La ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor campo de concentración clandestino de la última dictadura argentina, albergará ahora el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, auspiciado por la Unesco.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, asistió a la firma este viernes del acuerdo para la creación del Centro, junto a varios de sus ministros, al director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, y a representantes de organizaciones humanitarias.
El acto se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti, que ya funciona en el edificio de la ex ESMA y que debe su nombre al escritor detenido y desaparecido en 1976 por represores de la dictadura (1976-1983).
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos funcionará en otro de los edificios del predio de 17 hectáreas, muy cerca de las cuatro columnas de la entrada, símbolo de la represión durante el régimen.
Fernández agradeció a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) la designación que, dijo "nos coloca a la vanguardia de los países que honramos la lucha por los derechos humanos".
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El acuerdo, además, fue considerado por la mandataria centroizquierdista como "un reconocimiento a la lucha de miles de argentinos por la memoria, la verdad y la justicia, pese a tanta tragedia, vergüenza y humillación".
En diálogo con IPS, Jorge Grandi, director de la Oficina Regional de la Unesco para América Latina y el Caribe, dijo que el proyecto "es una decisión muy importante, porque Argentina asume la responsabilidad internacional de promover los derechos humanos despojándose para eso de su propia realidad durante la dictadura".
El acto estuvo dominado por la presencia de líderes de organizaciones de defensa de los derechos humanos de Argentina, y el discurso de la mandataria se centró en el reclamo de justicia para las causas pendientes por violaciones a los derechos humanos y por la apropiación de niñas y niños secuestrados o nacidos en cautiverio.
El Centro se propone, entre otros objetivos, capacitar profesionales de cualquier rincón del mundo en temas como la memoria del pasado dictatorial y la promoción de los derechos humanos, así como facilitar la investigación académica sobre exterminio, desapariciones forzadas, asuntos jurídicos, antropológicos y genéticos, detalló Grandi.
"No sólo trabajaremos en los derechos civiles sino que tomaremos un concepto integral y más moderno de los derechos humanos que abarca los derechos culturales, económicos, sociales y el derecho a la educación", enumeró el funcionario internacional cuya oficina tiene sede en Montevideo.
Asimismo, el centro buscará promover la cooperación internacional en materia de investigaciones, y brindará asistencia técnica específica para los temas de promoción de los derechos humanos a gobiernos y a instituciones de la sociedad civil de distintas partes del mundo.
"Lo principal que queremos lograr es sensibilizar a la sociedad civil, en particular a los jóvenes, sobre los derechos humanos y hacer de este Centro un lugar para el mundo, no sólo para Argentina", remarcó.
La ex ESMA es un extenso predio con 35 edificios ubicado en plena ciudad de Buenos Aires que ocupaba la Armada. Pero en marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y esposo de Fernández, resolvió el traslado de la fuerza militar de mar a otro sitio y la creación en el lugar de un "Espacio para la Memoria" de la tragedia dictatorial.
De esa manera se rindió homenaje a las víctimas de la represión. Por la ESMA pasaron más de 5.000 prisioneros previamente secuestrados por fuerzas represivas, entras las que hubo mujeres embarazadas. La mayoría de ellos fueron asesinados, en muchos casos arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata.
La ESMA fue el más grande de los más de 500 campos clandestinos de detención que funcionaron a lo largo y ancho de Argentina durante la dictadura, que según datos de las organizaciones humanitarias se cobró la vida de unas 30.000 personas, la mayoría jóvenes.
Desde el casino de oficiales, un edificio que permanecerá intangible en el nuevo proyecto, los detenidos eran "trasladados", un eufemismo que significaba que serían drogados y luego embarcados en naves de la Armada y lanzados al río.
Las instalaciones del ex casino pueden ser ahora recorridas por el público.
Durante la firma del acuerdo con la Unesco, la presidenta Fernández recordó que en ese centro de detención "nacieron hombres y mujeres que aún no conocemos". Aludió así a hijos de desaparecidos que fueron apropiados y entregados ilegalmente a parejas que los inscribieron con otros nombres.
Por eso la presidenta celebró especialmente que este mismo viernes se haya logrado restituir la identidad de una de esas personas nacida en ese campo de concentración.
Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que se dedica a la búsqueda de hijos e hijas de parejas desaparecidas, anunciaron la restitución de Bárbara Pérez Requía, hoy de 32 años, que nació durante el cautiverio de su madre y fue apropiada por un militar. El caso de restitución es el número 97, según las cuentas de la entidad humanitaria.
Pero se estima que restan cerca de 400 nietos cuyo destino se desconoce. Por eso Fernández abogó en la ex ESMA para que "se haga justicia con esos cientos de hombres y mujeres que aún no saben quiénes son".
El Espacio para la Memoria es administrado por una comisión integrada por miembros del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Pero allí participan también activamente organizaciones defensoras de los derechos humanos. El Archivo Nacional de la Memoria fue trasladado a esa sede donde también ya funciona el Centro Cultural Haroldo Conti.
En ese contexto se instalará el centro de la Unesco que promete "contribuir a los objetivos y logros generales" del Espacio. El nuevo organismo tendrá un consejo de administración, un comité ejecutivo y un secretario que será designado por cuatro años para el cargo. El Estado aún debe proponer a un postulante.
"La idea de crear un centro internacional de derechos humanos fue una propuesta del gobierno argentino a la Unesco. El Consejo Ejecutivo y los países miembros consideraron que ese centro tenía que tener determinadas características, misión, objetivos y finalmente fue aprobado por unanimidad", comentó Grandi.
El funcionario indicó que, si bien la organización internacional participará en el centro, es el Estado argentino el que asume la responsabilidad jurídica y financiera del nuevo organismo que comenzará a tener actividad en 2010.