Cuba. Muchos otros preguntaron entonces qué pasaría con la de Bagram, en Afganistán.
Abogados del Departamento de Justicia (fiscalía general) de Obama respondieron esa interrogante la semana pasada en tribunales federales: el Poder Ejecutivo asumirá la misma posición que durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).
En otras palabras, los más de 600 detenidos en la base aérea estadounidense en Bagram, Afganistán, no tienen derecho a que tribunales del país norteamericano analicen la legalidad de su reclusión.
Algunos dicen ser víctimas de "entregas extraordinarias" ("extraordinary rendition") de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mecanismo por el cual se trasladó en el periodo de Bush a personas que no pueden ser legalmente arrestadas en Estados Unidos a países dispuestos a usar tratamientos inhumanos contra ellos.
Muchos más dicen haber sido torturados y abusados en esa cárcel, ubicada en las afueras de Kabul.
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En el caso Boumediene versus Bush, entablado por un ciudadano de Bosnia-Herzegovina preso en Guantánamo, "la Corte Suprema sostuvo que los detenidos" allí "tienen derecho al hábeas corpus para apelar su detención", dijo a IPS Marjorie Cohn, presidenta del Sindicato Nacional de Abogados.
"Pero no limitó ese derecho a Guantánamo", agregó. El juez Anthony Kennedy, miembro conservador de la Corte Suprema, dijo que "no sería benevolente con funcionarios que encarcelen a personas en otros países para evitar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses", indicó la abogada.
"El gobierno de Obama ahora envía detenidos a Bagram en vez de a Guantánamo. Es alarmante que cientos de personas en custodia de Estados Unidos en Iraq y Afganistán tengan el acceso denegado a tribunales para evaluar la designación de 'combatiente enemigo'", agregó..
Barbara Olshansky, abogada de tres detenidos en Bagram y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, manifestó su profunda desilusión porque el gobierno adhiere "a una posición que ha contribuido a hacer de nuestro país un paria en el mundo por su flagrante desconsideración por los derechos humanos".
También afirmó que espera que el gobierno de Obama se limite a señalar que todavía está dedicada a elaborar una política hacia los detenidos.
Se estima que en la prisión militar controlada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Bagram, cerca de Kabul, están recluidas entre 600 y 700 personas, el triple de los hoy presos en Guantánamo.
La prisión afgana se construyó poco después de que la invasión de fines de 2001, encabezada por fuerzas estadounidenses, expulsara al movimiento islamista Talibán del poder en Afganistán.
El Departamento de Justicia entiende que ninguna de las sentencias sobre Guantánamo puede aplicarse en beneficio de los recluidos en Bagram, pues los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre ellos y su cautiverio responde a una operación militar en curso. Abogados de los detenidos en la base afgana opinan lo contrario.
El Tribunal de Distrito de Washington presidido por el juez John D. Bates celebró en enero una audiencia de apelaciones presentadas por separado en nombre de cuatro detenidos llevados a Bagram desde fuera de Afganistán.
En la audiencia, abogados del gobierno de Bush alegaron que los detenidos de Bagram eran diferentes de los de Guantánamo, y que podían plantear una amenaza a la seguridad si eran liberados.
Si bien aún resta el fallo, el juez Bates preguntó a los abogados "qué evidencia existe para creer que (los detenidos) regresarían al campo de batalla, si, para empezar, ni siquiera estaban en el campo de batalla".
Ahora, esa política será evaluada por tribunales estadounidenses, donde organizaciones de activistas argumentarán que los detenidos en Bagram deberían tener los mismos derechos que los de Guantánamo, incluido el de someterse a una audiencia ante un juez neutral.
Mientras, el gobierno de Obama se prepara para desplegar miles de soldados estadounidenses más en Afganistán y para duplicar la capacidad de la cárcel de Bagram a un costo de 60 millones de dólares.
Observadores dicen no estar sorprendidos de que Obama siga el modelo de Bush, pues es la segunda vez que sucede desde que asumió el 20 de enero.
A comienzos de febrero, la fiscalía mantuvo ante un tribunal federal en San Francisco la invocación del gobierno anterior del "secreto de Estado", para impedir que la justicia considerara la demanda de un etíope residente en Gran Bretaña y víctima de una "entrega extraordinaria".
