El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sembró dudas sobre su compromiso preelectoral con la transparencia al permitir que el Departamento de Justicia (fiscalía general) esgrimiera en un juicio la facultad del «secreto de Estado».
La fiscalía invocó este privilegio, usual en el gobierno de George W. Bush (2001-2009), ante un tribunal de apelaciones en San Francisco, en la demanda presentada por Binyan Mohamed y otros cuatro prisioneros en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Los cinco fueron víctimas "entregas extraordinarias" ("extraordinary rendition"), mecanismo por el cual agencias de seguridad y espionaje han enviado en el periodo de Bush a personas que no pueden ser legalmente arrestadas en Estados Unidos a países dispuestos a usar tratamientos inhumanos contra ellos.
El fiscal alegó que debía archivarse la demanda de los cinco querellantes contra Jeppesen Dataplan, subsidiaria de la compañía aérea Boeing que supuestamente arrendó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) las naves utilizadas para "entregarlos" a países donde fueron torturados.
Los representantes del Departamento de Justicia invocaron el lunes en el tribunal de apelaciones el mismo "privilegio del secreto de Estado" que esgrimió el gobierno de Bush para frenar demandas, siempre con el argumento de que la revelación de datos reservados infringiría daños a la seguridad nacional.
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"Hasta ahora, ni una sola supuesta víctima de tortura vio su caso ventilado en una audiencia judicial. En este caso, la mayor parte de la evidencia ya es pública. No hay 'secretos de Estado' aquí", dijo a IPS el abogado de los querellantes, Ben Wizner, de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU).
"Y si hubiera 'secretos de Estado', nuestros tribunales federales están bien preparados para manejarlos. Esto es una traición al estado de Derecho. No es lo que esperábamos del gobierno de Obama", añadió Wizner.
ACLU confiaba que el Departamento de Justicia rompería las tradiciones de Bush en la presidencia de Obama.
El flamante secretario de Justicia (fiscal general), Eric Holder, dijo ante el Congreso legislativo: "Revisaré casos pendientes e importantes en los cuales el Departamento de Justicia invocó el privilegio del secreto de Estado, y trabajaré con otras agencias y con profesionales del Departamento para asegurarme de que se invoque ese privilegio sólo en situaciones legalmente adecuadas."
Estas palabras contradicen las del inminente director de la CIA, Leon Panetta, quien dijo al Senado que la práctica de las "entregas extraordinarias" acabaría.
"El Departamento de Justicia de Eric Holder habló en la corte hoy y dijo que continuaría con la política de Bush de invocar secretos de Estado para ocultar reprensibles antecedentes de tortura, entregas y las más dolorosas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno", dijo el director ejecutivo de ACLU, Anthony D. Romero.
"Esto no ha cambiado. Esto es, definitivamente, más de lo mismo. El candidato Obama exhibió una plataforma de reformas al abuso del secreto de Estado, pero el Departamento de Justicia del presidente Obama renegó de este importante asunto", agregó Romero.
El caso de Mohamed se inició con una demanda federal presentada por la ACLU en 2007 contra Jeppesen en nombre de cinco víctimas del programa de entregas extraordinarias.
La querella indicaba a la compañía de haber participado en esa actividad con pleno conocimiento de sus pormenores, al brindar planificación de vuelos crítica y servicios de apoyo logístico a aviones y tripulaciones utilizados por la CIA para la "desaparición" de los cinco hombres con miras a su detención e interrogatorio.
Según la ACLU, poco después de presentada la demanda, "el gobierno se arrogó inapropiadamente el 'privilegio del secreto de Estado', advirtiendo que la continuidad del litigio socavaría la seguridad nacional, aun cuando buena parte de la evidencia ya es pública".
El caso fue rechazado en febrero de 2008 por el primer tribunal que lo estudió, y la ACLU presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco.
Según informes públicos, Jeppesen tenía conocimiento de las consecuencias de sus actos.
Un ex empleado de la firma informó a la periodista Jane Mayer, de la revista New Yorker, que un gerente de Jeppesen indicó en una reunión interna lo siguiente: "Hicimos todo lo atinente a los vuelos de 'entregas extraordinarias', es decir, los vuelos de tortura. Afrontémoslo: algunos de esos vuelos terminaron así."
El caso tuvo gran repercusión en Gran Bretaña, pues Mohamed es ciudadano británico, y le ocasionó problemas al Departamento de Estado (cancillería) estadounidense.
La Corte Suprema británica dejó en reserva siete párrafos de una sentencia en un caso presentado por defensores de Mohamed y que daban crédito a las torturas que el demandante asegura haber sufrido.
El tribunal explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había amenazado, en una carta enviada a la Departamento de Relaciones Exteriores británico, con reconsiderar la cooperación bilateral en inteligencia.
Pero los magistrados expresaron su malestar porque Washington procurara eliminar evidencia "relevante sobre acusaciones de tortura y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, por más políticamente embarazosa que fuera".
Cuando Mohamed fue capturado, el entonces fiscal general estadounidense John Ashcroft aseguró que el detenido era cómplice de José Padilla en un plan para detonar un fuerte explosivo con residuos radiactivos en Estados Unidos.
Pero Padilla nunca fue formalmente acusado por esa conspiración, aunque sí fue condenado en 2007por otras vinculadas con actos terroristas.
