Una antigua divergencia acerca de la supuesta supremacía de los derechos civiles y políticos sobre los económicos, sociales y culturales, impidió el consenso en torno a una declaración de la ONU sobre los efectos de la actual crisis económica y financiera en la vigencia de esas garantías básicas.
El máximo organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en la materia, el Consejo de Derechos Humanos, declaró este lunes profunda preocupación ante la posibilidad de que la crisis impida la aplicación y el goce de esas garantías.
La declaración del Consejo, aprobada por 31 votos a favor y 14 abstenciones, había sido propuesta por las delegaciones de Egipto, en representación del Grupo Africano, y de Brasil. Los países en desarrollo respaldaron el texto mientras que las naciones occidentales se abstuvieron.
La votación reflejó los desacuerdos en la comunidad internacional que se remontan a 1966, cuando fueron adoptados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los dos tratados, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen las bases del ordenamiento jurídico que promueve y protege esas garantías.
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La Declaración, considerada el remate superior de toda esa arquitectura, dedica sus primeros 21 artículos a los derechos civiles y políticos, y los siguientes del 22 al 28, a los económicos, sociales y culturales.
En la época de aprobación de los dos pactos, las naciones occidentales sostenían que los derechos económicos y sociales respondían a las prioridades políticas de la ahora desaparecida Unión Soviética y sus supuestos designios de expansión en los países que se libraban del yugo colonial.
En estrecha relación con esa idea, Estados Unidos sólo firmó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en octubre de 1977, pero nunca lo ha ratificado.
La doctrina predominante niega que los derechos civiles y políticos pertenezcan a una primera generación de esas garantías y que los económicos, sociales y culturales sean de segunda generación.
Esa interpretación defiende la indivisibilidad de los derechos humanos con el argumento de que todos son prioritarios e interrelacionados. Además, son universales, es decir válidos para todas las realidades, sostiene.
Los críticos de la indivisibilidad observan que la mayoría de los derechos sociales y económicos dan lugar a una acción compensatoria, con lo que plantean cuestiones sobre la justicia de la distribución de los recursos.
Los derechos civiles y políticos, aunque también pueden requerir indemnizaciones, en ciertos casos aceptan reparaciones no patrimoniales, argumentan esos críticos.
La representante de Brasil, María Nazareth Farani Azevedo, interpretó que el desenlace de la sesión del Consejo de este fin de semana guarda relación con las diferencias de conceptos sobre los derechos humanos.
Para algunos, valen los derechos civiles y políticos. Para otros, priman todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, dijo Farani Azevedo a IPS.
La crisis económica y financiera hace sentir sus efectos en los derechos económicos y sociales, pero si no adoptamos las medidas apropiadas, van a golpear también sobre los derechos políticos, advirtió.
La jefa de la misión brasileña dijo que durante el debate en el Consejo "algunos pensaron que en esta iniciativa había un plan secreto". No, lo que hay es un esfuerzo sincero por enviar un mensaje a quienes están deliberando sobre la crisis para que cuando busquen soluciones financieras piensen en el hambre, la salud y el empleo, agregó.
De eso se trataba la propuesta de Egipto y Brasil, dijo la diplomática. Pero algunos no lo han entendido así, lamentó.
La visión contraria provino del representante de Alemania, Reinhard Schweppe, quien habló en representación de la Unión Europea (UE) y dijo que ese bloque no compartía la opinión de que la crisis mengua y amenaza al conjunto de los derechos humanos.
Las naciones occidentales objetaron que la declaración se ocupara de cuestiones vinculadas con las instituciones financieras, con el comercio internacional y con el desarrollo. Esos temas se debaten en organismos que tienen mandato para ello, dijo el delegado de la República Checa, Tomas Husak, quien también habló en nombre de la UE.
La declaración aprobada manifiesta preocupación por la amenaza de que la crisis socave los logros alcanzados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la ONU.
Los Objetivos del Milenio fueron adoptados en 2000 por la comunidad internacional como una plataforma para erradicar la miseria, el hambre y la desigualdad en todo el mundo. La mayoría de sus metas deberían ser alcanzadas antes de 2015.
Farani Azevedo recalcó que la comunidad internacional debe mantener sus compromisos y que la asistencia oficial al desarrollo debe permanecer en el primer lugar de la agenda global.