Binyam Mohamed, quien hasta el lunes estuvo prisionero en Guantánamo, intenta demandar a la firma Jeppesen Dataplan —subsidiaria de la Boeing Corporation— por brindarle a la CIA apoyo logístico para los aviones que usó en esos verdaderos secuestros.
Mohammed, quien llegó a realizar huelga de hambre, regresó a Gran Bretaña desde Guantánamo sin que se presentaran cargos contra él.
El caso tuvo gran repercusión en Gran Bretaña, pues Mohamed es ciudadano británico, y le ocasionó problemas al Departamento de Estado (cancillería) estadounidense.
La Corte Suprema británica dejó en reserva siete párrafos de una sentencia en un caso presentado por defensores de Mohamed y que daban crédito a las torturas que el demandante asegura haber sufrido.
El tribunal explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había amenazado, en una carta enviada a la Departamento de Relaciones Exteriores británico, con reconsiderar la cooperación bilateral en inteligencia.
Pero los magistrados expresaron su malestar porque Washington procurara eliminar evidencia "relevante sobre acusaciones de tortura y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, por más políticamente embarazosa que fuera".
Políticos de la oposición en Gran Bretaña alegaron que Estados Unidos había amenazado con dejar de compartir información de inteligencia si se hacían públicos los documentos. El canciller británico, David Milliband, negó que hubiera ninguna amenaza.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la semana pasada, en un informe, la condición de reclusión de los prisioneros en Bagram.
Aunque a la Cruz Roja se le permitió visitar a detenidos, sus conclusiones son mantenidas en secreto. Además, las fuerzas armadas estadounidenses rechazaron pedidos de la ONU para realizar visitas similares, señaló el reporte.
"Hay informes según los cuales algunos han estado detenidos en Bagram por hasta cinco años. Ex presos aseguran haber sufrido torturas severas, e incluso abuso sexual. También alegan que fueron mantenidos en la misma jaula junto a entre 15 y 20 hombres, y que dos detenidos fallecieron en circunstancias cuestionables mientras estaban bajo custodia", dice el estudio.
En otro reporte, Amnistía Internacional urgió a Obama a poner fin a las "políticas ilegales de detención" del gobierno de Bush y a asegurarse de que los cautivos en Bagram tengan acceso a la justicia estadounidenses.
El informe, titulado "Out of sight, out of mind, out of court?" (Fuera de la vista, fuera de la mente, ¿fuera de tribunales?) y enviado al gobierno de Estados Unidos, defiende el derecho de los detenidos en Bagram a una evaluación judicial.
Se trata de "una garantía básica contra los abusos ejecutivos, y una protección contra las detenciones arbitrarias y secretas, las torturas y otros maltratos, y las transferencias ilegales de un país o gobierno a otro", señala.
"En ausencia de un control judicial, los detenidos en Bagram, como en Guantánamo, son sometidos a esos abusos", advirtió Amnistía, que sostuvo que ni siquiera los niños se libran del maltrato.
Según Amnistía, entre los alrededor de 600 detenidos de Bagram había ciudadanos afganos, pero también de otras nacionalidades.
En su primera semana en el cargo, Obama ordenó el cierre de la prisión de Guantánamo en un plazo de un año y nombró al fiscal general (ministro de justicia) Eric Holder al frente de un equipo de trabajo para evaluar los casos de cada uno de los 245 detenidos y determinar qué hacer con ellos.
Estaba programado que unos 20 prisioneros fueran sometidos a juicio por una corte marcial, pero Obama suspendió estos procedimientos mientras el gobierno evalúa las diversas opciones.
Los casos de prisioneros en Bagram son evaluados por militares estadounidenses cada seis meses.
Mientras, el gobierno también se pregunta qué hacer con Ali Saleh Kahlah al-Marri, el último "combatiente enemigo" encarcelado en Estados Unidos. Al-Marri está aislado en un calabozo naval de Carolina del Sur desde hace más de cinco años. Nunca fue procesado por delito alguno.
El 10 de septiembre de 2001, Al-Marri, ciudadano de Qatar, llegó a Estados Unidos con su esposa e hijos. Tenía una visa de estudiante rumbo a una universidad de Peoria, en el central estado de Illinois.
Tres meses después fue arrestado como testigo material de los ataques del 11 de septiembre, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington. En junio de 2003, Al-Marri tenía previsto ser llevado a juicio, pero Bush ordenó que los militares lo capturaran y detuvieran indefinidamente. Quedó así en un limbo legal.
